Irene Montero: “Igual que hay un Sistema Nacional de Salud, tiene que haber un sistema estatal de cuidados”

Llega del Congreso casi corriendo, se escuchan los pasos de Irene Montero entrando al Ministerio de Igualdad. Se acaba de anunciar la entrega de material militar ofensivo a la resistencia ucrania y la ministra apunta, antes de comenzar esta entrevista, a vías diplomáticas para la paz y a que perspectiva de género en la guerra significa entender las consecuencias que en un conflicto bélico sufren las mujeres, las niñas y los niños. Son la mayoría de los 1,2 millones de personas que ya han tenido que salir de Ucrania. Después, habla de cómo se llega este año al 8-M, con cuatro leyes pendientes en diferentes puntos de tramitación, con un movimiento feminista dividido y con las carencias que ha dejado ver la pandemia en cuanto a los cuidados y la corresponsabilidad.

Pregunta. De crisis en crisis, la pandemia, ¿qué ha dejado?

Respuesta. Una importantísima lección: que en los momentos difíciles solo nos salva lo común. El fortalecimiento y la protección de los servicios públicos, el respeto, el cuidado. Y que el discurso de todos aquellos que dicen que la vida consiste en pisar o mirar con desconfianza al de al lado, que es lo que propone la extrema derecha, es una mentira.

P. ¿Ha hecho visible alguna carencia que pasara inadvertida?

R. Enormes, en cuanto a la forma de organización de la economía y de la vida de la sociedad. Limpiar, hacer la compra y la comida, ocuparse del cuidado de niños, niñas y personas mayores. Son imprescindibles para la vida, incluso cuando el país está parado, son las únicas que no pueden dejar de hacerse. Y, sin embargo, nuestra economía, nuestras políticas públicas y nuestra forma de organizar la sociedad han estado completamente de espaldas a esa realidad y han dejado recaer esas tareas mayoritariamente en los hombros de las mujeres.

P. ¿Entonces?

R. Es momento de entender y asumir por parte del Estado que, igual que hay un Sistema Nacional de Salud o Educación, tiene que haber un sistema estatal de cuidados que se haga corresponsable de la realización de esas tareas para que no sigan recayendo sobre los hombros de las mujeres. Y no me olvido de las consecuencias del confinamiento para las mujeres víctimas de violencia de género que han tenido que vivir 24 horas encerradas en sus casas. Imaginemos los peores momentos del confinamiento. Lo que para todas era el único lugar seguro, la casa, para las mujeres víctimas de violencia de género no lo era.

P. Después de esos dos años de pandemia, el movimiento feminista acude dividido a este 8-M. ¿Cómo valora esa división?

R. Es verdad que en Madrid, y en muchas otras ciudades, hay dos movilizaciones. El movimiento feminista siempre se expresa en su diversidad. Cuando, además de mujer, eres una mujer que no tiene una situación administrativa regular, eres una mujer migrante, pobre, trans, tienes muchas más fuentes de discriminación. El Estado tiene que ocuparse y hacerse corresponsable de revertir esas vulneraciones de derechos y el feminismo tiene las respuestas a las preguntas que se hace nuestra sociedad.

P. Acaba de hablar de las mujeres trans, una de las cuestiones que divide al movimiento. ¿Cree que la población, en general, está en ese debate?

R. Nuestra sociedad es enormemente consciente, y todas las encuestas a nivel europeo y en España así lo revelan, de que los derechos de las personas trans son derechos humanos y, por tanto, la obligación del Gobierno es garantizarlos. Eso es un amplísimo consenso a lo largo de los últimos años. Las personas trans estaban especialmente invisibilizadas y sufren especialmente las vulneraciones de derechos, en el acceso a una vivienda o al trabajo. Creo que esa es la gran propuesta que el feminismo está haciendo.

P. ¿Cuál?

R. Que podemos construir una forma de organizar nuestra sociedad y nuestra economía, que por supuesto tiene como protagonistas a las mujeres, que somos más de la mitad de la población y que sufrimos vulneraciones de derechos de forma estructural por el hecho de ser mujeres, pero que garantiza también servicios públicos para todos y para todas.

P. ¿Para todo el mundo?

R. El patriarcado, el machismo, también impone a los hombres una sola forma posible de ser hombre y castiga a todos los que no cumplen con ese estereotipo. Y maricón y nenaza son palabras que se usan muy recurrentemente para describir a aquellos hombres que no cumplen con el patrón de la masculinidad. El feminismo es la única condición de posibilidad para que todo el mundo, también los hombres, pueda ser quien es, sin miedo y sin culpa, y desarrolle su proyecto de vida sin responder a un estereotipo muy duro y muy preciso, que al final está haciendo que mucha gente no sea feliz. Todo el mundo tiene que poder ser quien es.

P. ¿Hasta qué punto pudo anticipar que el rechazo al movimiento feminista iba a ser una bandera tan movilizadora de la extrema derecha?

R. Siempre lo ha sido. Si miramos, por ejemplo, las alianzas financieras entre Putin y la extrema derecha, uno de los principales elementos que les une es el ataque a los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI han sido siempre un elemento de ataque central en los proyectos autoritarios, antidemocráticos. Precisamente porque la calidad de una democracia se mide en la capacidad que tiene esa sociedad para garantizar hasta el último derecho de la mujer más vulnerable, precisamente porque feminismo es democracia.

P. Los derechos. Este año hay mucha legislación pendiente. Comencemos con la ley del aborto. ¿Cómo va la negociación?

R. Prefiero ser prudente. Está yendo bien en el seno del Gobierno y esperamos que cuanto antes podamos tener una propuesta que llevar al Consejo de Ministros.

P. Una de las claves es la objeción de conciencia. ¿Servirá finalmente como modelo la ley de eutanasia?

R. Sí. El problema que tenemos en España es que el derecho al aborto no se está haciendo efectivo para muchas mujeres. Hay comunidades como Madrid, Extremadura o Castilla-La Mancha donde no se ha notificado la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo y, sin embargo, sí hay mujeres que lo han solicitado. Eso quiere decir que ahora mismo hay mujeres que tienen que desplazarse de sus comunidades autónomas, a veces cientos de kilómetros. Piensen en una mujer que tenga un trabajo precario, que a lo mejor tiene que pedir uno o dos días en el trabajo para abortar y que a lo mejor puede perder el empleo a consecuencia de ello y tiene que tomar esa decisión. Por tanto, el objetivo de esta ley va a ser garantizar ese derecho de forma efectiva. Eso exige que en todos los hospitales de la red pública española se puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cumpliendo de forma escrupulosa el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional.

P. Eliminar los actuales tres días de reflexión obligatorios y la bajada a los 16 años para poder abortar sin consentimiento de madres y padres, ¿se da por hecho?

R. Son amplísimos consensos en el seno del Gobierno, en el movimiento feminista y en la sociedad.

P. ¿Y la educación sexual?

R. Fundamental. No tenemos mejor forma de combatir el machismo y de construir una sociedad feminista que desde las edades más tempranas, educando en cosas tan sencillas como que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, que tenemos el derecho a disfrutar de nuestra sexualidad libremente. Que las relaciones sexuales tienen que estar basadas en el consentimiento, que mirarle el móvil a tu pareja no está bien y es una forma de violencia controlar con quién sale o cuándo. Y esa educación tiene que ser por tanto obligatoria, porque además es un derecho reconocido internacionalmente. Sea cual sea su familia, incluso aunque su familia no esté de acuerdo, es un derecho de los niños y de las niñas saber que son libres, que son iguales y que tienen que crecer en igualdad.

P. Se habla mucho de educación afectivo sexual y en la práctica no sucede. ¿Es factible?

R. Haciendo que sea obligatoria en todas las etapas educativas, pero, efectivamente, no es una cuestión que pueda solo garantizarse a través de un marco legislativo. Es fundamental que exista ese paraguas, pero además hay todo un trabajo del conjunto de la sociedad, también de los medios de comunicación, de series y películas, y a lo largo de toda la vida.

P. La sexualidad nos lleva a la que se conoce como la ley del solo sí es sí.

R. A la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual creo que le quedan pocas semanas de tramitación y que en este periodo de sesiones podremos verla aprobada. Pondrá el consentimiento en el centro para que a partir de ahora no sea necesario que exista violencia o intimidación para que hablemos de una agresión sexual, sino que si no hay consentimiento, hablaremos siempre de violencia. Y eso es un cambio de paradigma en el Código Penal, pero también en la forma de comprender nuestras relaciones para avanzar hacia una sociedad donde las relaciones en todos los sentidos, particularmente las que se dan entre hombres y mujeres, estén basadas en los buenos tratos.

P. ¿Qué cifras manejan?

R. Los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer son desgarradores. Una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido en algún momento algún tipo de violencia sexual. Por tanto, hay una carga muy importante de lucha, de prevención, de detección precoz.

P. ¿Y en cuanto a la violencia que no se denuncia?

R. Los datos son de nuevo aterradores, por encima del 80% las que deciden no denunciar, que no sienten que haya puertas institucionales seguras. Y eso es una tarea que tenemos la obligación de revertir cuanto antes. Lanzar el mensaje a todas las mujeres de que ante cualquier tipo de violencia sexual, las instituciones son un lugar seguro al que acudir y que hay centros especializados de atención.

P. Los centros de crisis.

R. Sí, 52, uno por provincia o ciudad autónoma, para que todas las mujeres, también las víctimas de explotación sexual, tengan cerca del sitio en el que viven un centro de atención especializada abierto 24 horas para que ante cualquier violencia sexual puedan ser atendidas.

P. ¿En qué proceso están?

R. En desarrollo, este es un trabajo que estamos haciendo con las comunidades autónomas con los fondos europeos.

P. Acaba de referirse a las víctimas de explotación sexual, ¿cómo va la ley de trata?

R. Estamos en negociación todavía en el seno del Gobierno y, de nuevo, esperemos que salga lo antes posible.

P. ¿Podría aterrizarnos algo? Las mujeres en esa situación, por ejemplo, tienen miedo por ellas y por sus familias, ¿tiene mecanismos esta normativa para cubrir ese contexto que las rodea?

R. Por supuesto, hay cuestiones prioritarias. La primera es la garantía de los derechos de esas mujeres a la atención integral y a la reparación, sin necesidad de que pongan denuncia, porque son víctimas de violencia contra las mujeres. Y luego, una realidad ineludible: la inmensa mayoría está en una situación administrativa irregular y, por tanto, tienen enormes dificultades para acceder a los derechos que tienen ya reconocidos, y ya no digamos a los que tenemos que reconocer con esta ley.

P. ¿Por ejemplo?

R. Una mujer que está en situación administrativa irregular no puede abrir una cuenta corriente, por lo que acceder al derecho a la vivienda, a un empleo, a un itinerario de inserción sociolaboral, se ve enormemente complicado. También escolarizar a sus hijos e hijas y su protección. Y hay una cuestión más, que es la primera vez que va a llevarse a cabo en nuestro país, que el Estado garantice itinerarios y medidas de inserción sociolaboral para las mujeres que son víctimas de trata y de explotación sexual. En muy poquito tiempo estamos en disposición de lanzar ese primer plan de inserción.

P. ¿Y la industria?

R. Es el segundo pilar, la persecución de la impunidad de la industria proxeneta, que mueve cinco millones de euros al día en dinero negro, según datos de la Fiscalía General del Estado. Ya hay cuestiones avanzadas.

P. ¿Qué pasa con las menores? ¿Y con la tercería locativa y los puteros?

R. En cuanto a niñas y adolescentes, el Gobierno ha hecho enormes esfuerzos en la ley de lucha contra todas las formas de violencia en la infancia que se aprobó el pasado verano, en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y ahora con esta normativa. Trabajamos en estrecha coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y también con las comunidades para desplegar un plan de choque con medidas específicas. Con respecto a la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo, que eliminó el Partido Socialista del Código Penal, son las dos propuestas que llevamos en la ley de libertad sexual. La posición del ministerio, del Gobierno, está clara: recuperar ambas figuras es esencial para acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Y sobre los puteros, los diferentes organismos internacionales plantean la necesidad de desincentivar la demanda como uno de los ejes más importantes en los que trabajar. Esos mismos organismos nos hablan claramente de que las medidas más eficaces tienen que ver con la sensibilización y con la prevención. En nuestro país ya es posible multar a los puteros desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es una competencia que tienen los ayuntamientos y que no está siendo todo lo eficaz que podría ser.

P. La última ley pendiente, la conocida como ley trans. ¿Saben algo de su evolución en el Consejo General del Poder Judicial?

R. Tienen ahora que emitir el informe, saben que es un informe preceptivo, no vinculante, pero deseando que lo hagan para continuar la tramitación.

P. Último bloque: los cuidados. ¿Puede contar algo muy concreto que vaya a suceder este año y ayude realmente a las familias a conciliar?

R. El Plan Corresponsables: 200 millones de euros del año 2021 y 200 [millones] de 2022. Este año ya hemos dado la orden para la transferencia de esos fondos a las comunidades. Está enfocado a garantizar que las familias y particularmente las mujeres, que son las que más asumen las tareas de cuidados, tengan espacios públicos y servicios públicos disponibles fuera del horario escolar para poder dejar a sus hijos e hijas. Y muy importante, no vinculado al trabajo de las mujeres. Es decir, no solamente van a poder hacer uso de esos servicios si tienen que ir a trabajar, también si tienen que ir al médico, o cualquier otra cosa que quieran hacer. El reparto de la riqueza, de los cuidados y del tiempo.

P. Hablamos de economía.

R. Por supuesto, tenemos que hablar de fiscalidad. El Estado tiene que hacerse corresponsable de las tareas de cuidados, tener capacidad económica para hacerlo. Ahí está la fiscalidad progresiva, donde quien más tiene, más aporta, por tanto, donde se entiende el Estado con un rol de reparto y redistribución. Eso es una propuesta fiscal feminista y hay otros sistemas. El nuestro tiene mucho camino que recorrer.

P. ¿Alguna mejora en el plan respecto a 2021?

R. Sí, este año se podrá financiar y apoyar el trabajo que están haciendo las asociaciones de familias (AFA) en los centros educativos. Muchas veces las herramientas de conciliación que las familias se encuentran a disposición son las actividades fuera del horario estrictamente escolar que organizan las asociaciones de familias.

P. Se nos acaba el tiempo.

R. Sí, me tengo que ir corriendo. El tiempo, el tiempo. Pues para eso tiene que funcionar el Plan Corresponsables. Para que, particularmente las mujeres, tengan tiempo para trabajar, ir al médico, o descansar, o ir a un concierto, al teatro, leer un rato o tomar algo con sus amigas. Porque las mujeres tenemos derecho a vivir y a disponer libremente de nuestro tiempo.