La reforma de la ley de salud sexual quiere garantizar el acceso al aborto en todos los hospitales públicos

El Gobierno es consciente de que la actual Ley del Aborto tiene grietas. Por ellas se cuelan varios problemas que, en la práctica, dificultan a las mujeres el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo: hospitales en los que no se practica, sobres entregados a estas mujeres para seguir reflexionando sobre si quieren ser madres una vez que lo han decidido o la posibilidad única del aborto farmacológico, con medicación, sangrado y contracciones que tienen solas en casa, sin atención médica. Y es por todas esas fisuras que está en marcha la renovación de esa norma, con el choque de los partidos de la derecha y un recurso aún pendiente en el Tribunal Constitucional presentado por el Partido Popular.

La reforma la ha explicado someramente este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una Comisión en el Congreso que había solicitado ella misma. Entre otras cuestiones, ha asegurado, “interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”. Los cambios sobre los que ha hablado Montero, que están ya en el último periodo de revisión, apuntan a varias cuestiones clave.

El acceso al sistema público, que encuentra muchas veces problemas por la objeción de conciencia de la plantilla. Para que no siga ocurriendo, la ministra ha explicado que “es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo”, “respetando” también “escrupulosamente” el derecho a la objeción de conciencia. “Es un derecho constitucional, que tiene que garantizarse, pero que no puede suponer una barrera o un impedimento en el ejercicio de los derechos de las mujeres”. Para compatibilizar ambos, ha explicado, “el texto se referencia en una regulación ya en vigor del derecho a la objeción de conciencia: la Ley de Eutanasia”. Es decir, según esa reciente normativa, un registro “que permita identificar necesidades en cada área sanitaria, de modo que se pueda garantizar el derecho en todos los casos”.

La bajada a los 16 años de la edad con la que se puede ejercer ese derecho sin permiso de madres y padres, que actualmente está en los 18. “Esas jóvenes, entre 16 y 18 años, pueden decidir de forma libre y autónoma someterse a una operación de vida o muerte, pero se les exige el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo. Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, ha afirmado la ministra.

La potestad para decidir el método para abortar será de la mujer. “En muchas ocasiones se ofrece solo el aborto farmacológico”, ha recordado. Así, la mujer debe abortar en su casa: “Muchas veces sin la información suficiente y teniendo como consecuencia una experiencia de dolorosas contracciones y grandes sangrados que no deberían vivirse sin la atención especializada y adecuada”.

Sin sobres y sin tres días de reflexión. La reforma quiere eliminar la obligación de recibir el sobre actual —lleno de información y recursos para ser madre—, y solo se dará cuando la mujer lo pida. “Inmediatamente”, ha dicho la ministra, desde el centro de salud “podrá ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho, por un procedimiento de urgencia”. Acabando así también con los tres días de reflexión obligatoria que existen ahora. Porque después del “camino” que recorren para decidir, “se les vuelve a pedir que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres”, ha añadido la ministra. “Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas. ¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger su derecho a la salud?”.

Teléfono especializado. Habrá una línea especializada en derechos sexuales y reproductivos desde la que se explicará el procedimiento y donde las mujeres también se podrán informar sobre sus derechos y dónde y cómo defenderlos si hubiese algún problema.

“Ampliar derechos”

Tras estos ejes, Montero ha afirmado que el “deber” del Gobierno es “seguir ampliando los derechos de las mujeres” y “trabajar para que todos los poderes públicos actúen de acuerdo a eliminar todas las barreras jurídicas, políticas, económicas o de cualquier tipo que impidan el pleno acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”. Con eso, ha avanzado que la modificación legislativa no orientará la salud sexual de las mujeres “ni exclusiva ni fundamentalmente a la gestación”, sino “al disfrute” de la sexualidad: “Con un enfoque interseccional y de enorme respeto por las diferentes preferencias sexuales, siempre de acuerdo al principio de igualdad y del consentimiento como centro de la libertad sexual”.

También que tendrá el foco en la garantía de la salud reproductiva: “Mejorando la atención, avanzando en el reconocimiento de permiso maternal preparto, y actuando para prevenir y erradicar la violencia ginecobstétrica, una forma de violencia contra las mujeres reconocida por Naciones Unidas, e impulsando las buenas prácticas que en muchos hospitales de nuestro país ya desarrollan los y las profesionales sanitarias”.

Y por último, Montero ha hecho referencia a la salud menstrual —con la bajada del IVA para productos necesarios para la regla como compresas, tampones o copas menstruales—; la corresponsabilidad en la anticoncepción —”que no siempre sean las mujeres las que asumen, en términos de salud física, de salud psicológica o económicamente”— entre hombres, mujeres y Estado; y la “importancia” de una educación sexual que esté “garantizada” en todos los niveles educativos.