Sanidad planea priorizar el aborto farmacológico

Siete de cada 10 abortos voluntarios que se practican en España —donde la interrupción voluntaria del embarazo está permitida hasta la semana 14 o la 21 en casos excepcionales— se realizan antes de las ocho semanas de gestación. El Ministerio de Sanidad quiere priorizar que esas interrupciones al principio del embarazo se hagan con pastillas y dentro de la red sanitaria pública hasta la novena semana, que es hasta cuando está recomendado el aborto farmacológico. Así lo señalaba en un documento, revelado por Diario Médico, que ha abierto una polémica de calado con las clínicas concertadas donde actualmente se practican el 85% de los abortos que se realizan en España. Incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, envió este viernes un tuit en el que señaló: “La interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado. El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria”.

Sanidad prevé “actualizar” la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) para resolver más casos con fármacos. Supone “especificar las instalaciones, equipamiento y marco básico”, según el ministerio, para aumentar los casos que no pasan por el quirófano. Sanidad acordó ya en septiembre con las comunidades preparar esa red alternativa —que en algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, ya está funcionando— y sacó a consulta pública la modificación del decreto que regula la prestación de las IVE, que se publicó y luego se retiró, sin que se hayan aclarado las causas. “Se está ajustando el detalle del procedimiento administrativo para poder iniciar dicho trámite”, señala una portavoz del ministerio.

Sanidad subraya la “utilidad y facilidad de uso” del aborto farmacológico. El documento de consulta pública añade que es efectivo contra “la sobresaturación hospitalaria” y que emplear este recorrido facilita la atención dentro del sistema público. Se trata de evitar que “la mayoría de las mujeres se vea abocada a tener que asistir a establecimientos privados hospitalarios para su intervención”. En España, el 85% de los abortos se practican en clínicas privadas concertadas con la sanidad pública, la mayoría incluidas en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).

La presidenta de ACAI, Francisca García Gallego, puntualiza que la mayoría de los abortos se derivan a la red de clínicas de su asociación no por la saturación hospitalaria sino porque la red pública no se ha desarrollado en este terreno, frenada por la objeción de conciencia que han planteado históricamente los profesionales sanitarios.

“Nuestro temor es que se pierda la capacidad de las mujeres para decidir sobre qué método quieren usar, si el quirúrgico o el farmacológico”, explica García Gallego. “Los centros adecuados no son los centros de salud porque no ofrecen ambas opciones. Esto es un fracaso que no aborda el aborto provocado como una prestación sanitaria en igualdad de condiciones que otras. Los centros públicos deberían ofrecer todas las posibilidades”, critica.

El proyecto prevé “equipamientos, instalaciones y personal” para ofrecer a las mujeres medicamentos como el misoprostol en la red extrahospitalaria, aunque el borrador no señala qué especialistas habrá ni cuándo se pondrá en marcha. La Comunidad Valenciana ha derivado estos casos a la red de salud sexual y reproductiva extrahospitalaria. Son centros que ya existían y que, para vigilar los abortos farmacológicos, trabajan coordinados con los departamentos de ginecología de los hospitales de referencia, dice un portavoz de la consejería sanitaria valenciana.

Un método “efectivo” que exige control

Gloria Boal, vocal matrona del Consejo General de Enfermería, considera que el empleo de fármacos para el aborto como el misoprostol “es muy efectivo para los abortos en estas primeras nueve semanas y en la mayoría de los casos evita la intervención quirúrgica”. Los abortos farmacológicos conllevan complicaciones en menos del 5% de los casos. Cuando se producen ese tipo de problemas, “tiene que haber un personal adecuado y se debe facilitar el traslado al hospital”, apunta Boal.