El Constitucional se propone resolver sobre la ley del aborto durante la primavera

El Tribunal Constitucional se propone dictar sentencia sobre la ley del aborto y resolver de forma definitiva todos los recursos pendientes relacionados con el proceso independentista catalán a lo largo del próximo trimestre. Que consiga emitir una sentencia sobre la norma para la interrupción voluntaria del embarazo en ese plazo depende en gran medida del borrador que entregue el ponente del asunto, el magistrado Enrique Arnaldo. Como punto de partida, el tribunal se ha fijado el propósito de que el fallo que se dicte sobre la ley del aborto no implique un cambio radical ni una vuelta atrás en relación con la ley de plazos vigente desde hace casi doce años.

Cualquier propuesta que difiera de esta filosofía supondrá que se analice la posibilidad de aplazar nuevamente toda decisión sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en junio de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo aplazamiento tendría como finalidad que el recurso quedara en manos del siguiente tribunal, que de ser renovado en junio próximo, como está previsto legalmente, contaría a partir de entonces con mayoría progresista.

El ponente de la sentencia, el magistrado Enrique Arnaldo, elegido a propuesta del PP, trabaja en este asunto desde que el pasado 19 de noviembre asumió los casos que hasta entonces habían estado en manos del magistrado y exdiputado popular Andrés Ollero. El anterior presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, había encargado a Ollero que llevase su proyecto de resolución al pleno del presente mes de enero. Como nuevo ponente, Arnaldo, necesitará algún tiempo más. Pero en el Constitucional se espera que tenga listo un texto antes de Semana Santa. El propio presidente actual, Pedro González-Trevijano, dijo el pasado 7 de diciembre en declaraciones a la SER que se intentaría aprobar la sentencia del aborto “en unos meses”.

Todo ello después de que la renovación del tribunal, acordada entre Gobierno y PP en noviembre pasado, volviera a abrir un paréntesis. Cinco meses antes, exdiputados del PP denunciaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el retraso de la sentencia. En paralelo, la Asociación de Abogados Cristianos también presentó una querella por “retardo malicioso” contra Ollero y los tres últimos presidentes del Constitucional, iniciativa que el Tribunal Supremo rechazó de plano.

Ahora la mayoría del Constitucional sigue siendo conservadora, en este momento por seis votos a cinco, dado que aún se desconoce cuándo podría reincorporarse el magistrado Alfredo Montoya, nombrado en 2017 a propuesta del Partido Popular. Vista la actual composición del tribunal de garantías parece poco probable que prospere la operación de consenso que se busca. Pero los magistrados son muy conscientes de los efectos que tendría una vuelta atrás en la regulación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Fuentes del propio tribunal defienden obviamente la independencia de los magistrados, pero admiten que no sería deseable que esta etapa del Constitucional pasara a la historia como la que volvió a sacar a la calle a miles de personas en defensa de la vigente ley de plazos. Junto a ello, pesa mucho el dato objetivo de que el PP, el propio partido que recurrió la norma, luego renunció a cambiarla en coherencia con su recurso cuanto tuvo oportunidad de hacerlo durante su mandato entre 2011 y 2018. El Gobierno de Rajoy solo modificó esta legislación para establecer la obligatoriedad del permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quisieran abortar.

Las mismas fuentes admiten que el ponente de la sentencia conoce estas circunstancias y dan por hecho que las tendrá en cuenta. También citan que la ponencia le ofrece a Arnaldo cierta posibilidad de recuperar autoridad y credibilidad interna tras la polémica por su nombramiento. Cuestión distinta es si, en paralelo, el nuevo ponente tendrá efectivamente ahora mayor facilidad que su predecesor para articular un consenso amplio sobre todos los pronunciamientos del fallo. En este sentido, Ollero dijo en declaraciones a EL PAÍS tras cesar como magistrado que en el anterior tribunal —donde la mayoría conservadora contaba con ocho componentes, frente a cuatro del sector progresista— constató que existían “varias posturas distintas” sobre la ley del aborto, que aparentemente hacían inviable el acuerdo.