Un año del aborto legal en Argentina: cómo se logró y cuáles son los desafíos hoy

Se cumple un año de la aprobación de la ley que consagró el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina, una conquista que inspira a otros países de la región y el mundo a avanzar hacia la despenalización y legalización del aborto.

El primer aniversario de esta ley es una excelente oportunidad para contarle al mundo cómo se logró conquistar un derecho de suma relevancia para el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con cuerpos gestantes. Y para que, también, podamos compartir los desafíos que observamos en este primer año de vigencia de la norma.

Entre 1921 y hasta 2020, Argentina reconoció el derecho al aborto legal solo en tres causales: ante el peligro para la vida y la salud de la persona gestante, o cuando el embarazo es producto de una violación. Hoy, en Argentina las mujeres que deciden abortar pueden hacerlo de manera integral, segura y gratuita en el sistema de salud. Se reconoce el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce (inclusive) del proceso gestacional sin necesidad de explicar los motivos de su decisión y se mantiene el derecho al aborto por causales sin límite temporal

Fue durante la década de 1970 que Argentina comenzó a dar los primeros pasos en esta lucha, cuando organizaciones feministas y de salud, comenzaron a plantear la necesidad de despenalizar el aborto.

En 2003, se desarrolló el primer plan para la lucha en favor del aborto legal, durante un Encuentro Nacional de Mujeres. Este encuentro es un acontecimiento casi único en el mundo, en el que las mujeres de diferentes provincias de Argentina se reúnen para debatir en asamblea, estrategias para lograr la equidad de género. En el marco de otro de esos encuentros, en 2005, se creó la Campaña Nacional para el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que presentó en 2007 el primer proyecto de ley en el Congreso Nacional.

En 2015 ocurrió un acontecimiento clave: la primera movilizacion masiva #NiUnaMenos, que surgió para reclamar que se adoptaran medidas para combatir y erradicar la violencia de género. Esta movilización representó un hito y abrió el camino hacia una agenda más amplia de exigencias en cuanto a derechos.

Este contexto fue clave para avanzar hacia la despenalización y la legalización del aborto. Así surgió la llamada “marea verde”, que inundó las calles con los pañuelos del mismo color, símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

El proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo fue presentado siete veces en el Congreso de la Nación. Solo en 2018, las y los legisladores pudieron debatir el proyecto por primera vez, aunque no se logró su aprobación. Pero ese año fue clave para que el aborto “saliera del clóset”, dejara de ser un tabú y se convirtiera en un asunto de conversación pública. Recién dos años después, el 30 de diciembre de 2020, el aborto se convirtió en ley.

Si bien este primer aniversario de la ley es una fecha para celebrar, también es un momento para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la implementación de la norma.

La ley 27.610 establece que debe garantizarse el acceso al aborto como cualquier otro servicio de salud en el sistema público o privado. Amnistía Internacional Argentina ha monitoreado de cerca la implementación y si bien somos consientes que ha pasado solo un año, observamos algunas dificultades en el acceso a la prestación. Una de las principales barreras es la falta de acceso a la información, factor determinante para que mujeres y personas gestantes puedan ejercer sus derechos.

Pese a la enorme trascendencia en la conquista de esta ley, aún existen muchos rincones del país en donde las mujeres desconocen a qué tienen derecho, en qué condiciones, dónde acceder a la prestación, su gratuidad, quiénes están obligados a garantizarlo y en dónde se pueden realizar reclamos ante dilaciones o barreras en el acceso.

La desinformación sostiene el estigma en torno al aborto, con efectos inhibitorios y/o disuasorios que alejan a las personas del sistema sanitario. Además, pone en riesgo la salud y la vida de las personas y tiene un impacto discriminatorio respecto de las personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente el derecho a interrupción del embarazo es ley en la Argentina. Pero hay sectores que intentan impedir su aplicación. En su primer año de vigencia, un total de 37 acciones se iniciaron contra la norma, de las cuales solo 5 continúan en trámite. Estas acciones cuestionaron su constitucionalidad, apelando a los mismos argumentos con los que los sectores anti-derechos perdieron el debate en el Congreso.

Hoy celebramos que el aborto es legal en Argentina. Pero sabemos que defender la ley y trabajar para su efectiva implementación son desafíos que tenemos por delante.

La experiencia argentina inspira a que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento de este derecho. En momentos, donde se observan retrocesos en torno al derecho al aborto en países del norte, es importante que la marea verde del sur ilumine a quienes ocupan espacios de poder y de toma de decisión, para que impidan retrocesos y avancen en favor de este derecho.

Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y embajadora de SheDecides