La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra en contra del criterio del juez instructor

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por el exmarido de ella entre los años 2016 y 2017, cuando era educador, según ha anunciado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El pronunciamiento es firme y no admite recurso.

Los magistrados de la Sección Cuarta ha estimado parcialmente los recursos al auto de ratificación del archivo de diciembre, presentados por la víctima de los abusos, María Teresa Tanco, y las acusaciones populares, Vox y Gobierna-te, asociación promovida por la activista ultra Cristina Seguí. “Si existe probabilidad”, dice el fallo del tribunal, “de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta, por acción u omisión, valorable razonablemente por las partes acusadoras como delictiva, aun cuando el magistrado instructor no comparta tal valoración, no puede negar a las acusaciones, que han formulado escrito de acusación (…) la apertura del juicio oral, porque es lo que procede en derecho”.

Los magistrados han tomado la decisión en contra del criterio del juez instructor, Vicente Ríos, que en tres ocasiones ha archivado las diligencias y se ha negado a abrir juicio oral. Primero, porque la sentencia del exmarido de Oltra aún no era firme y, en las dos siguientes, por la “inexistencia de indicios de delito”, un posicionamiento compartido por el fiscal. Ríos escribió en un auto de junio de 2024 que continuaba con el procesamiento solo por “imperativo legal”.

Por último, la jueza sustituta de Ríos, titular del Juzgado Número 15 de Instrucción, que se encuentra de baja laboral, desestimó el pasado mes de diciembre los recursos de las acusaciones y ratificó el nuevo sobreseimiento dictado por su compañero en junio de 2025.

Ahora, la Audiencia ha revocado este último pronunciamiento, tal y como ha hecho en las anteriores ocasiones. En consecuencia, el juzgado deberá decretar la apertura de juicio oral, que recaerá por sorteo en una de las cinco salas de la Audiencia Provincial de Valencia, a excepción de la Sección Cuarta, porque es la que se ha pronunciado sobre la causa durante la instrucción.

En el escrito de alegaciones, la defensa de Oltra se apoyaba en el auto de sobreseimiento provisional de la causa, de abril de 2024, y en el que deniega la apertura de juicio oral, de junio de 2025, así como en los diversos escritos del ministerio fiscal en los que “tampoco aprecia indicio de racionalidad alguno contra ninguno de los acusados”.

El tribunal, sin embargo, concluye ahora que los hechos indiciariamente acreditados por el instructor en su auto de 2024, “son incompatibles con el sobreseimiento provisional, y además incongruentes con la denegación de apertura de juicio oral”. Señala, por ejemplo, el hecho de que la Consejería no comunicara a los presuntos abusos a la Fiscalía de Menores, lo que la Audiencia califica como “silencio” y “omisión” muy importantes. Relatan en la resolución que fue “por orden de la Fiscalía de Menores”, que la niña “fuese sacada” del centro de acogida dependiente donde se encontraba, “donde aún trabajaba en horario nocturno el educador denunciado”.

A juicio de la Audiencia, el propio relato de hechos consignado en su auto de sobreseimiento provisional por el magistrado instructor “lo que declara acreditada es la efectiva dilación de las labores de investigación de la Fiscalía por el cumplimiento torpe e inefectivo por los encausados de los requerimientos emitidos por ésta”.

Otro de los indicios que destaca la Audiencia Provincial para entender que la causa debe verse abocada a juicio es la decisión de la Consejería de realizar un “expediente paralelo” a la investigación judicial, “un informe reservado”.

La defensa de Oltra, por el contrario, destacaba que “más allá de consideraciones genéricas, los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra”.

La Sección Cuarta, por otra parte, ha confirmado el sobreseimiento provisional de las actuaciones para otras cinco personas, ya que ninguna de las acusaciones personadas ha dirigido acusación alguna contra ellas.

Vuelta a la política

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió del Gobierno valenciano el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la causa judicial. También dejó su acta de diputada y abandonó la política activa.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consejera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de la primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral. De hecho, su nombre no ha dejado de sonar como revulsivo de la izquierda valenciana y como candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia.

Tanto Oltra como los dirigentes de la coalición siempre han defendido que está siendo objeto de persecución judicial (lawfare) por parte de la derecha y la extrema derecha y han proclamado su inocencia, apoyándose en el archivo de la causa y los autos del juzgado de instrucción. Su entorno ha desligado su vuelta a la política activa del proceso judicial, pero la apertura del juicio oral complica su retorno. Ella ha señalado que solo está apartada de la “política partidaria”.

Los diputados nacionales de Compromís Agueda Micó y Alberto Ibáñez han condenado la orden de apertura de juicio oral contra Mónica Oltra, que consideran una “persecución judicial y política inasumible” y un “caso de lawfare”. Ibáñez, que pertenece al mismo partido que Oltra (Iniciativa) ha dicho que “durante dos años, 15 personas —Oltra y otros compañeros— han sido investigadas hasta la saciedad, se miraron 50.000 correos electrónicos y en todos ellos el juez instructor, no una sino varias veces, dejó claro que no había ni un indicio de criminalidad”. “No hay caso, es una persecución judicial y política inasumible en un Estado de derecho”, ha abundado Micó.

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha insistido en que existe una “cacería” contra Oltra, quien “sigue siendo un valor dentro del Compromís, al margen de cualquier tipo de proceso judicial” y tiene “las puertas abiertas” de la formación.