España prevé 10 millones de euros para sacar a prostitutas de la calle y promueve perseguir a los proxenetas

Igualdad incluye en la ley de libertad sexual multar a los dueños de los locales y meterá en la nueva norma de trata un itinerario para que las víctimas de explotación sexual sean atendidas aunque no presenten denuncias

Los zapatos de una prostituta sobre el asfalto del polígono Marconi de Madrid, en 2018.
Los zapatos de una prostituta sobre el asfalto del polígono Marconi de Madrid, en 2018.Andrea Comas

La prostitución es alegal en España, uno de los países con más clientes del mundo. No se persigue como tal pero existen distintas normas, unas en marcha y otras en elaboración, para intentar frenar un fenómeno al que varios gobiernos han prometido soluciones con escaso éxito hasta la fecha. Los planes del Ministerio de Igualdad pasan por destinar 10 millones de euros de fondos europeos ya consignados para ofrecer alternativas sociolaborales a las víctimas de explotación sexual. También prevén apuntalar dos leyes. Por un lado, la ley de libertad sexual para perseguir a la “industria proxeneta”. Por otro, la ley de trata, de la que aún no hay texto, para incluir un itinerario que permita la atención a mujeres captadas por redes de trata aunque no hayan presentado una denuncia previa. Según Naciones Unidas, la trata es la acción de captar con amenazas o por la fuerza a personas para explotarlas.

Esta industria produce cantidades ingentes de dinero. Las estimaciones oscilan entre los cinco millones de euros al día que obtienen los proxenetas principalmente en dinero negro —según datos de la Fiscalía General del Estado citados por Igualdad— a más de 60 millones diarios, según los números de la web sobre el mercado negro Havocscope que cita el Parlamento Europeo en sus informes sobre el asunto. No existe un censo del número de mujeres que ejercen la prostitución ni de cuántas lo hacen captadas por redes y obligadas. La Policía Nacional liberó a 896 “esclavas sexuales” en España y detuvo a 481 proxenetas en 2019, según los datos que facilitaron en septiembre pasado. La Policía estima que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata, “un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio”.

Los planes de Igualdad no pasan por perseguir a los clientes, como hacen otros países con Gobiernos también autodenominados abolicionistas, como Suecia. La ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, ya permite multar a los clientes que acudan a buscar servicios sexuales a las proximidades de “lugares destinados a su uso por menores” o en sitios donde “puedan generar un riesgo para la seguridad vial”. Pero también contempla sancionar a las prostitutas, en su caso por la “realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual”. Más de 50 ciudades españolas tienen normativas municipales específicas para perseguir la prostitución. Un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona concluyó en 2018 que, con estas medidas en la mano, se sancionaba más a las mujeres que a los puteros.

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“La mejor manera de luchar contra la explotación sexual es ir contra la industria proxeneta”, señala una fuente de Igualdad. En la futura ley de libertad sexual, actualmente en tramitación, han incluido una reforma del Código Penal para castigar a los dueños de los locales en los que se ejerce la prostitución. Es la llamada tercería locativa, es decir, enriquecerse con el alquiler de un establecimiento donde se ejerce la prostitución.

La otra pata de la propuesta del Gobierno pasa por ofrecer un plan b para las mujeres. “No vamos a acabar con la prostitución y con la explotación sexual si no somos capaces de garantizar alternativas económicas, laborales y habitacionales para esas mujeres”, dijo la ministra Irene Montero en septiembre. Igualdad y el Ministerio de Trabajo trabajan en un plan, financiado con 10 millones de fondos europeos ya concedidos, para diseñar otras salidas laborales para las mujeres prostituidas, en el que prevén desde planes de formación a beneficios a las empresas que las contraten, aunque aún les falta detallar la letra pequeña.

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En la futura ley de trata, cuyo primer borrador está elaborando Igualdad con un equipo de juristas, prevén incluir por un lado un modelo de acreditación que permita a las víctimas de trata con fines de explotación sexual acceder a derechos y a ayudas sin necesidad de presentar una denuncia ni acudir a la policía —como se prevé ya en servicios municipales para las víctimas de violencia de género o incluye la futura ley de libertad sexual para más casos— y también un plan para atender a las mujeres inmigrantes en situación irregular que estén atrapadas por estas redes “para que dejen de ser las más afectadas y a las que menos podemos ayudar”, según la citada fuente de Igualdad. La previsión es tener un primer borrador de esa ley en las próximas semanas.

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