El Gobierno reformará el Código Penal para castigar a los dueños de los locales en los que se ejerza la prostitución

El Gobierno se compromete a perseguir el “proxenetismo en todas sus formas” y el “enriquecimiento derivado de la explotación sexual de mujeres en locales”, según fuentes del Ejecutivo. Para ello, los ministerios de Igualdad y de Justicia introducirán penas para los encargados o dueños de locales. Actualmente, la responsabilidad penal del propietario de un establecimiento en el que se ejerza la prostitución, una figura conocida como tercería locativa, no está contemplada en la legislación. Estas fuentes explican que el objetivo de esta reforma del Código Penal ―que promoverán a través de la Ley de Libertad Sexual, que están aún trabajando―, es “impedir que la industria de la explotación sexual continúe lucrándose con la explotación de mujeres y que este tipo de violencia deje de ser un negocio en España”.

Por ello, además de los cambios previstos en el Código Penal, el Gobierno elaborará un plan nacional “integral, social, laboral y económico” para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de explotación sexual y trata. El acuerdo de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se compromete a erradicar la trata con fines de explotación sexual y a elaborar una ley de trata. Entretanto, el Ministerio de Igualdad ya informó el pasado marzo, cuando el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual pasó en primera lectura por el Consejo de Ministros, de que esta norma contempla la protección de las víctimas de violencias sexuales en toda su extensión. La Policía Nacional, que este miércoles ha lanzado un vídeo con el mensaje “Si eres cliente, pagas su esclavitud”, ha informado en un comunicado de que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata, “un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio”.

La tercería locativa, es decir, enriquecerse con el alquiler de un establecimiento donde se ejerce la prostitución, estuvo tipificada en el Código Penal, pero se suprimió en la reforma de 1995. Hasta entonces, se contemplaban penas de cárcel y multas para los “amos, gerentes, administradores o encargados de los locales”. Pero actualmente esto no está penado.

En España, la prostitución es alegal. Quien “determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución” sí podrá ser castigado, cuando haya “violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima”. Una reforma del Código Penal de 2015 estableció además que quienes se lucren explotando la prostitución de otra persona, “aun con el consentimiento de la misma”, serán castigados con penas, siempre que concurran o bien vulnerabilidad personal o económica de la víctima o se le impongan condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Algo que asociaciones feministas consideran que dificulta actuar contra los proxenetas.

Pero este miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha comprometido en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a introducir la tercería locativa en el Código Penal y a “penar el proxenetismo en todas sus formas, también el no coactivo”, es decir, el no violento. Se contemplan por tanto varias modificaciones en la normativa para que sea más fácil perseguir el proxenetismo no coercitivo, según fuentes del Ejecutivo. El objetivo es “acabar con la impunidad de la industria proxeneta”, algo que “no se ha hecho nunca en este país”, en palabras de la ministra, quien ha asegurado que el “Gobierno está dispuesto a llegar más lejos que nunca”.

Para ello, los ministros de Igualdad (Unidas Podemos) y de Justicia (Juan Carlos Campo, PSOE) —que precisamente se han reunido este miércoles en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños— trabajan “de forma coordinada” en una modificación del Código Penal. “La Fiscalía General del Estado dice que [los proxenetas] se llevan cinco millones de euros al día, la mayoría de ellos en dinero negro, y precisamente a costa de la explotación sexual de las mujeres”, ha afirmado Montero en el Congreso.

“Aplaudimos la medida, pero pedimos además una ley que aborde la prostitución, la explotación sexual y la trata, no solo con fines de explotación sexual”, reclama Rocío Mora, directora de Apramp, una organización especializada en asistir a las mujeres víctimas de trata. Las medidas tienen que ser urgentes, “lo que necesita una mujer obligada a hacer hasta 40 servicios diariamente”, es preciso una “atención integral”, insiste esta experta. “Además pedimos que se señale y visibilice al prostituyente, que para nosotros es un cómplice más. Si existe demanda va a existir siempre una oferta”, apunta. Coincide en esto último Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis. “Echo en falta que se penalice a los demandantes de sexo de pago”, sostiene. “Y no creo que sea apropiado hablar de industria del sexo, sino del negocio del sexo. La industria crea bienes, esta actividad, no”, continúa. La jurista reclama que se actúe contra la prostitución en una ley: “Es violencia contra las mujeres”.

Además de las reformas del Código Penal anunciadas este miércoles, el Gobierno se compromete también a impulsar medidas de acompañamiento de protección social, habitacionales y salidas laborales y económicas para las víctimas de explotación sexual y trata. “No vamos a acabar con la prostitución y con la explotación sexual si no somos capaces de garantizar alternativas económicas, laborales y habitacionales para esas mujeres. Por tanto, es necesario un plan integral, trabajamos con Empleo en un plan específico para estas mujeres, para garantizar los derechos de las víctimas de explotación sexual”, ha dicho Montero en el Congreso.

Justicia e Igualdad, los ministerios coproponentes del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, están ultimando el texto que posteriormente debe ser evaluado a través de órganos consultivos como el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente deberá volver a pasar por el Consejo de Ministros y, después, se iniciará su tramitación parlamentaria. Previamente, en la fase de audiencia e información pública, se han recogido aportaciones de colectivos sociales y feministas, así como de otros departamentos ministeriales y comunidades autónomas, según ha destacado este miércoles el Ministerio de Igualdad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó a principios de mes, en una entrevista con TVE, el “compromiso del PSOE con la abolición”, y la ministra de Igualdad también se declara abolicionista. La Fiscalía General del Estado ha manifestado la necesidad de una reforma que permita perseguir de forma eficaz la explotación de la prostitución, así como a quienes se benefician de ella. El Consejo de Ministros aprobó este martes una declaración institucional con motivo del Día contra la Explotación Sexual y la Trata. El Ejecutivo reitera su “firme compromiso” con la erradicación de la trata y la explotación sexual.

El pasado agosto, Montero pidió a las comunidades que cerraran los prostíbulos porque los contagios que se producen en estos lugares pueden conllevar un “aumento potencial de positivos de difícil rastreo”. “Sin perjuicio de nuestra constante lucha contra la explotación sexual, considero importante que se actúe específicamente sobre aquellos lugares donde se ejerce la prostitución”, decía la ministra en la carta enviada a las autonomías. En la misiva, sugería a los consejeros ofrecer “alternativas dignas” a las mujeres tras el cierre de los locales.