España registra hasta 400.000 actos de violencia sexual en un año
El 25% de los ataques sexuales no consentidos son contra menores. Apenas se detectan un 2% de estos hechos, desde tocamientos o insultos a violaciones, según un estudio encargado por Interior a la Universidad de Barcelona
Insinuaciones de un desconocido al salir de clase. Tocamientos en la discoteca o en el metro. Acoso en el trabajo. Un exhibicionista. Forzar a la novia a una felación. Abusar sexualmente de una niña de la familia. Pedir fotos desnuda a una menor por el móvil. Violar a la esposa. La trata con fines de explotación sexual. Agredir sexualmente y matar a una desconocida. La violencia sexual abarca un abanico amplísimo de actos no consentidos de los que, además, solo sale a la luz la punta del iceberg, apenas un 2% de todos los ataques que se producen. En España, se estima que son 400.000 casos al año, de los que 100.000, un 25%, se producirían contra menores de edad.
Son algunas de las conclusiones del trabajo Análisis empírico integrado y estimación cuantitativa de los comportamientos sexuales violentos (no consentidos) en España, un vasto estudio encargado por el Ministerio del Interior y elaborado con datos de 2018 y 2019 por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona, con el catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo a la cabeza.
El informe calcula que unas 235.000 personas cometen al año actos de violencia sexual en España y que hay unas 350.000 víctimas —la cifra es diferente porque puede haber tanto perpetradores como afectados de varias agresiones a la vez—. Esta prevalencia supone que una de 45 mujeres y uno de cada 60 menores tienen riesgo de sufrir algún acto de violencia sexual a lo largo de un año. La mayoría de este tipo de violencia la sufren las mujeres, destaca el estudio. En un 15% de los casos se dirigen a hombres, sobre todo menores. Respecto a los castigos, el estudio estima que un individuo que haya cometido un delito sexual tiene una probabilidad del 5% de ser detenido, reconocido culpable y condenado a prisión u otro castigo.
Los autores del trabajo, presentado este viernes por vía telemática por representantes de la Universidad de Barcelona y del Ministerio del Interior, han revisado durante un año y medio datos y conclusiones de más de un centenar de fuentes –entre informes oficiales nacionales e internacionales, macroencuestas y estudios académicos o de instituciones– para intentar dimensionar cuál es la violencia sexual oculta, lo que se conoce y también lo que no trasciende, y cuántos casos se podrían dar en un periodo de un año tipo “creado artificialmente” para este trabajo.
La punta del iceberg, que sí que se ve, se corresponde con los casos más graves, ha explicado Antonio Andrés Pueyo. En ese grupo estaría “el ataque o agresión sexual que finaliza con la muerte de la víctima”, según el informe, que considera que este tipo de actos, en la mayoría de las sociedades actuales, “siempre o casi siempre son descubiertos por la policía, aunque, a veces, no se resuelvan todos en clave judicial porque no se encuentren pruebas determinantes”.
“Es esencial un estudio actualizado de la prevalencia y la incidencia de los hechos de violencia sexual en España que nos permita conocer su extensión, magnitud y evolución, completando así la información sobre los hechos denunciados”, ha subrayado María Jesús Cantos, responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior.
La “cifra oculta” de la violencia sexual, señala el estudio, “es inversamente proporcional a la gravedad de la violencia sexual ejercida” y se da más “cuando estos hechos suceden en entornos de marginalidad y exclusión social”. Los delitos sexuales que más se denuncian son las agresiones sexuales ejercidas con fuerza y violencia sobre la víctima, pero sin penetración, los abusos sexuales, el acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, y delitos relacionados con la prostitución y la explotación sexual. Después, las agresiones sexuales con penetración, la pornografía infantil y la corrupción de menores o incapacitados.
La tendencia es que las denuncias vayan en aumento, sobre todo porque “se dan a conocer más ciberdelitos” y más casos en los que están implicados adolescentes, ha señalado Juan José López, jefe del Área de Análisis de Violencia de Género del Ministerio del Interior. López explica que se cuentan más delitos de adolescentes, entre otros motivos, porque en 2015 se cambió la ley se elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años.
Los abusos sexuales, señala el informe, suelen afectar al 15% de los menores, “con una sobrerrepresentación mayor de las niñas que de los niños de edades entre 6 y 15 años”. El abuso grave con contacto físico y repetitivo se situaría en torno al 4%, añade el trabajo.
En España, según recoge el estudio, hay una tasa de denuncias por delitos sexuales del 20,83 por 100.0000 habitantes, lo que la sitúa en la parte media baja del contexto europeo. El Reino Unido estaría en la parte más alta (239,49 por 100.000 habitantes) y Grecia en la más baja, con 2,98 por 100.000.
“Convendría tener más datos”, ha reclamado Antonio Andrés Pueyo, que ha pedido a Interior sistematizar “una encuesta específica de violencia sexual” que se actualice de forma periódica, como ocurre con los informes sobre violencia de género. En el informe se afirma que conocer con “el máximo rigor” la magnitud de la violencia sexual es necesario para aplicar políticas preventivas.
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