Asesinadas por violencia sexual: la estadística pendiente

El Gobierno prometió hace tres años el recuento de víctimas mortales sin relación sentimental con el agresor, como Laura Luelmo y Diana Quer. Las agresiones sexuales se disparan un 30% en un año: se denuncia una violación cada seis horas

Manifestación convocada por plataformas contra la violencia machista en homenaje a Diana Quer, en Santiago de Compostela, en enero de 2018.
Manifestación convocada por plataformas contra la violencia machista en homenaje a Diana Quer, en Santiago de Compostela, en enero de 2018.Óscar Corral

La medida se anunció a finales de 2018, con la conmoción por el caso de Laura Luelmo aún muy reciente. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se comprometió entonces a recopilar los datos de víctimas mortales sin relación sentimental con su agresor para tener una estadística que permitiera elaborar un diagnóstico y dimensionar así el alcance de este tipo de delitos, como ya ocurre con las asesinadas por sus parejas o exparejas. Se trata de un listado en el que debían estar reflejados casos como el de Diana Quer y el de Laura Luelmo. El juicio contra el presunto violador y asesino de Luelmo se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Huelva. Tres años después del anuncio de la medida, esa estadística aún sigue pendiente.

El nuevo listado debía cumplir con el mandato del Convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que España ratificó en 2014 y con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que salió adelante en el Congreso de los Diputados en 2017. Lo anunció hace tres años la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y actual ministra de Justicia, Pilar Llop. Un portavoz de la delegación, que ahora encabeza la jueza Victoria Rosell, ha rechazado explicar el motivo por el que esa estadística aún no está disponible tres años después. “Es algo en lo que estamos trabajando, pero hasta que no lo tengamos bien cerrado no podemos contar nada”, señala el citado portavoz.

El compromiso, recogido en una circular que se envió en 2018 a las unidades de coordinación de violencia sobre la mujer (dependientes de las delegaciones de Gobierno en cada comunidad), incluye hacer una “ficha” de cada caso para remitirla a la delegación central, con datos sobre el hecho (dónde, qué día y a qué hora); identidad, edad, nacionalidad y país de nacimiento del agresor y la víctima, si había algún tipo de relación, si había “denuncias previas por algún delito o existían medidas cautelares o penas impuestas”, el arma o el modo utilizado para el asesinato, si hubo agresión sexual, la detención o no del agresor, el suicidio o no del agresor, hijos de la víctima o discapacidad de la víctima.

En la ley integral contra la violencia de género de 2004, esta se define como la que ejerce un hombre sobre una mujer con la que tiene o tuvo una relación de pareja o sobre los hijos e hijas de ella. La futura ley de libertad sexual, pendiente de aprobación, prevé ampliar ese marco más allá de la pareja, tal como reclama también el Consejo de Europa. Y en esa línea está la consideración y recopilación de datos de casos como el de Luelmo y también las víctimas de trata y dentro del ámbito de la prostitución.

“El desconocimiento de la dimensión de estas agresiones no es algo vacío, sino que se llena de estereotipos que dificultan la toma de decisiones”, ejemplifica el forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2008 y 2011, Miguel Lorente. La estadística sobre crímenes en la pareja o expareja ha contabilizado el asesinato de 1.118 mujeres desde 2003. “Cuando en España empezamos a contar aquellos casos, nos dimos cuenta de la gravedad y pudimos dimensionar lo que estaba ocurriendo. Si no cuantificamos y sabemos la dimensión de la violencia sexual tampoco podremos conseguir implicación, compromiso y responsabilidad de todos los sectores, desde la sociedad a las instituciones”, señala Lorente.

Una denuncia por agresión sexual cada seis horas

El último balance de criminalidad del Ministerio de Interior, que se hizo público la semana pasada, recoge que los delitos contra la indemnidad sexual han crecido en España un 27% en el último año, con 12.638 delitos sexuales denunciados entre enero y septiembre de este año. El incremento alcanza el 30% en los casos de violaciones, agresiones sexuales con penetración. En el mismo periodo se denunciaron 1.601 violaciones: cuatro cada día, una cada seis horas. Por comunidades, donde más ha subido ha sido en Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha. Las dos únicas que registran una bajada son Canarias y Murcia, con un descenso del 6,8% y del 5,9%, respectivamente.

En el informe, Interior señala que “el incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual debe ponerse en relación con las activas políticas que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos”. Miguel Lorente considera que la subida no se explica solo por que haya más predisposición a denunciar por parte de las víctimas. “Tenemos elementos que reflejan un incremento de la violencia en sí, como se ve en las violaciones grupales, el hecho de que las graben con los móviles o cómo la pornografía muestra un desprecio y cuestionamiento a las mujeres”, señala el forense.

El incremento de las denuncias se ha producido tras dejar atrás los meses más duros del confinamiento por la covid. Lorente defiende que el confinamiento ha supuesto un aumento de la violencia sexual. En primer lugar, de aquella que se produce en el seno de la pareja y, en segundo lugar, la que se produjo “tras el final del Estado de alarma, cuando se celebraron macrobotellones que pudieron favorecer esa violencia”.


Sobre la firma

Pilar Álvarez

Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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