El magistrado del caso de Laura Luelmo veta el acceso a los medios de comunicación al juicio en Huelva

Todas las partes se han adherido a la petición del abogado de la familia de la joven en el proceso contra su presunto agresor sexual y homicida.

“No todos los juicios son iguales”. Al filo del mediodía de este lunes, el magistrado de la Sala Tres de la Audiencia Provincial de Huelva, Florentino Gregorio Ruiz Yamuza, ya advertía al jurado popular recién constituido de la singularidad del caso al que se enfrentan. Deben pronunciarse, en medio de una importante expectación mediática, sobre si Bernardo Montoya —un exconvicto con delitos de sangre— agredió sexualmente y mató a la joven profesora zamorana Laura Luelmo el 12 de diciembre de 2018. El aviso de Ruiz Yamuza era el preludio a la primera resolución que se esperaba de ellos y que es bien distinta a la que tendrán que emitir el viernes sobre la culpabilidad del acusado. Nada más comenzar la sesión, los nueve miembros se ha pronunciado a favor de la cuestión previa planteada al unísono por las acusaciones, la fiscalía y la defensa de que el caso se celebre a puerta cerrada, sin presencia de los medios de comunicación, por respeto “a la intimidad de la víctima”, como ha pedido la acusación particular.

Horas antes de inesperado giro de guion que ha dejado al proceso sin la cobertura prevista de más de 30 medios acreditados, Bernardo Montoya era trasladado desde la prisión de Huelva para enfrentarse a un juicio en el que puede acabar condenado a prisión permanente revisable, según la petición de la Fiscalía a la que se han adherido la acusación particular y la ejercida por la Junta de Andalucía. En los escasos minutos en los que se le ha podido ver, el asesino confeso y presunto agresor sexual se ha mostrado tranquilo y aparentemente ajeno a la cuestión previa que se ha dilucidado en la primera jornada.

La declaración del acusado se ha producido ya a puerta cerrada y, en ella, se ha ratificado en “su última versión”, según explicó brevemente su abogado, Miguel Rivera, en un receso. El letrado se refería a la última de las tres veces —la del 4 de abril de 2019— que Montoya ha rehecho su testimonio durante la instrucción y por las que ha pasado de declararse culpable del asesinato de la joven a asegurar que él solo encubrió a su expareja, Josefa.

El exconvicto dijo entonces, carta a la televisión también mediante, que la mujer mató a la joven por celos, pero que él no estaba dispuesto “a comerse el marrón”. Sin embargo, la instrucción concluyó sin más investigados que el propio Montoya, después de que la propia mujer presentase pruebas ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valverde del Camino que el día de los hechos estaba en el Centro de Drogodependientes de Jerez de la Frontera, localidad donde reside.

Frente a esa extraña versión rehecha del acusado, la fiscal Jessica Sotelo dibuja otra bien distinta en la que Montoya secuestró a la que era su nueva vecina, Laura Luelmo, a la puerta de su vivienda recién estrenada en el pueblecito minero El Campillo (Huelva). El hombre introdujo en su casa —a la que se había mudado apenas un mes y medio antes tras salir de prisión— a la joven de 26 años y la golpeó, ató y amordazó. Posteriormente, la agredió sexualmente y la golpeó en la cabeza causándole la muerte. Montoya, siempre según la Fiscalía, arrojó el cadáver semidesnudo en Las Mimbreras, un paraje cercano a El Campillo.

Proceso a puerta cerrada

El pronunciamiento del jurado para declarar el juicio a puerta cerrada, ratificado posteriormente por el magistrado presidente de la sala, ha trastocado los planes de la propia oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que llevaba semanas organizando la cobertura del caso, tanto por vía presencial como telemática. La decisión de Ruiz Yamuza ha sido la única cuestión previa que se ha tenido que dilucidar en un arranque del proceso en el que ha tomado la palabra Francisco Luelmo, familiar y abogado de la joven. “Es mediático a nuestro pesar, a pesar de la familia de Luelmo”, ha asegurado enérgico. Francisco Luelmo ha argumentado lo que ya defendió en un escrito al magistrado, que las sesiones debían ser a puerta cerrada, ya que en ellas se tratarán “cuestiones íntimas de la víctima”. “Desde el punto de vista técnico, no existe ningún motivo para que sea público […]. Si no es público [los medios] no tienen derecho ninguno a informar”, ha defendido.

Además de Montoya, en la sesión de este lunes, que se ha extendido hasta las 18.00, también han declarado 13 testigos. En la jornada del martes comparecerán otros 20 más. Entre todos ellos, se encuentran los padres de Laura Luelmo, personados como acusación, junto a los dos hermanos de la víctima. Ya el miércoles y jueves se esperan las sesiones más técnicas y complicadas, ya que será el momento de que los médicos forenses y agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso a finales de 2018 reconstruyan, tanto la causa de la muerte, como las pruebas que demuestren la agresión sexual que la fiscal cita en un escrito de calificación en el que habla de “padecimientos innecesarios”.

Desde el primer momento de la desaparición de la profesora de plástica, su familia ha optado por guardar silencio, una estrategia que también ha seguido su propio abogado. Solo han roto su silencio en dos ocasiones, una de ellas para quejarse del trato mediático del caso. La decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada ha causado un importante malestar entre los profesionales de la información. La Asociación de la Prensa de Huelva ha emitido el mediodía de este lunes un comunicado condenando “el apagón informativo” en el caso. “El principio de publicidad de los juicios penales debe prevalecer salvo contadas excepciones y que así lo recoge la propia Constitución”, ha explicado la entidad, además de explicar que estudia recurrir la medida, una vez el magistrado la argumente en un auto que está previsto que se publique este martes.

Sobre la firma

Jesús A. Cañas

Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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