Justicia refuerza la lucha contra las violaciones a mujeres con sumisión química

Uno de cada cuatro casos de violencia sexual analizados por el instituto de toxicología en 2020 incluía algún tipo de droga para anular la voluntad

Manifestación contra las agresiones sexuales con sumisión química en bares, el 20 de noviembre en el centro de Madrid.
Manifestación contra las agresiones sexuales con sumisión química en bares, el 20 de noviembre en el centro de Madrid.Isabel Infantes (Europa Press)

Las violaciones por sumisión química se han convertido en un delito en auge. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses constató 2.054 agresiones sexuales en 2020. En algo menos de un tercio (685) se practicaron análisis ante la sospecha de que pudieran haberse cometido con la víctima bajo sumisión química. El resultado dio positivo en el 76% de los casos: 520. Es decir, en uno de cada cuatro casos de agresión sexual, la mujer se encontraba en un estado de inconsciencia o semiinconsciencia. Por los datos que han ido recopilando en los últimos cinco años, la estimación del instituto es aún más alta: aproximadamente el 33% de las agresiones sexuales son de este tipo, es decir, una de cada tres.

Fue lo que le sucedió hace un mes a Leticia (nombre figurado), de 25 años. Salió con unos amigos a una discoteca de Madrid. Se despertó de madrugada en una ambulancia, aturdida. Lo último que recordaba era que había salido a fumar. No le permitieron sacar la copa, y tuvo que dejarla. Al volver, bebió dos sorbos y llegó el apagón. Sufrió una aparatosa caída que le ha dejado con casi 20 puntos en la boca y tornillos en la mandíbula. En el hospital les pareció que la caída era demasiado fuerte, le hicieron un análisis y detectaron una sustancia por la que dedujeron que le habían echado algo en su bebida: “Y aún tengo que dar las gracias porque nadie me violó”, dice la joven por teléfono.

La situación ha puesto en alerta al Ministerio de Justicia, que ultima un protocolo para la toma y custodia de muestras que pueden ayudar a perseguir a posibles agresores. Los institutos de medicina legal recibirán, previsiblemente en el primer trimestre del año, una guía con todos los detalles.

La iniciativa de Justicia llega tras una campaña internacional que arrancó en octubre en Bruselas. Allí, bajo el lema de Balance Ton Bar (en francés, “denuncia tu bar”), grupos de mujeres jóvenes han protestado y denunciado ataques por sumisión química en bares y discotecas de la capital belga. En el centro de Madrid hubo una movilización con el mismo lema el 20 de noviembre. En ambos casos, las jóvenes han recopilado testimonios de agresiones y vejaciones sufridas en locales nocturnos.

Sumisión oportunista o premeditada

Existen dos tipos de sumisión química. La más frecuente es la conocida como oportunista, cuando el agresor se aprovecha de que la víctima “está en un estado de falta de voluntad o desinhibición porque ha consumido alcohol o drogas”, explica Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El segundo tipo es la sumisión premeditada o proactiva: en este caso es el agresor quien proporciona a la víctima sin su consentimiento alguna sustancia, normalmente en la bebida que esté tomando. “A veces no sabemos cuál se ha producido, nos faltan datos porque no ha habido un seguimiento a las víctimas”, añade Alonso. “Es clave, por ejemplo, saber si ella seguía algún tipo de tratamiento con ansiolíticos y el estado de mareo o pérdida de consciencia se produce por la interacción de estos con el alcohol”. La estimación, a falta del estudio pormenorizado de los datos que comenzará en 2022, es que el 15% de los casos corresponden a una sumisión premeditada. El Instituto de Toxicología hará a partir del año que viene una memoria monográfica sobre sumisión química y agresiones sexuales: “Es la única manera de responder a las preguntas que tenemos y ver la magnitud del problema”, señala Alonso.

Una de las claves para poner orden en los datos y, sobre todo, poder avanzar en la detección y prevención de estos casos es unificar un protocolo para los profesionales. En él se establecerán las preguntas que deben formularse a la víctima y se especificarán las situaciones y los síntomas ante los que se recomienda hacer una prueba de drogas y un cuestionario específico para casos sospechosos de sumisión química. La instrucción es hacerlo siempre en caso de amnesia total o parcial, si la víctima sufrió parálisis con o sin pérdida de conocimiento, si presenta habla pastosa, alteraciones visuales o somnolencia, si está confusa o si en la exploración que se le haga se detecta la presencia de sustancias tóxicas.

Mezcla de sustancias

En la mayoría de los casos analizados (39%, dos de cada cinco) el test toxicológico dio positivo en alcohol etílico. Las benzodiazepinas (medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes y ansiolíticos) están presentes en el 31% de los casos y en uno de cada cuatro, se detectó cocaína o cannabis. Con todo, en la mayoría lo que se localiza es una mezcla de sustancias: alcohol y fármacos (32%), drogas y alcohol (38%) o los tres tipos, drogas, alcohol y fármacos (30%). La burundanga, una droga conocida precisamente por ser empleada por delincuentes sexuales para anular la voluntad de la víctima, es “un mito”, al menos en España, asegura el responsable del Instituto de Toxicología.

Alonso llama la atención sobre el hecho de que las víctimas de estos delitos presentan a menudo un elevado sentimiento de culpa que, advierte, puede disuadirlas de denunciar. “Normalmente, se tiene ese sentimiento de vergüenza porque piensan: ‘¿cómo voy a decir que me he fumado cuatro porros?’. El único culpable es el agresor, pero la culpa es un estigma que, probablemente, nos esté impidiendo ver toda la fotografía, que haya agresiones que no se están detectando. Por eso queremos también hacer una campaña para poder visibilizarlo”, apunta el experto. La recomendación, añade, es desterrar cualquier sentimiento de culpa y “denunciar cuanto antes”.

En una entrevista reciente en EL PAÍS, la ministra de Justicia, Pilar Llop, señalaba que había reclamado expresamente que se incluyan recomendaciones a las mujeres en las futuras campañas para alertar de este tipo de agresiones: “He pedido que se elaboren consejos para las mujeres, para que sepan que no deben coger nunca una copa que le traiga un extraño, por ejemplo”, afirmó Llop.

El paso de pedir ayuda cuanto antes es importante para recabar pruebas tanto de la agresión sexual (por ejemplo, ADN del agresor) como de la posible sumisión química. No obstante, los métodos actuales permiten detectar tóxicos hasta cuatro semanas después. En función del tiempo transcurrido se elegirá una de los tres tipos de muestras posibles: la sangre, válida para las primeras 12 o 24 horas, en función del tipo de droga, las dosis y el metabolismo de la persona; la orina, una “muestra crucial” porque permite analizar tóxicos hasta pasados cinco días de su consumo; y, por último, el pelo. Cada centímetro del cabello equivale a un mes de crecimiento y esto permite a los forenses valorar qué restos posibles quedan y de cuándo son.

La unificación del protocolo ―ahora existen diferentes recomendaciones y guías en los distintos institutos, explica Alonso― busca también fijar unos criterios para que los análisis se conviertan en futuras pruebas en caso de que haya juicio: “Queremos dar recomendaciones sobre la toma y selección de las muestras, sobre cómo garantizar la cadena de custodia y las condiciones para la emisión del informe pericial, que son fundamentales”. Un camino que blinde las pruebas y acabe con la sensación de impunidad que a menudo persigue a las víctimas de estos delitos.

Hasta 10 años de prisión que pueden convertirse en 15


Los ataques sexuales mediante sumisión química están tipificados en el Código Penal desde el año 2010, cuando se introdujo el artículo 181.2 del Código Penal, que castiga como abuso sexual no consentido el cometido “anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”. La pena básica oscila de uno a tres años, pero puede llegar hasta los 10 si se aplican agravantes como la especial vulnerabilidad de la víctima (por ejemplo, si se encontraba inconsciente) o cuando el delito se comete por dos o más personas. La ley orgánica de garantía de la libertad sexual en la que trabaja el Gobierno, conocida popularmente como "ley del solo sí es sí", contempla un cambio en estos delitos porque el término abuso desaparece y todo se engloba bajo el concepto de agresión sexual. La sumisión química se considerará como una agravante que, según el anteproyecto de la norma, puede elevar hasta los 15 años la pena de prisión.




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