España aprueba su primera ley integral para proteger a los niños frente a la violencia

El respaldo de los grupos ha sido prácticamente unánime. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley orgánica que protege a los niños y adolescentes frente a la violencia, cuatro años después de que esta misma Cámara instara al Ejecutivo a legislar de forma urgente. Es la primera norma integral en este ámbito en España y sitúa al país a la vanguardia internacional a nivel legislativo. El texto ha salido adelante por 297 votos a favor, 52 en contra y ninguna abstención. Solo Vox ha manifestado su rechazo, por considerar que es contraria a la familia.

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La ley recoge un amplio abanico de iniciativas de prevención, sensibilización, detección y protección de los menores que sufren violencia. El Comité de Derechos del Niño había reclamado a España en 2010 que aprobara esta norma. Ahora se salda esa deuda y se contrae otra: desplegar las medidas recogidas en este marco jurídico, que pasan por desarrollar una buena estrategia que fije la lista de tareas a desarrollar por cada Administración y otorgar suficiente dotación presupuestaria, según reclaman las organizaciones de infancia y de víctimas de abusos, que aplauden que tras años reclamando la norma vea finalmente la luz.

A primera hora, unos carteles azules con letras impresas reposaban sobre los peldaños de las puertas del Congreso. “La infancia por ley”, se leía. Justo enfrente, Save the Children y la Plataforma de Infancia también habían colocado un panel para recoger el sentir de la gente ante la aprobación de la norma. “Escuchemos su voz”, “Ya era hora”, rezaban algunos mensajes.

La violencia contra los niños está invisibilizada, no hay suficientes datos que permitan hacer una radiografía exhaustiva. Pero los pocos que hay reflejan una realidad preocupante. En 2019 hubo más de 40.000 delitos contra menores, según datos del Ministerio del Interior a raíz de las denuncias y actuaciones policiales. Cerca de la mitad de los cometidos contra la libertad sexual tuvieron a un niño o un adolescente como víctima. Pero estos son solo los casos que salen a la luz, porque en muchas ocasiones no se denuncia. Y, cuando se hace, los procesos judiciales se eternizan y los menores a veces se ven obligados a declarar hasta en cuatro ocasiones, reviviendo una y otra vez lo sucedido.

La norma trata de evitar esta revictimización y establece la prueba preconstituida para los menores de 14 años, es decir, que solo deberán declarar una vez durante el proceso judicial, en la fase de instrucción, cuando se les grabará. La ley, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, también amplía el plazo de prescripción de los abusos sexuales contra niños y adolescentes, por lo que el tiempo para denunciar comenzará a contar cuando las víctimas cumplan 35 años, frente a los 18 actuales. Como mínimo, no prescribirán hasta que tengan 40 años, y en los casos más graves hasta los 55, un tiempo vital para que las víctimas puedan procesar lo ocurrido y se atrevan a dar el paso de acudir a la justicia. Asimismo, la ley refuerza el derecho de los niños a ser escuchados y la formación de los profesionales que tratan con ellos, además de que obliga a instaurar protocolos específicos en los colegios, los establecimientos deportivos y de ocio y los centros de menores. Y da un mandato al Gobierno para que en el plazo de un año apruebe un proyecto por el que se creen juzgados y fiscalías especializadas en violencia contra la infancia.

El grueso de las medidas fueron aprobadas ya a mediados de abril en el Congreso, pero este jueves la Cámara baja ha dado el visto bueno a los cambios introducidos la semana pasada en el Senado, entre los que destaca la prohibición de los desnudos en las pruebas para determinar la edad de los menores inmigrantes que llegan solos a España y una enmienda que reconoce las competencias autonómicas y que ha variado el sentido del voto de los partidos nacionalistas que en la primera votación en el Congreso se posicionaron en contra (PNV) o se abstuvieron (EH-Bildu o Junts per Catalunya). Este jueves han votado a favor, reforzando así el consenso alcanzado durante la primera votación en la Cámara baja.

Un antes y un después

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado este jueves que “esta ley va a marcar un antes y un después en la protección a la infancia y la adolescencia en nuestro país”. Belarra ha señalado que su principal éxito debe ser “la promoción de un cambio cultural que implique un rechazo unánime e inequívoco de toda la ciudadanía a cualquier forma de violencia” contra los niños. Como en su día lo fue la ley de violencia de género. Durante su intervención, la ministra se ha comprometido a “desplegar al máximo las posibilidades de esta norma”, ha asegurado que la memoria económica ya contempla más de 70 millones de euros para ello y ha dado las gracias, como también lo han hecho los portavoces de la mayoría de grupos parlamentarios, a las organizaciones de infancia. En especial, Belarra ha agradecido su labor a James Rhodes, quien sufrió abusos en la infancia y por cuyo nombre también es conocida la norma (ley Rhodes). El pianista, que ha hecho campaña junto a las entidades sociales, celebra este jueves que “los niños estarán ahora más seguros y mejor protegidos que nunca”, aunque para él ya sea tarde. Considera, eso sí, que el tiempo que ha tardado en ver la luz ha sido “imperdonablemente largo”.

Durante el debate, el consenso solo lo ha roto Vox. La diputada Teresa López ha llamado a esta norma la “ley Herodes”. “La tarea de arropar y educar a los niños es de los padres. Y ahora quieren eliminar el vínculo biológico entre padres e hijos para destruir la más bonita institución: la familia”, ha dicho. “Sus leyes son atroces”, ha afirmado la parlamentaria, que también ha usado este término para referirse a la “invasión de Ceuta” por parte de Marruecos, “que ha jugado con vidas humanas” y ha “utilizado a menores”. La situación en la ciudad autónoma, especialmente “las terribles imágenes” que han llegado de niños y adolescentes, también fue mencionada con preocupación por diputados como Mertxe Aizpurua (EH-Bildu), Mariona Illamola (Junts per Catalunya), María Carvalho (ERC) y Omar Anguita (PSOE), quien trasladó su apoyo a la voluntaria de Cruz Roja que ha sufrido “ataques de odio” tras abrazar a un inmigrante que había llegado a la playa del Tarajal.

La parlamentaria del PP María de la O Redondo ha defendido, sin nombrar a Vox, “que la familia es fundamental en la ley”, y ha reclamado recursos para desarrollar la norma. La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha destacado que la norma es un “punto de partida”. Algo en lo que coinciden las organizaciones de infancia. “El trabajo empieza ahora”, sostiene Cristina Sanjuán, de Save the Children. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, añade: “Estaremos vigilantes para que se cumplan los compromisos adquiridos”. Una idea que destaca al otro lado del teléfono Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos en la abadía de Montserrat. Advierte del “riesgo de caer en el triunfalismo anticipado”, él quiere ver “cómo y cuándo se desarrollan las medidas previstas”, como la creación de juzgados especializados, y asegura que seguirá peleando por lograr la imprescriptibilidad de los abusos.

Este es también el objetivo de Gloria Viseras, exgimnasta olímpica que también sufrió abusos, de los 12 a los 15 años. A las puertas del Congreso, destaca el avance que supone la ampliación de los plazos de prescripción. “Si hubiera existido esta ley en 2012, cuando denuncié, habría podido poner a mi abusador ante un juez”, dice. A unos metros de ella, Alba Macías, de 27 años, pasea nerviosa. Ella sufrió violencia machista cuando tenía 16. “Estoy muy orgullosa porque vamos a conseguir que los niños estén más protegidos”, afirma. Y resume lo que está por venir: “Esto es solo el principio, todavía falta mucho para lograr sensibilizar a la sociedad”.