Denunciar abusos a menores, un calvario judicial

La mayoría de las víctimas de abusos de menores no denuncian, solo un 15% según las estadísticas, y quien da el paso espera que sea el inicio de una liberación, de una solución. Pero no imaginan que a menudo solo es el inicio de otra pesadilla que no lleva a ningún sitio. No se sienten creídas, sino al contrario, se pone en duda su testimonio, y todo el mecanismo judicial es hostil. Según un estudio de Save the Children de 2017, deben repetir su declaración una media de cuatro veces y los procesos se eternizan: duran tres años de media, pero pueden llegar a cinco. Los datos apuntan que solo una media del 17% de las denuncias, menos de una quinta parte, han llegado a juicio en los últimos años, según refleja de forma orientativa el cruce de cifras del Ministerio de Interior, cuerpos policiales y Fiscalía General del Estado elaborado por EL PAÍS. Las denuncias se han duplicado en 10 años.

La mayoría de los casos suceden en el entorno familiar y se trata de los delitos más difíciles de probar, pero todos los profesionales consultados —abogados, fiscales, jueces, psicólogos— admiten que el sistema falla y provoca un nuevo daño, una segunda victimización. Hay un diagnóstico unánime: “Estamos como en violencia de género hace 20 años”. Hace dos semanas se celebró en Madrid el I Congreso de Infancia y Adolescencia, con más de 80 juristas y especialistas en la materia, y advirtió como base de sus conclusiones de la necesidad de reconocer a los menores como “víctimas directas de los procesos judiciales”. La nueva ley de protección integral a la infancia, que se aprobará el jueves en el pleno del Congreso, será un paso decisivo para abordar estas deficiencias.

Los obstáculos se resumen en la experiencia que relata un matrimonio de Majadahonda, Madrid, muy crítico con la actuación judicial. En 2018, su hijo de cinco años comenzó a comportarse de forma extraña, a usar términos sexuales sorprendentes, a tocar los genitales de los maniquíes en las tiendas y hablar de “chupar colas”. Y los dibujos: “Penes gigantes. Decía cosas que un niño no puede saber”, cuenta su madre. Lo llevaron a una psicóloga, que tras varias sesiones, diagnosticó que tenía un claro shock postraumático y había sufrido abusos sexuales. La familia denunció y el caso lo asumió el Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda. Los indicios apuntaban a que ocurrían en el colegio, un centro concertado religioso. Al principio parecía que se trataba de algo que sucedía con otros dos niños, pero dos meses más tarde el menor identificó a dos adultos, un profesor y un monitor de un centro deportivo cercano. Decía que les llevaban a un lugar seguro, uno vigilaba, les daban antes “caramelos de gas”, y después de hacer “cosas feas”, chucherías de premio. “Pero el juzgado no hizo absolutamente nada, no nos llamó a declarar a nosotros, ni a las dos personas que identificó mi hijo, ni a la dirección del colegio, ni exploró a los otros dos menores, cuyos padres no quisieron denunciar”, acusa el matrimonio. Los otros dos niños dejaron el colegio.

En estas investigaciones muchas veces es la palabra de una persona contra otra, y en concreto de un niño contra un adulto, no hay más pruebas, y se convierte en crucial el informe de credibilidad del psicólogo forense, única base para el juez para seguir adelante. “En nuestro caso le vio apenas 15 o 20 minutos, un año después de la denuncia, y era un varón, que cualquier experto recomienda que no sea del sexo del agresor. Fue a solas, en un despacho del juzgado. Dijo que no había nada, es más, que le habíamos creado una falsa memoria ¿Cómo nos vamos a inventar eso, que le salía un pis blanco de la cola, cómo sabe un niño eso?”.

La psicóloga del niño había tardado dos meses en que le contara algo. Le acompañó al forense y se ofreció a estar presente y ayudarle, pero no le dejaron. “Al salir el niño me cogió de la mano y me dijo: no he sido valiente, no he contado nada”. Tuvo que animarle: “Es una retraumatización constante, el proceso judicial va por un lado y el mundo va por otro”. Psicólogos especializados y expertos consultados por este periódico aseguran que es imposible averiguar nada de un niño de esa edad en tan poco tiempo, crear un vínculo empático, y solo con lenguaje verbal, sin juegos, dibujos, ni las técnicas adecuadas. La juez archivó el caso. La Audiencia Provincial lo confirmó. Contactados por este periódico, la juez, la fiscal y el psicólogo forense del proceso han preferido no manifestarse. El colegio asegura que colaboró con el juzgado, pero que no llegó a haber denuncia contra nadie. El profesor identificado negaba la acusación y la dirección adujo que lleva 30 años en el centro y“no ha habido jamás nada”. La familia también relata que la directora fue trasladada tras salir a la luz el caso, pero el colegio sostiene que ya había sido anunciado antes. El centro deportivo donde trabajaba el otro adulto identificado asegura que la Guardia Civil solo les pidió un listado de empleados y no volvieron a saber nada del asunto. “Ni sabíamos que el niño había identificado a una persona”, admiten.

No es un caso único. En una investigación judicial por abusos desvelada el mes pasado por EL PAÍS en un colegio religioso de Medina del Campo, Valladolid, los denunciantes han protestado por la pasividad del fiscal. En otro caso revelado por este diario, el del sacerdote José Luis Galán Muñoz, procesado por abusar de una menor en Talavera de la Reina, Toledo, la justicia tardó más de dos años en llamar a declarar a la joven, que ha intentado quitarse la vida hasta en 12 ocasiones. El informe forense avala los abusos. Han pasado ya tres fiscales por la investigación y aún no ha comenzado el juicio. En otro caso desvelado esta semana en León, han pasado casi cinco años desde la denuncia y la víctima ha pasado por seis exámenes psicológicos. Todos acreditan los abusos y su credibilidad, pero la juez de instrucción lo ha archivado. La Fiscalía ha pedido reabrirlo.

Otra cosa que sorprende a quien se acerca al sistema judicial es que los informes de psicólogos privados que desvelan a los padres el horror a menudo apenas se consideran en el juzgado, como si el hecho de que sean de una parte significara que pagando se hacen a la carta. Los tratan como a peritos de procesos civiles. “Es insultante, porque los psicólogos tenemos una deontología. Un abogado puede mentir, nosotros no, nuestro código no lo permite”, lamenta Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perito forense con 39 años de experiencia. Los psicólogos privados, que van a congresos, publican, suelen estar más formados que los de la Administración pública, faltos de recursos y desbordados de trabajo. Vaccaro ve además un sesgo misógino hacia las madres que denuncian, como si exageraran, y otro clasista: “se piensa que en clases medias y altas, en colegios privados, no existen abusos”.

Lo trágico es que, pese al archivo, queda la evidencia de que el niño tiene un trauma y ha sufrido abusos. Dos profesoras del nuevo colegio del menor del caso de Majadahonda coinciden: “Está claro que a este niño le ha pasado algo, es evidente”. Se dieron cuenta sin que los padres les dijeran nada, y luego hablando con ellos les contaron lo ocurrido. Su actual tutora relata: “Decía que se tuvo que venir al cole porque en el otro había malos, y que había hecho una cosa muy mala, y él era muy malo. Se culpabilizaba mucho, cuando dibujaba luego emborronaba todo. Era un niño muy bloqueado emocionalmente, está claro que le ha pasado algo grave. Unos padres no se inventan eso”. El problema es que la justicia no logra o no sabe obtener las pruebas. La mayoría de los abusos no dejan huella.

Marta Valcarce, fiscal delegada de víctimas y de menores de la Fiscalía de Sevilla, explica la dificultad de su trabajo: “Tenemos que compaginar la presunción de inocencia y evitar la revictimización. Es como estar con varias bolas en el aire y es difícil que alguna no se te caiga. A veces yo le he dicho a un denunciante: mira, yo te creo, pero no puedo tirar adelante solo con tu declaración, y no te voy a arrastrar a un juicio que va a ser muy duro y puede que acabe en absolución”. Rafael De Andrés, el abogado de la familia de Majadahonda, es contundente: “He llevado varios casos y son imposibles, solo si hay pruebas muy claras. Estos procedimientos están dirigidos al archivo, no son para investigar, hacen diligencias mínimas porque hay una falta de medios bestial de los cuerpos policiales y los juzgados”. Cree que pesa mucho el miedo a lesionar derechos de los acusados, que tampoco están suficientemente protegidos y pueden ver dañada irremisiblemente su reputación. Natalia Velilla, juez de primera instancia en el juzgado número 7 de familia y protección del menor de Móstoles (Madrid), recuerda un ejemplo de esto: “Tuve un caso de un profesor acusado injustamente. Le echaron del colegio, ganó luego el juicio, pero quedó estigmatizado”,

Velilla acaba de publicar el libro Cómo funciona la justicia (Arpa), con páginas demoledoras sobre qué está fallando: “Un niño que sufra abusos en un pueblo de León será peor tratado que otro en Valencia. Así de crudo”. Denuncia que solo los juzgados de grandes ciudades cuentan con personal especializado y los equipos psicosociales “suelen estar adscritos a muchos juzgados y tienen nociones, pero no están especializados”. Explica que un magistrado intenta hacer bien su trabajo, “pero no somos psicólogos, no tenemos instrumentos, y tenemos muchos asuntos a la vez”. Otra magistrada coincide: “Los informes psicológicos son esenciales, porque tú no sabes, el testimonio es casi siempre la única prueba y nos falta la técnica, carecemos de esa formación psicológica de cómo se comporta una víctima”.

Al final quien sufre las consecuencias es quien denuncia, y nace un segundo trauma. “Ves que quien tiene que perseguir el delito te cuestiona a ti. El proceso tiene las características de un suceso traumático: ilógico, incontrolable, inesperado”, resume la psicóloga que ha tratado a los padres del menor. Sonsoles Bartolomé, responsable del departamento jurídico de Fundación ANAR, cree que “es todo una carrera de obstáculos”. “Escuchas a las víctimas y dices: qué valientes son. Tras declarar, te dicen: parecía que el acusado era yo”, resume. En el caso de Majadahonda, los padres también están en terapia y llevan gastados 20.000 euros en tratamiento y abogados. Han decidido abandonar para cuidar su salud y no martirizar más a su hijo, que ha afrontado cuatro informes psicológicos y cada uno de ellos suponía retroceder en su curación.

“El principal problema es que no hay formación especializada en violencia infantil. Falta sensibilidad, se cree que el menor miente, que el menor fabula”, apunta Noemí Pereda, profesora de Victimología de la Universidad de Barcelona y autora de un estudio de 2018 con Save The Children. “Analizamos las sentencias y veías claramente qué juzgado había hecho bien su trabajo, las condenas dependen mucho de eso. Al final depende del juzgado que te toque, y no puede ser, no puede depender de eso”. Recomienda ver el cortometraje Espiral de la Fundación Márgenes y Vínculos, que refleja bien el problema.

“Los equipos psicosociales están desbordados”

La formación es una de las claves que repiten todos los expertos. “La realidad es que los equipos psicosociales están tan desbordados que en el proceso solo valoran la credibilidad del testimonio. Y en esas sesiones los mecanismos disociativos, como contarlo sin inmutarse, que permiten sobrevivir a la víctima, juegan en su contra, porque entonces no le creen. Eso debe entenderlo el mundo jurídico, necesita una formación básica de trauma. Del mismo modo, el mundo social tampoco comprende las dificultades del jurídico, que solo mira a la carga de la prueba”, opina Pepa Horno, psicóloga y consultora de infancia. Acaba de editar como coordinadora el libro Poniendo alma al dolor. Intervención Terapéutica con niños, niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual Infantil (Desclée de Brouwer).

Para Cristina Sanjuán, experta en prevención de la violencia hacia la infancia de Save The Children, los problemas de formación y conciencia social ya están en el inicio del proceso, donde debe haber una detección temprana y una actuación rápida: “A veces quien se entera no sabe qué hacer con la información, y notificarlo cuanto antes es una obligación. Quien detecta el abuso no es el encargado de creer o no a la víctima, y no le corresponde investigarlo, no tiene conocimientos para interrogar de la manera adecuada”.

Pero hay más, la arquitectura misma de los edificios judiciales debe ser cambiada. Pepa Horno cuenta que ha estado en juzgados donde las secretarias se llevan juguetes de casa y están pendientes en el pasillo de que el menor no se cruce con el acusado. “Esto no puede ser”. Una nueva fórmula introducida en Islandia para atajar muchos de estos problemas es la Barnahus (”casa de los niños” en islandés). Ya hay una en marcha en Tarragona desde 2020, promovida por Save The Children con la Generalitat. Hay otras 50 en Europa. Es un centro pensado para niños, acogedor y decorado de forma amigable, donde acuden todos los implicados en el proceso, como una ventanilla única. Así el niño no pasa por el juzgado. Se prevén más en Madrid, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Una declaración grabada

Un elemento decisivo es la llamada prueba preconstituida, una sola declaración de la víctima grabada en vídeo en un primer momento con todas las garantías judiciales y con ayuda de psicólogos que dirigen el interrogatorio. El objetivo es que se conserve hasta el juicio y la víctima nunca más tenga que volver a repetir su historia. El resultado es aún mejor si además se hace en las llamadas cámaras Gesell, una sala donde el niño solo está con el profesional especializado, dotado de un auricular, y que es observado desde otra habitación por todas las partes y el equipo judicial, que puede comunicarse con él. La primera se instaló en Valencia en 2014. Llegó a Madrid en 2018.

No obstante, un estudio de 2020 de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y el Ministerio de Igualdad sobre 455 sentencias de agresiones sexuales a menores entre 2010 y 2019 concluía que solo se había aplicado la prueba preconstituida en un 14% de los casos. “El 76% fueron condenas y precisamente todas las absoluciones se basaban en contradicciones en el testimonio de la víctima. Además, un 20% de los juicios tardaron cinco años en celebrarse, y debería ir más rápido, son casos muy graves y no necesitan tanta prueba”, subraya Ángela Alemany, letrada y una de las autoras del informe. También critica que no solo se subestiman los informes psicológicos privados: “La Administración también hace informes y no se valoran, lo hemos reivindicado muchas veces”. Otra queja habitual de las víctimas es que su agresor siga en contacto con niños: solo se aplicó la prisión cautelar en un 14% de los casos. Alemany llevó un caso en Madrid donde no se adoptó esta medida aunque había incluso prueba de ADN contra el acusado: aprovechó para huir de España. “Pocas veces se les detiene, pero es que sin prueba y con un proceso tan largo hay mucha resistencia”, confirma Bartolomé, de ANAR.

“Hacen falta más medios, y no es una inversión económica enorme. Una cámara Gesell no cuesta tanto. Es un tema de prioridades, a los débiles no los defiende nadie. Solo si pasa algo muy grave o los periodistas ponen el foco. En España hay un total abandono de los menores. Es necesario abrir ese debate”, denuncia la juez Natalia Velilla.

El avance de la ‘ley Rhodes’

La nueva ley de protección de la infancia o ley Rhodes (por el pianista inglés afincado en España James Rhodes, que sufrió abusos e impulsó la norma), ya en los últimos trámites parlamentarios, será un avance muy esperado. Hace obligatoria la prueba preconstituida hasta los 14 años. Ahora depende del juez y el Tribunal Supremo, que la han rechazado en muchas sentencias, por respetar el principio básico de que el juez que celebra la vista debe ver y oír él mismo a la víctima. Pesa que la ley de enjuiciamiento criminal es de 1882, a pesar de sus numerosas reformas. “Es absurdo, en otros países no pasa. Hacemos una prueba preconstituida para que el menor se olvide y recuperarlo con terapia, pero resulta que a los cuatro o cinco años lo llaman al juicio. Además de perjudicarle, va contra su credibilidad, porque se le pueden olvidar detalles, caer en contradicciones. Hace falta un cambio de mentalidad en los jueces”, critica la fiscal Valcarce.

La reforma también abre la vía a la creación de juzgados especializados en infancia, aunque está por ver si se hace realidad y cuenta con financiación suficiente. Por ejemplo, la memoria económica solo prevé una sala Gesell por provincia, a todas luces insuficiente. “El Estatuto de la Víctima de 2015, que crea oficinas de acompañamiento, es maravilloso, pero no se ha dotado a nadie”, acusa la juez Velilla. El Congreso de Infancia celebrado la semana pasada calculó que partiendo de los juzgados de familia habría que especializar 80 juzgados más hasta sumar 243 de infancia.

El primer juzgado de infancia

Lo cierto es que uno ya es una realidad. El primer juzgado de infancia de España, un proyecto piloto, arrancará en septiembre en Las Palmas. También es pionero en el mundo, como lo fueron los juzgados de violencia de género en 2004. “Nuestro objetivo es cero niños en los juzgados”, explica su titular, el juez Tomás Luis Martín. Están construyendo una Casa de la Infancia en el Instituto de Medicina Legal, lista para 2023, un equivalente a la Barnahus pero dentro de la Administración pública. “La investigación está estructurada de modo anticuado, hay que estructurar el proceso en torno a la consideración de la víctima. El juzgado es una estructura que, por sobrecarga de trabajo y falta de especialización, se ha quedado deshumanizada, entre comillas. El proceso penal no está pensado para evitar la victimización, que puede ser más gravosa y humillante que el daño principal”. Una de las cosas que ya están haciendo es un gesto simple, pero significativo: una cédula de citación interactiva, un dibujo animado que llega al móvil con un muñeco que le explica al niño dónde va a ir y lo que va a hacer.

Un portavoz de la Fiscalía General del Estado admite que la Administración de justicia sufre carencias de carácter estructural, “pero se ha evolucionado mucho, hay mayor sensibilidad y una evolución juriprusdencial en torno a la valoración del testimonio de la víctima”. Se refiere a que la sola declaración de la víctima puede tener requisitos suficientes para romper la presunción de inocencia, como la persistencia en la incriminación, la verosimilitud del testimonio y que no haya razones para mentir fruto de la relación previa con el querellado.

Con todo, un joven que ha denunciado abusos de un cura y lleva años esperando el proceso hace un diagnóstico demoledor: “He sentido que se me ha juzgado más a mí que al sacerdote que abusó de mí. He ido más veces al juzgado que él. Se ha cuestionado mi versión infinidad de veces, a pesar de tener al equipo forense a mi favor. El sistema legal no está preparado y los jueces carecen de formación en este tipo de delitos. Sobre todo si se trata de la Iglesia católica. El peso del silencio que durante años ha imperado aún se percibe cuando te cierran tu caso sin motivo aparente, alegando que no hay pruebas. A pesar de que las haya. Te sientes insultado y condenado de nuevo al silencio. Si tuviera que darle un consejo a otras víctimas es que no denuncien. Que se ahorren el calvario judicial”.