Un documento interno de Justicia pide más que una declaración expresa para cambiar de sexo

La negociación de la futura ley trans del Gobierno es uno de los escenarios de confrontación entre los socios, PSOE y Unidas Podemos, y ha abierto un debate intenso y agrio en el movimiento feminista. El principal punto de fricción dentro del Ejecutivo se refiere a la libre autodeterminación de género. El Ministerio de Igualdad (UP) defiende que esa ley debe permitir que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, sin nada más que su voluntad. El PSOE cree que es necesario incluir algunos requisitos. Así lo señala un documento interno de Justicia, que encabeza Juan Carlos Campos (PSOE), al que ha tenido acceso EL PAÍS y que el ministerio califica de preparatorio y explica que puede sufrir modificaciones.

Con el Gobierno enredado en este debate, este martes ha llegado al Congreso una propuesta alternativa, un proyecto de ley presentado por Esquerra, que también defiende la libre autodeterminación de género y que no ha prosperado tras la abstención del PSOE. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado varias veces que corresponde a Justicia garantizar la seguridad jurídica de esa ley para que “los nuevos derechos no supongan una merma” de otros ya existentes. El documento interno de Justicia ahonda en esa idea y pide “alguna garantía jurídica adicional” que asegure una “situación estable de transexualidad”.

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Elaborar una ley trans es uno de los puntos del acuerdo de Gobierno que firmaron los dos partidos, que por el momento han acordado fusionarla con otra propuesta que también iba en el programa conjunto, una ley LGTBI. Esta polémica norma ha despertado también los recelos de gran parte del movimiento feminista, que la ve como un caballo de Troya para mermar los derechos conseguidos por las mujeres y alerta de posibles fraudes a cuenta de la ley.

España permite cambiar nombre y sexo en el DNI sin necesidad de una operación quirúrgica de los genitales desde 2007. Lo que sí se requiere para ese cambio es un informe médico o psicológico y al menos dos años de tratamiento hormonal. La nueva norma, tal como la ha previsto Igualdad, eliminaría el requisito de ese diagnóstico de la disforia de género “siendo suficiente la libre declaración de la persona interesada” a partir de los 16 años de edad.

Los asesores de Justicia consideran en su documento interno, de finales de febrero, que eliminar la necesidad de presentar esos informes es congruente con lo que piden la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Pero, añade, esa concepción “no patologizante” de las personas trans obliga a buscar “otros mecanismos” para acreditar una situación “estable y persistente” de la transexualidad.

“Los trascendentales efectos jurídicos y sociales que tiene una toma de decisión de esta naturaleza reclaman que haya una acreditación de la realidad que se pretende inscribir”, según el documento, que recoge que el registro civil “es un registro de actos y de hechos pero no de meras declaraciones de voluntad”. Y pone como ejemplo que los nacimientos, las defunciones o los matrimonios “han de ser acreditados documentalmente, sin que sea suficiente que alguien declare un hecho o un acto para que este sea inscrito”.

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La ‘ley trans’ desde ángulos opuestos

El informe interno de Justicia, de 22 páginas, es un trabajo elaborado por asesores de ese ministerio, fechado el 23 de febrero. Es uno de los documentos aportados a la negociación de los tres departamentos (Igualdad, Vicepresidencia y Justicia). Fuentes de Justicia señalan que se trata de un documento interno de trabajo, un informe preparatorio que no refleja la posición oficial del ministerio y que puede sufrir modificaciones.

Sí a la libre autodeterminación de género en 2018

En 2018, durante el Gobierno en solitario de Pedro Sánchez, Justicia emitió un informe que sí era oficial y llevaba el membrete del ministerio para analizar una proposición de ley del PSOE de marzo de 2017 que señalaba que cambiar el sexo en el Registro Civil “no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada”, lo mismo que pide ahora Igualdad pero con un texto mucho más conciso. Justicia consideró entonces en ese informe, desvelado por Newtral, que no hacían falta más requisitos y que no estaban suficientemente fundadas las dudas de algunos grupos parlamentarios “sobre la necesidad de disponer suficientes garantías jurídicas” en el proceso “por cuanto la realidad no muestra la existencia de casos de cambios y retrocesos”.

Medios documentales o testificales

Respecto a esta nueva propuesta, tanto el documento elaborado por los asesores de Justicia en febrero como otros textos posteriores aportados a la negociación insisten en incluir requisitos. En otro documento del PSOE, de finales de marzo y al que también ha tenido acceso este periódico, se propone un “listado abierto de medios de acreditación” que pueden ser “testimonios o documentos de elección voluntaria del solicitante” que acrediten “estabilidad y permanencia en la vivencia del género querido”. Esos documentos pueden ser, si la persona solicitante lo decide de forma voluntaria, los que prueben tratamientos médicos o quirúrgicos que ahora no se exigen para cambiar de sexo en el registro o informes psicosociales. También a finales de marzo, los socialistas propusieron un articulado alternativo al del borrador de Igualdad en el que insistían en que la solicitud presentada en el registro debe ir acompañada de “medios documentales o testificales acreditativos” que no especificaba. Y daba un plazo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud para ratificar la petición.

Los documentos de trabajo del PSOE también proponen que la persona encargada del Registro Civil “acordará o denegará” ese cambio en un plazo máximo de seis meses. Y prevén regular la reversibilidad, es decir, cómo actuar si la persona que ha pedido el cambio de sexo y nombre en el DNI se echa atrás después, un aspecto que no recoge el borrador de Igualdad pero sí regulan otros países como Portugal, Irlanda o Grecia. El plazo mínimo para solicitarlo sería de un año.

Una segunda propuesta en el Congreso

La confrontación ha resucitado estos días por la tramitación de una segunda propuesta que se ha debatido este martes al pleno del Congreso de los Diputados y que no ha prosperado tras la abstención del PSOE y el voto contrario de PP y Vox. Los grupos parlamentarios ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canarias han presentado un proyecto de ley, muy similar al borrador de Igualdad y diseñado por la Federación Plataforma Trans.

Unidas Podemos ha votado a favor después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, subiera a la tribuna a pedir “perdón” a las personas trans por no conseguir que la iniciativa del Gobierno haya prosperado aún. “Vamos a saldar esa deuda aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría” ha dicho, tras fijarse el día del Orgullo, 28 de junio, como fecha tope. El PSOE ,que el lunes aseguró que facilitaría la tramitación, finalmente se ha abstenido. La diputada socialista Susana Ros ha dicho en la tribuna que la propuesta de Igualdad es de “dudosa constitucionalidad” pero ha asegurado que su partido respaldará una ley trans.

Colectivos y activistas LGTBI temían que esta segunda propuesta pudiera poner en riesgo alcanzar definitivamente una ley. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, las tres principales organizaciones nacionales, mostraron antes del pleno del Congreso “graves dudas” de que saliera adelante esta segunda vía “sin haber conseguido previamente un consenso en el Gobierno de coalición”.

La diputada socialista Carla Antonelli, activista trans y defensora de la ley, lo resumía en Twitter asegurando que le avergüenza que “se haya torpedeado” la iniciativa del Gobierno y que como proposición de ley “no salga o se infle a enmiendas y se deje morir en el Congreso”.