LEY TRANS

Los principales colectivos LGTBI piden al Gobierno que acelere la aprobación de la ‘ley trans’ ante el avance de la ultraderecha

Las asociaciones reclaman a Carmen Calvo que asuma la libre determinación de género sin “tutelas ni trámites burocráticos”, y a Igualdad, que acepte una fusión de las dos normas previstas

Protesta a favor de los derechos de las personas trans, en julio de 2020 en Madrid.
Protesta a favor de los derechos de las personas trans, en julio de 2020 en Madrid.JUAN MEDINA / Reuters

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Chrysallis, asociación de familias de menores trans, han pedido este martes responsabilidad al Gobierno por “el retraso” y el “estancamiento” en la negociación para la aprobación de la ley trans. Las tres organizaciones, principales representantes del colectivo e interlocutoras sobre este asunto de los dos partidos que gobiernan en coalición (PSOE y Unidas Podemos), han solicitado a ambas partes que aparquen sus diferencias y aceleren la aprobación de la ley. José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación Triángulo, ha señalado este martes: “Pedimos que nos protejan con claridad ante el avance de la ultraderecha”.

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Los colectivos han propuesto en una rueda de prensa que el Ministerio de Igualdad (que encabeza Irene Montero, de Unidas Podemos) acepte la fusión de las leyes trans y LGTBI (Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales) que su gabinete presentó como dos borradores en febrero, y que el PSOE ha pedido que sean una sola normativa. Eso sí, reclaman que sea nombrada en primer lugar como una ley integral trans que, además, incluya el reconocimiento de la igualdad del resto de colectivos.

También han pedido que la vicepresidencia del Gobierno que lidera Carmen Calvo (PSOE), que es la que está negociando con Igualdad los textos, asuma la libre autodeterminación de género, el escollo más importante que han visto hasta ahora los socialistas en la propuesta de ley trans de Igualdad, y que lo haga sin ningún tipo de condición. Solicitan que el texto fusionado se discuta en el Consejo de Ministros en mayo. La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha subrayado: “Pedimos al Gobierno de España que legisle con rapidez y celeridad porque nuestras vidas están en juego”.

Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, ha asegurado que en estos meses están aumentando las situaciones “de acoso y violencia que se traducen en atentados contra la salud física y psíquica de personas trans adultas y menores”, y que la falta de las normativas que estaban comprometidas en el acuerdo de Gobierno de coalición “están dejando espacio al discurso de odio” de la ultraderecha “liderado por Vox”.

El presidente de la Fundación Triángulo añade: “La semana pasada hemos visto señales inequívocas del resurgimiento sin complejos de la ultraderecha en nuestro país”. Ha enumerado, entre otros ejemplos que afectan a las personas trans, la negación a reconocer a la diputada madrileña trans Carla Antonelli como mujer o “cómo se cuestiona que se hable de diversidad en el sistema educativo” en la Consejería de Educación de Murcia. Núñez Blanco ha lamentado: “Vox se ha quitado la careta y no disimula”. Frente a eso, ha reclamado: “Necesitamos hechos que nos protejan, no palabras; necesitamos leyes, no retórica política”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha agradecido este martes a través de Twitter la propuesta de los colectivos. “Siempre hemos querido un acuerdo, por nosotras puede ser hoy mismo”. Además, ha insistido en la idea de que la ley trans reconocerá el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Fuentes del Ministerio de Igualdad aseguran que si la parte socialista del Ejecutivo acepta ese punto, admitirán que la ley trans y la LGTBI se fusionen en una sola norma.

Por su parte, fuentes de la vicepresidencia de Gobierno que encabeza Carmen Calvo indican que la fusión de esas dos leyes, que son parecidas y se solapan en contenidos, tiene sentido por economía jurídica para poder sacar adelante las diferentes normas que tiene previstas el Gobierno de coalición. Respecto a la inclusión de la autodeterminación de género como lo recogen el borrador de Igualdad y lo piden los colectivos, las mismas fuentes no aclaran si lo van a asumir tal cual. Solo señalan que es un tema que afecta al Registro Civil y del que están hablando los ministerios de Igualdad y Justicia, competentes en este asunto.

División en el feminismo

La oposición de parte del feminismo a esta norma —como algunas representantes históricas del movimiento más cercanas al PSOE— ha incidido en la brecha entre los socios de Gobierno. En el área de Igualdad, no han aprobado ninguna de las leyes propuestas hasta ahora en todo el tiempo que llevan gobernando juntos. En verano, un argumentario del Partido Socialista, firmado entre otros por Carmen Calvo, alertaba de los mismos riesgos que subrayan ahora algunas feministas históricas, como el de que la nueva ley conlleve el “borrado de las mujeres”, y consideraban que la autodeterminación de género es una noción “problemática”. Tal y como está recogida en el borrador de la ley, se prevé que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años. El PSOE había pedido que se presentara algún tipo de documentación para acreditar ese cambio, algo que ni Igualdad ni las organizaciones comparten. “Pedimos al PSOE”, señala Uge Sangil”, “que asuma la libre determinación de género de las personas trans sin tutelas ni trámites burocráticos largos y humillantes, como está regulado en la mayor parte de los países europeos”.

Es cierto que la libre autodeterminación de género es ya una realidad en al menos una decena de países europeos. El primero fue Países Bajos en 2013 y entre las últimas, la vecina Portugal, que lo tiene reconocido desde 2018. La mayoría han optado por permitirla a partir de los 18 años, la mayoría de edad, y no con 16, como reclaman estos colectivos e incluye el borrador actual del ministerio. Ocho países europeos lo regulan a partir de los 18 años (Portugal, Bélgica, Francia, Irlanda, Grecia, Dinamarca, Luxemburgo y Malta), y algunos de estos lo prevén a los 16, pero con aval de los padres. Solo dos, Países Bajos y Noruega (que no es parte de la UE), lo permiten a partir de los 16. Irlanda lo planteó en una enmienda en 2017, cuya tramitación sigue aún parada.

El pasado 6 de abril, distintas organizaciones LGTBI de España presentaron la campaña estatal #Exigimoslaigualdadtrans para pedir en positivo el apoyo a la igualdad trans. Desde entonces, han recorrido distintas ciudades de España para sumar respaldos de la ciudadanía y de las instituciones locales y autonómicas, señalan los tres colectivos.

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