Moncloa dice que el borrador de la ‘ley trans’ le “suscita muchas dudas”

Cambiar el sexo en el Registro Civil “no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada”. Así lo recogía una proposición de ley del PSOE de marzo de 2017. Y así lo recoge también el borrador de la nueva ley trans que esta semana ha hecho público el Ministerio de Igualdad. El ministerio que encabeza la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, espera llevarla al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, es decir, la semana que viene. Fuentes gubernamentales ven “complicada” esa fecha. Según una fuente de la parte socialista del Gobierno, el borrador necesita más debate para garantizar la “seguridad jurídica” porque el documento “añade otros elementos de enorme complejidad y suscita muchas dudas”. Señalan, por ejemplo, los tratamientos hormonales en menores “en muchas ocasiones irreversibles”, aunque son terapias que ya contemplan hasta 11 comunidades en leyes autonómicas respaldadas por el PSOE.

“A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, dijo el pasado jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la cadena SER. Distintos colectivos trans interpretaron sus palabras como un bloqueo al borrador de Igualdad, en el que llevan trabajando con el ministerio casi un año, y a la llamada autodeterminación de género, la modificación del sexo en el DNI sin más requisito que la propia voluntad.

Calvo critica que el proyecto de la ‘ley trans’ prevea que “el género se elija sin más que la voluntad”

La primera ley trans, aprobada en 2007 y actualmente vigente, permite cambiar nombre y sexo en el DNI sin necesidad de una operación quirúrgica de los genitales. Sí requiere un informe médico o psicológico y dos años de hormonación. La propuesta de 2017 del PSOE ya preveía eliminar ambos requisitos, igual que la que ahora ha elaborado Igualdad. “La despatologización [no considerar la transexualidad como una enfermedad y por tanto no requerir informes médicos] ni ha estado ni está en cuestionamiento, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud”, señalaron este sábado fuentes de La Moncloa, remitiéndose a aquella propuesta. “Lo que defendemos es que esa manifestación de voluntad quede reflejado con seguridad jurídica”. “Hay que establecer cómo se va a plasmar, o qué forma jurídica concreta va a tener para que esto se lleve a cabo con todas las garantías”, explican fuentes gubernamentales. En la proposición de 2017 no se incluía ninguna apreciación al respecto.

Aquella propuesta socialista era más escueta que el borrador que ha hecho público esta semana el Ministerio de Igualdad. Tenía cuatro páginas y un artículo único solo para modificar la ley de 2007. El borrador actual elaborado por Igualdad ocupa 30 folios, una exposición de motivos de 12 páginas, 39 artículos y 10 disposiciones finales y aborda desde el ámbito educativo, al sanitario o el laboral, entre otros.

Tanto la iniciativa de 2017 del PSOE como la actual de Igualdad permiten el cambio registral a partir de los 16 años. Fuentes gubernamentales alegan ahora que la sentencia del Tribunal Constitucional que abrió la puerta a ese reconocimiento, de 2019, lo asociaba a “la madurez suficiente y a una situación estable de transexualidad”, un aspecto que “no es baladí, porque es en lo que se basa, precisamente para declarar inconstitucional el precepto”. También para eso, señalan, “hay que buscar fórmulas”.

Inicio de la pubertad

La propuesta socialista no aborda los tratamientos hormonales a menores, que en España ya se administran. El proyecto de Igualdad recoge un tratamiento de bloqueo hormonal “al inicio de la pubertad” para ayudar a frenar el desarrollo de los pechos o de la barba y la nuez. Y, con posterioridad, el tratamiento hormonal cruzado (testosterona para chicos transexuales y estrógenos para chicas transexuales). El consentimiento informado se podrá prestar a partir de los 16 años.

Hasta 11 comunidades autónomas han respaldado en la última década la autodeterminación de género con normativas propias. Son Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y Cantabria, según la recopilación de la FELGTB. Todas mencionan explícitamente los tratamientos hormonales a menores trans. Cantabria, donde el PSOE cogobierna y que aprobó su norma el pasado noviembre, contempla el tratamiento de los menores con bloqueadores hormonales y hormonas cruzadas. Fuentes de La Moncloa señalaron este sábado, sin embargo, que la hormonación es una cuestión “extremadamente delicada y principalmente Sanidad tiene mucho que decir” respecto a su inclusión en el borrador de Igualdad. “El fin último debe ser siempre proteger el interés superior del menor y tal y como está planteado en el borrador, ofrece pocas garantías si no se especifica el procedimiento ni los criterios médicos que habrán de tenerse en cuenta para decidir sobre el mismo”, añade la citada fuente.

La idea de una ley trans está incluida en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos de diciembre de 2019, que ya lo recogía como una iniciativa más ambiciosa que la de 2017: Una ley trans que trabaje de forma efectiva “para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”. El acuerdo recogía también una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, cuyo borrador también ha presentado Igualdad esta semana, y una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que presentó el PSOE en el Parlamento el 21 de enero, creando un “profundo malestar” de su socio de Gobierno. Fuentes del PSOE señalan que “hay muchas cosas que quedarán recogidas” en esta última ley.