Y la eutanasia llegó sin alboroto

La nueva derecha populista puede ser muy ruidosa, incluso sediciosa, como acabamos de ver en Washington, pero incluso esa corriente es consciente de que los valores de la sociedad han cambiado. Nuevos derechos civiles van introduciéndose en la legislación apoyados en un creciente consenso social. Y hasta los más reaccionarios eligen otras guerras culturales distintas de las que movían a los conservadores de toda la vida.

La ley de eutanasia y suicidio asistido va a entrar en vigor, en cuanto la valide el Senado, sin rastro de grandes resistencias. PP y Vox votaron en contra, pero luego pasaron a otra cosa. Votaron a favor algunas fuerzas de centroderecha: Ciudadanos, PNV y PDeCAT. La Iglesia católica se pronunció en contra, en su línea, sin demasiadas estridencias. En la calle no se percibió conflicto alguno. A las puertas del Congreso que votaba la ley el 17 de septiembre, por la mañana se concentraron algunos cientos de contrarios; por la tarde, un número similar de partidarios. Una encuesta de Metroscopia ya reveló en 2019 que un abrumador 87% de los españoles aprueba que se ayude a morir a un enfermo incurable. El porcentaje es menor pero mayoritario entre los votantes del PP (66%) y entre los católicos practicantes (59%). La ley ha llegado esta vez tarde, el cambio en la opinión pública estaba maduro.

No hace tanto que este tipo de asuntos de conciencia generaban gran alboroto. En 2005, cuando el Gobierno de Zapatero legisló el matrimonio igualitario para los homosexuales, y en 2009, cuando el mismo Ejecutivo preparaba una ley de plazos para el aborto, se celebraron en Madrid dos manifestaciones masivas. Las dos apoyadas por los obispos —la primera encabezada por Rouco— y con amplia representación del PP, aunque a ninguna acudió Mariano Rajoy. Sí lo hicieron Aznar, Zaplana, Cospedal o Pastor. La Comunidad de Madrid calculó 700.000 personas en la de 2005 y 1,2 millones en la de 2009: eran las exageraciones propagandísticas propias de tiempos de Esperanza Aguirre, pero en cualquier caso la protesta aunaba a un amplio sector de la población.

No tantos años después, en 2015, vimos a altos cargos del PP, con Rajoy al frente, en una de esas bodas homosexuales que antes les parecían tan mal, la de Javier Maroto. Y el primer Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta, renunció a cambiar la ley del aborto de 2010, salvo un artículo sobre el permiso paterno a las menores, lo que llevó en 2014 a dimitir al ministro Alberto Ruiz Gallardón.

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La derecha ya no quiere librar ese tipo de guerras culturales, aunque sí la extrema derecha. Pero incluso Vox, que tanto se enfrenta a las causas de los que llama progres, que sí rechaza la eutanasia y el aborto en términos muy duros, evita ponerlo en el centro de su discurso. Encaja mejor en su estrategia atacar al feminismo en otros terrenos (la violencia de género), a los inmigrantes y a los globalistas, las dianas habituales del nuevo populismo.

El cambio en los valores de la sociedad se percibe en otras partes del mundo. América Latina es una excepción en el acceso al aborto, pero Argentina ha dado un paso muy significativo con su ley de plazos. Recibió contestación en la calle, pero se vieron más las celebraciones por los partidarios. Se abre así una brecha en un continente donde las iglesias cristianas —la evangélica, en auge, es más combativa— tienen un peso mayor que en Europa. Se abre paso la idea de que el aborto legal, seguro y gratuito no implica más abortos —no los ha habido en España—, sino que se practiquen sin riesgos sanitarios, clandestinidad ni criminalización.

La agenda progresista, o liberal como diría un anglosajón, avanza en medio de la polarización política. No solo por la secularización, que también, sino por una nueva visión de qué significa la libertad personal en una sociedad más diversa. En EE UU avanzan, en un efecto dominó de Estado a Estado, el matrimonio homosexual, la eutanasia y la legalización de la marihuana. Pero no puede descartarse un retroceso: hay gran expectación con el rumbo que tome el Tribunal Supremo, muy sesgado hacia el conservadurismo, en relación con el aborto, que algunos Estados tratan de limitar o prohibir en la práctica. En España seguimos pendientes también del Tribunal Constitucional sobre la ley de plazos de 2010, recurrida por el PP cuando su estrategia era otra.

Nada asegura que estas batallas estén ganadas para siempre. Pero se observa una resistencia más débil a las conquistas de la libertad individual. Porque, da apuro recordarlo de puro obvio, a nadie se obligará nunca a la eutanasia, al aborto, a la homosexualidad ni a la marihuana. Las leyes son la consecuencia, no la causa, de lo que evoluciona la sociedad.