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62 ‘bernabeús’ llenos de estiércol de cerdo

España se ha convertido en una potencia porcina, pero sus excrementos, usados como abono, contribuyen a contaminar acuíferos y desprenden metano y amoniaco

Cerdos estabulados en una explotación intensiva.
Cerdos estabulados en una explotación intensiva.

Cada año se crían más cerdos en España. La cabaña actual de 31 millones de marranos (la mayor de Europa tras crecer un 16% en la última década) genera 62 millones de metros cúbicos de excrementos (purines) anuales, informa el Ministerio de Agricultura. Una cantidad de estiércol que llenaría 62 estadios como el Santiago Bernabéu o 24.800 piscinas olímpicas. Tratar estos purines de una forma sostenible se ha convertido en el talón de Aquiles de una industria en expansión. España es el segundo productor de carne de porcino de Europa y el cuarto del mundo.

Lo más habitual es usar el purín como estiércol en los campos cercanos a las granjas, porque al contener un 90% de agua es muy voluminoso y el transporte es caro. Los principales problemas de este método son la contaminación de los acuíferos si la tierra se abona en exceso y el amoniaco que se produce al esparcir el abono regando desde cisternas. Además, los purines producen metano en las balsas donde se almacena, un gas con un efecto invernadero 20 veces mayor que el CO2, que perjudica la salud al ser irritante y acidifica los suelos. Otras soluciones, menos implantadas, pasan por convertir el purín en biogás o separar la parte sólida de la líquida para compostar.

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España se enfrenta cada año al incumplimiento de los límites fijados por la UE de emisión de amoniaco, de la que es culpable la ganadería intensiva, acusa Greenpeace. En 2017 —último año con datos— este negocio provocó el 92% de las emisiones, y de ellas el 73% surgió de las granjas de porcino y el 19% de las de aves. Europa decidió prohibir a principios de 2018 esparcir los purines por el aire a los receptores de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para aminorar las emisiones. Nueve comunidades pidieron una prórroga para adaptarse.

El defensor del pueblo aragonés pide más control

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, envió la semana pasada un escrito al Gobierno regional en el que le recuerda la “importancia de la aprobación del Plan de Inspección y Control de las actividades de producción y gestión de estiércoles y residuos orgánicos”. Lo hizo tras investigar una queja sobre el agravamiento que provocan los purines en la contaminación de los ríos y los acuíferos de la cuenca del Ebro. Las protestas por la aparición de grandes granjas crece en España. Aunque su número ha bajado —en los últimos cinco años un 1,6%— las nuevas son de dimensiones mayores. “Un crecimiento ordenado y perfectamente regulado”, responde el Ministerio de Agricultura a EL PAÍS.

El modelo de negocio también ha cambiado: los granjeros ponen a disposición de grandes empresas sus instalaciones (llamadas integradores), que son las propietarias de los cerdos y se hacen cargo de su alimentación y del cuidado veterinario. El granjero se encarga de su cuidado y de la gestión de los purines. “Evidentemente es un coste de explotación. Estamos luchando para que la integradora los valore”, apunta Jaume Bernis, responsable del sector porcino de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG).

"Mas tiempo", reflexiona Xavier Flotats, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cataluña que estudia la problemática de los purines desde hace 40 años. "Estamos mejor que al principio, pero no mucho", mantiene. En ocasiones tiene la sensación de estar predicando en el desierto, "aunque es verdad que hay ganaderos que están preocupados e intentan hacer las cosas bien, pero no son la mayoría". La solución, opina, sería elaborar un plan estratégico a medio y largo plazo que regular cómo debe producir el sector de forma sostenible, no solo como aplicar los purines o evitar las emisiones. “Todos dicen que es una idea muy buena, pero nadie lo hace”, ironiza.

Aragón es la comunidad con la mayor cabaña porcina de España con ocho millones de animales.  Cada maño toca a más de seis cerdos. La sigue Cataluña, líder durante muchos años hasta que se llenó. En este escenario, el rechazo a las granjas de cerdos industriales se ha extendido. Los vecinos de Banastás, un pequeño municipio a nueve kilómetros de Huesca; de los cercanos Plasencia del Monte, Chumillas y otros han constituido la plataforma Hoya Huesca Viva en lucha contra las explotaciones intensivas de cerdo. Las granjas se les están acercando impulsadas por el boom del sector que ya ha saturado comarcas cercanas. Y ellos ya tienen los acuíferos contaminados por nitratos, una suciedad que también procede del uso de plaguicidas y pesticidas en agricultura.

“Desde 2017, cuando empezaron a construir granjas en los alrededores las concentraciones subieron”, explica Cristina, miembro de la plataforma. El Ayuntamiento lo advierte en un bando del 25 de octubre de 2018: “El agua se considera no apta para el consumo”, aunque se podrá utilizar para otros usos domésticos. Al lado la causa: el nivel de nitratos alcanzó en marzo 110 miligramos por litro, más del doble de los 50 permitidos. No es la única en la zona, la plataforma vecinal Loporzano SIN ganadería intensiva se formó para parar dos granjas de porcino. Este municipio aglutina a 15 núcleos de escasa población.

La situación se ha complicado en lugares que la Consejería de Desarrollo rural de Aragón considera “zonas saturadas de nitrógeno”, donde ya no hay más campo donde esparcir las deyecciones procedentes de las granjas intensivas. Albalatilla es uno de los municipios afectados. Allí vive Carlos Soplón, concejal del Partido Aragonés (PAR) y propietario de una explotación de cerdos de 750 madres (reproductoras) que al año engendran a 2.000 cerdos. En el municipio, de 800 hectáreas, se reparten seis granjas más y hay otra en construcción. Explica a la puerta de su casa que “hoy en día se empieza a tener conciencia del problema ambiental”. El cambio ocurrió cuando el Ministerio determinó que para abrir una granja se necesita justificar unas hectáreas disponibles para desprenderse del purín como fertilizante. En su caso, precisa de 70 (una hectárea equivale a un campo de fútbol). “El problema es la mala gestión, no se debería verter más si el cultivo no lo necesita”, aclara.

El Ministerio sostiene que, aunque la cantidad de estiércol que se produce es alta, todavía existe tierra que lo necesita y donde se puede gestionar. Aunque reconoce que "es posible que en algunos puntos concretos, de elevada densidad ganadera, se pueden encontrar dificultades para la gestión del purín". Además, está elaborando un proyecto de Real Decrecto con normas para disminuir el impacto ambiental en la aplicación de los purines y otros productos fertilizantes.

“Las cifras son salvajes”, apuntilla Fernando Suárez, ingeniero agrónomo y gerente de la empresa Sidema, que trata purines y construye plantas de biodigestión y recuperación de fertilizantes. “La situación es muy triste porque se puede solucionar sin necesidad de construir infraestructuras muy sofisticadas”, asegura. Considera que la fuerza macroeconómica del sector, que representa el 36,8% de la producción final ganadera, dificulta la adopción de medidas. Además, apunta a la falta de control. “El ganadero lleva un libro donde anota donde aplica el purín, pero es dificilmente controlable”, comenta.

El sector esgrime el peso económico y su capacidad para crear puestos de trabajo y fijar población en zonas muy deshabitadas. “Los primeros interesados en una buena gestión somos los ganaderos”, responde Jaume Bernis, criador de cerdos y responsable del sector en COAG. En su  granja de 1.110 madres cuenta con una instalación en la que separa la materia sólida de la líquida (más del 90% del purín es agua). “La fracción líquida se vuelve a tratar, para reducir los nitratos y la sólida se lleva a una planta de compostaje”. También existen empresas que recogen los purines y se encargan de tratarlos, y se puede ajustar la alimentación para que los excrementos contengan menos nitratos.

Miguel Ángel Higueras, director general de Anprogapor, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, sostiene que la producción de purín está bajo control. Además, han conseguido reducir la producción de nitrógeno por kilo de pienso y asegura que se van a empezar a cubrir las balsas donde se almacenan los excrementos, lo que evitará emisiones.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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