Diez alcaldías, y una en duda, contra 126.000 marranos

Si el proyecto sale adelante, 126.000 cerdos serán transportados cada año a las naves de la macrogranja porcina que se quiere instalar en el término municipal de Dehesas de Guadix, en la zona norte de Granada. A su llegada, los marranos pesarán 20 kilos y, casi cinco meses después, deberían salir de allí camino del matadero con unos lustrosos 100 kilos. El proyecto se encuentra aún en la fase inicial de consecución de los permisos oportunos pero ya se ha encontrado con los primeros opositores: los diez alcaldes de los municipios cercanos y una plataforma ciudadana que ha conseguido ya 2.000 firmas contra la instalación. Solo hay un alcalde en duda, el de Dehesas de Guadix, municipio al que pertenecen los terrenos que alojarán la granja y de quien depende el visto bueno definitivo al proyecto.

La paradoja de la situación es que el permiso depende de Dehesas que, por la configuración del término municipal, es el núcleo urbano habitado más alejado de los cerdos, a nueve kilómetros explica su alcalde, y, por tanto, el menos afectado por las previsibles consecuencias medioambientales de la instalación.

La empresa Vagido Alto S.L.U. ha pedido a ese ayuntamiento la declaración de utilidad pública e interés social para un proyecto que supone la creación de 28 naves, distribuidas en siete localizaciones sobre una gran finca rústica, capaces de albergar 50.400 cerdos a la vez. La velocidad con la que los gorrinos pasan de 20 a 100 kilos, su peso ideal, permitirá 2,5 ciclos de engorde al año. En definitiva, las instalaciones albergarán 126.000 animales cada doce meses. La distancia de las naves a los distintos pueblos de alrededor varía pero, según reconoce la empresa promotora, una de las siete unidades de engorde, con capacidad para 7.200 cochinos, estará a poco más de dos kilómetros de otro pueblo, Cuevas del Campo, localidad sin voto en la concesión de los permisos.

Ha sido Ecologistas en Acción quien ha iniciado la campaña contra esta macroinstalación que, desde el punto de vista urbanístico, consiste en 28 naves de 114 metros de largo por 14 de ancho y más de un centenar de silos para la alimentación de los animales y una inversión que supera ligeramente los 1,1 millones de euros. A finales del año pasado, Ecologistas convocó a los ciudadanos de Cuevas para contarles el proyecto. José Antonio Cabrera, su portavoz local, enumera los dos problemas principales: “El primero, un maltrato animal brutal. En instalaciones pequeñas y poco intensivas, una madre fértil tiene una vida de 14 o 15 años que, en este tipo de instalaciones intensivas ser reduce a 5. El segundo problema es medioambiental, con un consumo de agua ingente, que vendrá del río Guadiana Menor y unos vertidos de purines que, por el sistema de decantación, acabarán filtrados a la tierra y, finalmente, en el río. Y los purines, compuestos principalmente por amoniaco y nitratos, incluyen también los antibióticos y medicamentos que les dan a los animales”. El listado de objeciones lo completan “las moscas y olores que este tipo de instalaciones genera, que hace insostenible vivir cerca”. Este diario se ha puesto en contacto con Ramón Sabater Sánchez, propietario de la empresa promotora, y aunque atendió la llamada, declinó dar su versión.

Eva Pérez es una ciudadana de Cuevas del Campo y portavoz de la Plataforma de Protección de la Ribera del Guadiana Menor, que lidera la oposición a la macrogranja. Pérez recuerda que “este es un asunto supramunicipal y, por tanto, no solo el municipio al que pertenece el terreno debe tener opinión. Nos afecta a muchos más y queremos que se nos oiga”.

A las objeciones de Ecologistas, Pérez suma otra: “Es que, además, apenas se crea empleo. Según el proyecto, en el mejor de los casos solo se generarán 11 empleos con un sueldo anual de 18.000 euros. Además, un salario muy bajo”. El proyecto empresarial imputa, efectivamente, 1,5 empleos a cada una de las siete unidades productivas.

La previsión de la empresa en cuanto al consumo de agua es de 237,5 millones de litros al año, algo así como una piscina olímpica cada cuatro o cinco días. Sobre este aspecto, Pérez insiste en ser realista: “Estamos en una zona semidesértica en la que el agua no abunda”.

El proyecto se ha topado con la oposición de la decena de alcaldes de los de los pueblos de alrededor. Carmen Martínez es la alcaldesa socialista de Cuevas del Campo, el pueblo más afectado por la cercanía de la granja. “Todos los alcaldes estamos en contra de este proyecto. Tememos por los olores, por las plagas de moscas y roedores y por el fin del turismo rural. Además de no generar empleo, medioambientalmente es un desastre para nuestro turismo, agricultura y ganadería”, explica.

Por su parte, el popular Antonio Moraleda, alcalde de Dehesas de Guadix, a nueve kilómetros de la nave de cerdos más cercana, no se pronuncia en ningún sentido: “Hemos dado el cauce oportuno a la documentación y cuando consiga, o no, los permisos medioambientales entonces tocará decidir al ayuntamiento. Ahora mismo no tengo una postura definitiva. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que creen que es beneficioso para el pueblo”. En cualquier caso, el proyecto está aún en una fase inicial y todas de las fuentes consultadas estiman que faltan más de dos años para conocer si el proyecto será realidad o no.