El CSIC aleja el riesgo de quiebra con 70 millones del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un crédito extraordinario de 70 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de manera que, sumados a los 25 que ya recibió dicha institución el verano pasado, prácticamente se cubren los 100 millones de rescate que necesitaba para superar la situación de números rojos que venía acarreando —y creciendo— desde 2009, cuando comenzaron los recortes de la financiación de la ciencia. La Secretaría de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, de la que depende el CSIC, contaba con 50 millones de crédito extraordinario este otoño y, en todo caso, otros 25 en 2014. Finalmente, el Gobierno ha preferido hacer frente este año a la crítica situación de la institución casi completando el rescate ahora con 70 millones.

“La situación es un cataclismo”, llegó a decir el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, el pasado julio, advirtiendo: “No puedo empezar 2014 con déficit. El mínimo de 100 millones lo necesito para llegar a fin de año”.

El crédito extraordinario evita ahora “el cataclismo”, pero el año que viene, el CSIC cuenta con el mismo presupuesto que en 2013, 602 millones de euros en total, según la propuesta presupuestaria elaborada por el Gobierno. Esta cantidad está muy lejos de los 879 millones con que contaba en 2008. Para 2014, aumenta en 50 millones la transferencia del ministerio, que pasa de 400 a 450 millones, pero la estimación de captación de recursos por parte del propio CSIC en proyectos científicos y contratos cae de 200 a 150 millones.

El agujero en la caja del CSIC se generó por los recortes continuados, desde 2009, en las transferencias que recibe del Gobierno, que han acumulado más de un 30% de reducción. Los salarios han estado en todo momento garantizados, asegura una portavoz de la institución. Pero se había profundizado el abismo contable, por ejemplo con el pago de las nóminas del personal contratado, sobre todo de los contratos del programa JAE (Junta de Ampliación de Estudios) del CSIC para investigadores, predoctorales, becas y técnicos.

Desde el año pasado el CSIC ha cortado totalmente la contratación JAE, pero no se han producido despidos de personal laboral con contrato vigente. Desde 2008 se incorporaron 2.045 JAE (doctores) en distintas convocatorias y en estos momentos hay 300, que irán terminando su contrato en 2014 y 2015, informa la institución. La plantilla total del CSIC ha caído de 12.928 personas, en noviembre de 2011, a 11.582 el pasado junio, y los becarios de 618 a 435, según informó el Gobierno en julio. CC OO afirma que, según datos presentados en el Consejo Rector de la institución, desde enero de 2012 hasta ahora, se han perdido 2.400 puestos de trabajo (incluidos becarios).

La precaria situación económica del CSIC ha supuesto para muchos científicos problemas de suministros para sus investigaciones, el cierre de edificios e institutos en verano para ahorrar o incluso restricciones del aire acondicionado en los laboratorios (lo que impide, por motivos de seguridad, la utilización de gas en los laboratorios al no estar debidamente ventilados). Además, se ha cortado la inversión en infraestructuras y renovación de equipos.

“El crédito de 70 millones, sumados a los 25 de este verano, significan eliminar la incertidumbre constante en la que estábamos viviendo”, señaló la portavoz de CSIC. Lora Tamayo informará a los directores de los institutos el próximo lunes acerca de la situación.

“Con esta cantidad se atajan los problemas de liquidez que arrastraba desde hace años el organismo de referencia de la investigación española”, ha declarado este viernes la Secretaría de Estado de I+D+i. “Por su parte, el CSIC ha elaborado un Plan de Compromisos de Viabilidad (2013-2015) aprobado por su Consejo Rector, cuyas medidas supondrán un ahorro de costes de 50 millones de euros en 2013. Este conjunto de medidas asegura la estabilidad y el equilibrio entre ingresos y gastos del CSIC a partir de 2014, lo que permitirá que el mayor organismo científico del país pueda continuar con su actividad investigadora con normalidad”.

La crisis del CSIC estalló el pasado verano cuando Lora Tamayo asignó a cada instituto un límite de gasto, de manera que los científicos no podían disponer de la financiación que cada uno de ellos había obtenido en proyectos competitivos estatales o internacionales. Muchos investigadores lo denunciaron como corralito que comprometía la continuidad de sus investigaciones. La alarma y las protestas generalizadas no se hicieron esperar. Ya en pleno agosto y con la incertidumbre sobre el futuro inmediato del CSIC más acuciante que nunca, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, anunció su plan de adelantar unos meses la transferencia del dinero de los proyectos de investigación del Plan Nacional para que el CSIC pudiera hacer frente a los pagos.