Sanidad impone el pago de ambulancias pero baja los topes para los crónicos

El Gobierno da un paso más en su reforma para ceder cotas del modelo sanitario público gratuito y universal. El Ministerio de Sanidad acordó ayer con las comunidades dar luz verde al copago para las ambulancias para el transporte no urgente, las prótesis —como sillas de ruedas o muletas— y para los productos dietoterápicos, único alimento posible para muchos enfermos.

Tras las críticas de asociaciones de pacientes y de algunas comunidades autónomas —algunas del Partido Popular, como Castilla y León o Murcia—, el departamento de Ana Mato aceptó finalmente reducir la aportación para los enfermos crónicos que precisen tratamiento durante más de seis meses. Estos pagarán un máximo de entre seis y 60 euros al año, en función de su renta, en lugar de los 5 euros por traslado que marca la nueva regulación.

Echániz define las medidas como "justicia social en función de la renta"

Sanidad propuso, además, a las comunidades limitar a cinco las enfermedades estudiadas en las pruebas del talón y acotar los requisitos de las personas que se sometan a tratamientos de reproducción asistida, como primeras líneas de la cartera básica de servicios que el Gobierno pretende establecer. Unas líneas complicadas que las autonomías analizarán durante dos meses.

Para lo que tienen hasta junio es para poner en marcha los nuevos copagos. La aportación por las prótesis, los dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente ya se recogían en el decreto de abril con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy consagró la reforma sanitaria, aumentando el copago farmacéutico y excluyendo de la atención normalizada a los inmigrantes en situación irregular. Ayer, sin embargo, quedaron negro sobre blanco las cantidades. Los pacientes pagarán por sus prótesis un tope máximo de entre 20 euros, para audífonos, sillas de ruedas o plantillas; y 40 euros para otros productos, como las muletas. Además, los enfermos crónicos que tengan que ir en ambulancia a tratarse deberán pagar unos cinco euros por traslado —el 10% de los 50 que, según Sanidad, cuesta—. Si ese desplazamiento es de ida y vuelta, les costará unos 10 euros.

Las autonomías socialistas critican el "rodillo" aplicado por el PP

La polémica medida ha suscitado las críticas de los expertos y de las asociaciones de pacientes, que alertan del riesgo que supone que algunos enfermos no puedan costearse el traslado —solo están exentos aquellos a los que por renta no les afecte el copago farmacéutico—. Sanidad y las comunidades han estudiado una propuesta de la Asociación de Enfermos Renales Alcer para que aquellos enfermos crónicos que precisen tratamiento durante más de seis meses paguen un máximo de 60 euros al año, en función de su renta —algo que Sanidad y algunas autonomías definen como “simbólico”—. La medida, no obstante, no satisface a las autonomías de la oposición, que han exigido la retirada total de estos copagos. “El Gobierno no tiene un modelo claro de lo que pretende hacer con el transporte no urgente. Y en esto y en todo parece que ha descubierto el copago como única solución, una medida que perjudica a los ciudadanos más vulnerables y enfermos”, criticó el consejero asturiano, Faustino Blanco.

Un argumento que también sacó a relucir la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero: “Un enfermo de cáncer de esófago, por ejemplo, puede estar obligado a pagar unos 50 euros al mes entre el transporte y los dietoterápicos”. Algo “intolerable”, dijo.

Los pacientes que precisen alimentarse de estos productos deberán pagar un 10% de los envases, con un máximo de un euro por producto. Y el copago afectará también a los preparados de prescripción hospitalaria.

Sanidad, sin embargo, no ve en absoluto injustas las medidas. Tampoco el consejero de Castilla-La Mancha y portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz — “justicia social en términos de renta”, las definió— entiende que sean contraproducentes porque expulsen del sistema a personas que necesitan tratamiento. “Son necesarias. Lo irresponsable ahora mismo es no hacer reformas”, dijo tras la reunión con la ministra Mato.

También esta habló de la necesidad imperiosa de hacer reformas, y anunció que su departamento estudia ahora de nuevo los límites del copago, incluido el farmacéutico en el escalón que va de 18.000 a 100.000 euros; un escalón demasiado amplio, según muchos.