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"Se ha trabajado inteligentemente" resume Carlos Babío, nieto de una mujer cuya casa quedó dentro de los muros del pazo de Meirás cuando las autoridades del régimen decidieron acrecentar la finca con las propiedades colindantes para mayor gloria del Generalísimo. Babío empezó investigando la expropiación forzosa de su abuela, una madre y viuda joven que quedó "en la miseria" en 1938, y acabó estudiando durante 22 años todo el proceso de "apropiación" de Meirás (Sada, A Coruña).

Hace cinco meses le telefoneó Fernando Martínez, director general de Memoria Histórica, y lo convocó a una reunión en el Ministerio de Justicia. En febrero, en Madrid, el alto cargo le anunció a Babío que iban a presentar la demanda civil del Estado que reclama la devolución del pazo y le pidió colaboración para que la Abogacía del Estado en A Coruña pudiese digerir la avalancha documental con la que ya se contaba y que un año antes había servido de base para dos dictámenes jurídicos de comisiones de expertos. Uno promovido por el Parlamento gallego y otro por la Diputación de A Coruña. Ahora, estos organismos que concluyeron que era posible legalmente reclamar la devolución de Meirás al patrimonio público aplauden el paso dado al fin por el Gobierno, una demanda que la Cámara gallega aprobó por unanimidad en 2018, cuando todavía era presidente Rajoy.

La primera comisión, la del Parlamento, se constituyó a finales de noviembre de 2017, estaba presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y conformada por 11 miembros procedentes del mundo académico, jurídico y cultural. Núñez Seixas se declara "profundamente satisfecho" y reivindica que este proceso que el miércoles acabó con la interposición de la demanda contra los Franco es también consecuencia del trabajo "bien hecho" en el marco del grupo designado por la Cámara autonómica. Al final, explica Babío, autor junto al historiador Manuel Pérez Lorenzo del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, lo que ha pasado en estos tres últimos años ha sido que se ha "institucionalizado" un clamor que "ya estaba en la calle" hacía mucho tiempo y que empezó a ser tangible en 2007, cuando la Xunta (entonces gobernada por PSOE y BNG) inició el proceso para declarar bien de interés cultural (BIC) el inmueble histórico.

Babío, que fue concejal del BNG en Sada y que plasmó en su libro la mayor investigación hasta el momento sobre la historia de la mansión que mandó construir la condesa de Pardo Bazán a finales del siglo XIX sobre las ruinas de otro edificio destruido durante la Guerra de la Independencia, está actualmente pendiente de dos demandas de los Franco. Ninguna de ellas tiene que ver con la publicación, en 2017, del grueso volumen en lengua gallega sobre Meirás, sino que fueron interpuestas hace pocos meses, en 2019, por sus declaraciones sobre el "expolio" del dictador en dos programas diferentes de televisión. El mes pasado estaba citado en un par de juzgados de la comunidad de Madrid a sendos actos de conciliación pero no se presentó: "No tengo nada que conciliar con los Franco", declaraba en su momento el hombre que ha dedicado su vida a desentrañar la forma en que el pazo se incorporó al patrimonio privado de los herederos.

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"Todo indica que la demanda está bien fundamentada, bien armada, y con razonables posibilidades de éxito", opina Núñez Seixas, profesor de la Universidad de Santiago. La reclamación incluye un documento hasta ahora desaparecido —localizado por los abogados del Estado en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña, prácticamente inaccesible para quien no acuda autorizado—, en el que consta que Meirás fue comprado por más de 406.000 pesetas por la llamada Junta pro-Pazo (el grupo de hombres del régimen en la provincia) a la nuera de Emilia Pardo Bazán en 1938. Este escrito demuestra, según el Gobierno, que el contrato de compraventa formalizado por 85.000 pesetas a favor de Franco en 1941 y que le valió para inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de Betanzos es "fraudulento".

El acta notarial de 1938 era clave para poder demostrar la Abogacía del Estado la ilegalidad del proceso. El resto de la documentación la obtuvo de los informes de los expertos gallegos y, sobre todo, de Babío y Pérez Lorenzo, que habían hecho acopio de ingente material para demostrar que Meirás funcionó hasta la muerte del dictador como residencia estival oficial del jefe del Estado, como un apéndice de El Pardo, con personal y oficinas gubernamentales propias. Tanto era así que la casa expropiada a la abuela de Babío se reformó y amplió para convertirse en residencia de los guardias civiles que custodiaban la finca del pazo todo el año.

La Diputación de A Coruña, que dio la primera vuelta de tuerca hace tres años al crear la Xunta pro-Devolución del Pazo (en contraposición con la Junta pro-Pazo del Caudillo creada en plena guerra), también aplaude que el caso haya llegado a los tribunales, en concreto, de momento, asumido por el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña. Por su parte, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña pide que la reclamación judicial de Meirás sea solo "el primer paso" para "terminar con el expolio" y "el botín de guerra" de los Franco, conseguido a través de la "corrupción política y económica" y el "terror".

Feijóo: “Hay causa para reclamar”

Todos los partidos con representación parlamentaria celebraron este jueves la noticia de la demanda del Gobierno contra los nietos de Franco y la sociedad mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia. Alberto Núñez Feijóo, jefe del PP de Galicia, mostró su satisfacción por que el Gobierno de España "coincida con los criterios del Ejecutivo gallego". "Hay causa para reclamar", aseguró por la mañana, aunque luego avanzaba que había "dificultades de legitimación" para que la Xunta, que él gobierna, se personase como acusación en el proceso. Varias horas después, no obstante, y mientras diferentes entidades y representantes de la oposición reclamaban la personación del Gobierno autónomo, Núñez Feijóo anunció en su cuenta de Twitter que los juristas de la Xunta veían factible hacerlo.

Antes que el presidente gallego, Benito Portela, el alcalde de Sada (por el partido Sadamaioría), donde se ubica el pazo, también anunció que el Ayuntamiento rastreará todas las vías legales para personarse en una causa que considera también suya. Hace un año, el mismo día en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, Portela le envió una carta pidiéndole que restaurase la memoria histórica reclamando Meirás para el patrimonio público. Al poco tiempo, con la polémica sobre la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos en plena ebullición, Portela volvía a enviarle otra carta al presidente, porque no había obtenido respuesta.

Las reacciones a la noticia de la demanda del Estado a los Franco se sucedieron este jueves desde primera hora. El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, insistió en que la reclamación judicial es la prueba de que el Gobierno socialista es "de palabra" y "cumple sus compromisos", mientras que Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, anunció una proposición no de ley para reclamar a Feijóo que "la Xunta sea codemandante" en este "importante" paso que se acaba de dar. "No se puede bajar la guardia", advirtió el diputado Luís Bará, del BNG: el Gobierno debe tener "valentía" para llegar ahora hasta el final.