El Gobierno abre otro frente con los Franco y exige el pazo de Meirás por “fraude” en la compra

Los sucesores de Emilia Pardo Bazán vendieron las Torres de Meirás dos veces, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica. Un documento de 1938 desconocido hasta ahora sirve de base a la Abogacía del Estado para construir la demanda de casi 100 folios que este miércoles presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en los juzgados de A Coruña para reclamar a los Franco la devolución del pazo. Según el Ejecutivo, esta acta, firmada ante notario en el despacho del gobernador civil del momento, confirma que un contrato de venta a Franco tres años después fue “fraudulento” porque ya era residencia de la Jefatura del Estado.

El protocolo notarial hallado demuestra que la propiedad ya había sido comprada el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro-Pazo (que formaban los prohombres del régimen) por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. El dinero había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y se pagó con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los Ayuntamientos de la provincia. Sin embargo, tres años después, el 24 de mayo de 1941 se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora.

A esas alturas, el pazo de Meirás llevaba casi tres años ocupado y sumido en las obras de reforma y ampliación, pero el escrito de 1941 sirvió para crear “artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, una cantidad que los letrados califican de “irrisoria”.

“Es evidente que nos encontramos ante un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido ya vendido años antes” y “entregado al Jefe del Estado” en un acto oficial en diciembre de 1938, defiende el Gobierno. La demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se presenta contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.

Desde 1938, “el inmueble estaba siendo remodelado y los accesos e infraestructuras que daban servicio a la finca estaban siendo mejorados y ejecutados por la Diputación y por la Jefatura Provincial de Obras”, recuerdan los abogados. Y describen cómo Meirás fue asumido como una prolongación del palacio del Pardo, con oficinas y personal público, hasta el punto de que en la residencia estival del municipio de Sada (A Coruña) se usaban los mismos papeles oficiales y se tachaba la palabra “palacio” para reemplazarla por “pazo”.

En este propósito de simular la venta, el contrato de 1941, que sirvió a Franco para inscribir Meirás a su nombre en el registro de la propiedad, corrige además una escritura particional de 1940 sobre la herencia del nieto de Emilia Pardo Bazán que ya no incluía el pazo, como si se tratase de un olvido la ausencia de la mansión en la relación de bienes hecha por esa familia. Es por estas maniobras a las que supuestamente accedió la nuera de la autora gallega, Manuela Esteban-Collantes, que la demanda del Estado se dirige también contra sus “ignorados herederos” actuales.

La demanda civil reivindica la rectificación del registro de la propiedad y la nulidad del título de donación en 1938 (cuyo pergamino original desapareció por sorpresa del archivo de la Diputación de A Coruña en 2007, un año antes de que Meirás fuese declarado BIC), la “compraventa fraudulenta” de 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco. El fin último es recuperar la posesión y ver reconocida la propiedad de Meirás a favor del Estado. Con esto, el Gobierno de Sánchez abre un nuevo frente que se suma al pulso que mantiene con la familia por la exhumación de los huesos del dictador del Valle de los Caídos.

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En agosto de 2018 la Xunta de Galicia trasladó al Ministerio de Justicia una resolución unánime del Parlamento gallego en la que se instaba al Estado a que llevase a cabo acciones legales para recuperar el pazo para el patrimonio público. Desde entonces, los servicios jurídicos han revisado toda la documentación existente, y los informes de sendas comisiones de expertos aportados por la Xunta y la Diputación de A Coruña. Pero además han sacado a la luz el nuevo documento que consideran “clave” porque “demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre”. Según los abogados del Estado, estos hechos, la simulación del negocio de compraventa para encubrir la donación anteriormente celebrada y permitir una inscripción a título particular de un edificio que había sido transmitido previamente a la Jefatura del Estado, estaban castigados como delito de falsedad en documento público ya en el Código Penal de aquel momento.

En su reclamación judicial, el Gobierno defiende que desde 1938 y hasta la muerte del dictador el pazo funcionó como residencia oficial de verano del Jefe del Estado, sostenida y mantenida “exclusivamente” con fondos públicos a lo largo de todo su mandato. Se celebraban Consejos de Ministros y audiencias. Era “un bien afecto a la Jefatura del Estado, y fruto de esa posesión en concepto de dueño y de forma pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años se produjo su adquisición por el Estado por medio de la figura de la usucapión extraordinaria”. Era un bien de dominio público, “y por tanto imprescriptible”, que convierte en nulas las operaciones particionales de los herederos de Franco, afirman los letrados.

El Gobierno recuerda que incluso después de morir Franco, Meirás siguió varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil, sin que hubiese uso por parte de la familia a título particular, hasta que a finales de los noventa se ejecutaron obras de restauración. Desde 2008, al ser declarado el pazo bien de interés cultural, la familia se mostró reticente repetidas veces a abrirlo al público. El Gobierno gallego acabó sancionando a los herederos por no cumplir el régimen de visitas y la hija del dictador encomendó su gestión a la fundación Franco.

Desde agosto pasado, está a la venta en un portal inmobiliario por ocho millones de euros, la mitad de su valor. Por esto, los letrados solicitan al juzgado una medida cautelar: la anotación de la demanda en los folios registrales correspondientes al pazo para evitar que un hipotético cambio de manos dificulte la recuperación.