Los tres portazos a negociar la exhumación de la familia Franco

Es viernes 22 de febrero. Media mañana en el reservado de un restaurante de Madrid. Dos abogados de 45 y 50 años que no se conocen pero llevan unos meses marcándose al milímetro se ven por primera vez cara a cara. En la mesa no hay ni vasos de agua. Uno representa al Gobierno, porque es el secretario general de la Presidencia. Otro, a la familia Franco. Hablan durante dos horas y cuarto de casi todo, pero en la negociación sobre la exhumación del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos se atascan.

El asunto ha sido la estrella en el penúltimo Consejo de Ministros de la legislatura que se está celebrando en esos instantes. Los Franco se sienten “ultrajados” y rechazan de nuevo que su abuelo sea exhumado. Es la tercera vez que el Ejecutivo intenta la mediación pero la primera directamente: la anterior fue en Navidades a través del obispo de Madrid, Carlos Osoro, y la primera en junio, nada más llegar al poder los socialistas, con la intercesión del presidente de Patrimonio, Alfredo Pérez de Armiñán. El Gobierno recibe un tercer portazo cuando estaba abierto a permitir unas exequias en el templo, un adecentamiento del nuevo panteón en el cementerio de El Pardo y hasta a ponerle precio a la venta de ese sepulcro, propiedad de Patrimonio Nacional.

Luis Felipe Utrera Molina es un abogado sevillano especializado en derecho mercantil y procesal, uno de los ocho hijos del falangista José Utrera Molina, que fue ministro secretario general del Movimiento en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro. También es cuñado de Alberto Ruiz Gallardón. Un día, siendo muy niño y en los estertores de Franco, conoció al dictador en El Pardo. Las dos familias siempre estuvieron muy unidas y la hija mayor de Franco, Carmen, le nombró más tarde albacea familiar. Desde entonces se ha tenido enfrascar en los vericuetos del derecho contencioso administrativo y ahora se siente cómodo en ese papel.

El viernes 15 de febrero pasado, tras numerosos anuncios y tropiezos, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez resuelve finalmente el expediente administrativo final para proceder a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El lunes 18 Utrera Molina recibe por la mañana una llamada en su despacho en la que le anuncian que le pasan con la Presidencia del Gobierno. Contesta y se pone al otro lado del aparato el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, un abogado experto en Derecho Laboral, vinculado profesionalmente al Banco de España y políticamente a la convulsa Federación Socialista Madrileña, al que Sánchez reclutó por sorpresa para su gabinete por lealtad personal y política.

Bolaños y Utrera Molina se presentan aunque ya se seguían, se respetan y quedan para verse. La cita se fija en un reservado de un restaurante de Moncloa el viernes 22 a las 11.00. No toman nada. En 135 minutos a solas da tiempo para abordar muchos temas, pero el mensaje central del Ejecutivo es que la exhumación “es un mandato democrático aprobado por las Cortes imparable e innegociable” que si se entiende y acepta puede permitir a continuación “hablar de todo lo demás”. La charla es cordial, según han confirmado a EL PAÍS desde las dos partes.

La familia Franco está obsesionada con evitar una exhumación “humillante y ultrajante”. Su albacea transmite que su objetivo en este contencioso era que su abuelo recibiera un trato “digno”. El enviado del Ejecutivo repite su mandato varias veces: “Si se llega a un acuerdo y se asume la exhumación entonces se podría valorar y estudiar cómo se hace y en qué condiciones”, según fuentes directas de ambos bandos. No acepta ningún compromiso pero se abre a sopesar una salida del féretro de Franco de la Basílica según los gustos incluso religiosos de la familia.

Es en ese momento cuando el representante gubernamental ofrece la posibilidad de celebrar unas exequias íntimas en la Basílica del Valle, acondicionar el panteón en mal estado del cementerio de Mingorrubio (en El Pardo) donde ya está enterrada su viuda (Carmen Polo), aumentar su seguridad y hasta entablar un proceso de compraventa del mismo.

Los Franco recuerdan ahí que ese panteón, que según diversos testimonios directos era donde el dictador quería ser enterrado con su mujer, no es de su propiedad. El Gobierno cree que podría encontrar una solución jurídica a ese escollo, según las mismas fuentes. Pero envía un último recado: “Si llegamos a un entendimiento todo se puede valorar menos la exhumación, si no iremos a un pleito de resultado incierto”. Los dos abogados acordaron mantener sus contactos en la “confidencialidad durante el diálogo” para evitar la presión mediática. No fue posible.

El albacea de los Franco abandonó la cita sabiendo de antemano cuál iba a ser la oposición frontal de sus representados pero pidió un poco de tiempo. El jueves 28 de febrero los siete nietos estaban todos en Madrid y concertaron un encuentro. Carmen Martínez Bordiú pasa ahora largas temporadas en Portugal y Merry en Estados Unidos. La respuesta es el rechazo. La cerrazón a ceder es total y no hay fisuras. Unanimidad. Argumentan que para ellos la exhumación del dictador del Valle, ahora y tras el órdago lanzado nada más llegar a La Moncloa por el presidente, es un “un asunto muy sensible, que les afecta muy profundamente”. Rememoran en ese punto que su madre, Carmen Polo, falleció hace un año y les advirtió de que esto podría pasar y les pidió que se mantuvieran unidos. Se conjuran a aguantar y solo conceden que si el Tribunal Supremo lo ordena se atendrán a lo que sentencie solo la Justicia.

Utrera Molina llama a Bolaños y le confirma la nueva negativa y que se encomiendan a la batalla judicial. El Gobierno, en el último decreto, había otorgado otro plazo de 15 días a los Franco para ofrecer un sepulcro alternativo, que tampoco fuera la cripta de La Almudena, en pleno centro de Madrid e inconveniente por varias razones, también de seguridad. Esa tregua acaba el lunes. El albacea, por si acaso y para evitar cualquier interpretación de silencio administrativo desfavorable, remitió este pasado jueves al Ejecutivo un escrito avisando de que no consumirá los dos meses previstos para registrar el recurso ante el Supremo. Lo hará ya y pedirá medidas cautelares contra ese plazo, contra la exhumación y contra la prohibición de que la hipotética inhumación “viable” no pueda concretarse en La Almudena.