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El Gobierno garantiza que los Franco podrán asistir a la exhumación

El acuerdo del Consejo de Ministros rebate los argumentos jurídicos de la familia y explica que el derecho a decidir dónde se entierra a un ascendiente no es absoluto

Exhumacion Franco
Tumba de Francisco Franco en el crucero central de la basílica del Valle de los Caídos.

El Gobierno ha enviado ya a los familiares del dictador Francisco Franco el acuerdo del Consejo de Ministros, en el que rebate uno por uno los argumentos jurídicos de estos para oponerse a la exhumación y les anuncia cómo se hará. Uno de los elementos más novedosos de este acuerdo, que explicó por encima la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el pasado viernes, pero no se publicó, consiste en la garantía absoluta de que los familiares podrán estar presentes en la exhumación y el traslado de los restos. Esto implica que la exhumación no se hará de forma discreta o incluso de madrugada, como se planteó en algún momento, sino con total publicidad y con los Franco, sus mayores opositores, delante.

Se hace así para dar aún más garantías y evitar las medidas cautelares del Tribunal Supremo, que los Franco dan por hechas pero el Ejecutivo ve como muy improbables porque considera que la argumentación jurídica es muy sólida y la decisión viene avalada por un real decreto ley convalidado en el Congreso y que, transcurridos los seis meses previstos, ni el PP ni Ciudadanos han decidido recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional. EL PAÍS ha tenido acceso a los elementos fundamentales del acuerdo, que señala que "habrá de garantizarse, en todo caso, la dignidad y respeto en el tratamiento de los restos mortales, así como la intimidad y la libertad religiosa de los afectados, el derecho de los familiares a estar presentes en el momento de la exhumación, traslado e inhumación, así como la seguridad tanto de los restos mortales como del orden público”. El acuerdo busca en todo momento extremar las garantías para evitar el reproche del Supremo.

Un asunto clave del acuerdo es que señala que "la titularidad del Valle de los Caídos corresponde a Patrimonio Nacional, quien administra el mismo a través de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en cuya dotación se incluyeron, entre otros bienes y derechos, el Valle de Cuelgamuros con todos sus edificios, terrenos y derechos accesorios, atribuyéndoles la condición de bienes de dominio público con el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Esto es fundamental para que el Estado pueda disponer qué se hace en el Valle y pueda entrar a hacer la exhumación a pesar de la oposición del abad de la basílica.

El acuerdo también destaca que el Gobierno ya ha obtenido todos los permisos necesarios, entre ellos el informe favorable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, competente sobre el proyecto de obra de exhumación, el informe del órgano competente en materia de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid, que señaló que al haber transcurrido más de cinco años desde su fallecimiento, la exhumación de los restos de Francisco Franco no está sometida a ningún requisito administrativo, además del informe de la delegación del Gobierno de Madrid, que desaconseja la inhumación en La Almudena por motivos de seguridad y orden público. 

Al entrar en los argumentos jurídicos para hacer la exhumación en contra de la opinión de los nietos -la mujer y la hija ya fallecieron- el Gobierno señala que “no asiste a los familiares de Francisco Franco un derecho a exigir que su pariente permanezca en el lugar de enterramiento que le fue originariamente asignado al ser tal lugar de enterramiento un espacio de titularidad pública y corresponder, por consiguiente, a los propios poderes públicos, decidir libremente el uso que haya de dársele". Según el Gobierno, tanto el ordenamiento jurídico como la jurisprudencia nacional e internacional “no reconocen en términos rotundos la existencia de un «derecho a disponer de los restos mortales de familiares", "no impiden en términos absolutos que se realicen exhumaciones contra la voluntad de la familia", "no reconocen en términos generales un derecho a recibir físicamente los restos mortales de un familiar, sino que a veces se limitan a proteger el derecho a conocer dónde están inhumados o a acompañarlos en el momento de la inhumación", "no se refieren a la elección de un lugar de inhumación específico", "tampoco aluden a relaciones familiares de segundo grado sino a supuestos de parentesco directo (relaciones paterno-filiales o entre cónyuges)". Por último, el Gobierno insiste en que la inviolabilidad que se reconoce a los lugares de culto "no significa inmunidad ante la ley o una decisión legal, ni tampoco jurisdicción eclesiástica ajena al ordenamiento jurídico. En otras palabras: la entrada a la Basílica no puede negarse cuando se refiere al cumplimiento y ejecución de un acuerdo legal como el adoptado".

El Gobierno también detalla el informe de la delegación del Gobierno que desaconseja la inhumación en La Almudena "para impedir los desórdenes públicos que se producirían si los restos mortales de Francisco Franco se inhumasen en la Cripta de la Catedral de La Almudena".  El Ejecutivo argumento que la catedral “no es un lugar de culto privado ni aislado, sino accesible al público” y que, por tanto, “puede convertir una tumba particular en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura, consecuencia que no se compadece con los principios y objetivos de la Ley 52/2007”. “Ninguna virtualidad tendría la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, con el fin de favorecer su uso como un lugar de concordia, si el significado conmemorativo se traslada a la Cripta de la Catedral de La Almudena, que no es un lugar privado sino de culto abierto al público, situado en una de las zonas céntricas más emblemáticas de Madrid y susceptible, por ello, de exaltación de quienes tuvieron un papel destacado y significado en la sublevación y en la Guerra Civil", remata el Gobierno.

Cuando llegue la respuesta de la familia en el máximo de 15 días establecido, que podría ser el silencio, el Gobierno tendrá que tomar una decisión definitiva. El Ejecutivo puede aprovechar y exhumar de forma totalmente legal al dictador en el espacio de tiempo que quedará entre el Consejo de Ministros que resuelva la exhumación y la decisión del Supremo de tomar o no medidas cautelares. Así se garantizaría sacar los restos antes de las elecciones, con la enorme carga simbólica que tendría. Por el contrario, puede esperar un poco a ver qué dice el Supremo sobre esas medidas cautelares de suspensión que sin duda pedirán los Franco, con el claro riesgo de llegar a la campaña electoral con los restos aún en el Valle de los Caídos, lo que sería un claro incumplimiento al menos de las expectativas generadas. Pedro Sánchez tiene que tomar esa decisión en las próximas tres semanas. Si no lo exhuma antes de las elecciones, el riesgo claro es que un cambio de Gobierno con una alianza de PP, Cs y Vox pueda dejar la exhumación de Franco en el limbo durante años diga lo que diga el Supremo.

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