El Gobierno trata de rematar la legislatura con la exhumación de Franco

Apenas unas horas después de convocar elecciones generales el próximo 28 de abril, el Gobierno aprobó la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, uno de los primeros compromisos de Pedro Sánchez. EL PAÍS avanzó esos planes el pasado 17 de junio, pero el procedimiento se ha complicado mucho más de lo que esperaba el Gobierno, como admitió este viernes la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La familia del dictador y la Fundación Franco recusaron hasta en 14 ocasiones a los instructores del expediente y han puesto todo tipo de obstáculos, incluido el de pedir honores militares para el nuevo entierro y solicitar que el mismo fuera en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. El Ejecutivo ha ido sorteando esos obstáculos, pero los Franco se guardan aún el último cartucho ante el Tribunal Supremo.

El Ejecutivo dio este viernes a la familia un nuevo plazo de 15 días para señalar el lugar donde desea que sean enterrados los restos de Franco tras la exhumación, advirtiéndole que no puede ser, en ningún caso, La Almudena, porque eso generaría problemas de orden público e incumpliría la ley de memoria histórica, ya que, al estar en una zona emblemática de Madrid podría ser utilizado como lugar de exaltación. El Ejecutivo exhibe un informe de la Delegación del Gobierno que alega motivos de seguridad para vetar La Almudena, pero la familia acusa al Ejecutivo de sacarse de la manga ese documento sobre la marcha. En la cripta de la catedral yacen ahora los restos de la hija del dictador.

“No sabremos qué hará el Supremo”, declaró Dolores Delgado. “Paso a paso”, añadió. De momento, el Gobierno solo quiere ponerse en dos escenarios: que la familia se rinda y señale el lugar donde desea enterrar a Franco, o que no lo haga (porque se opone o porque los nietos del dictador no se ponen de acuerdo). En ese caso, se convocaría un nuevo Consejo de Ministros para que el Gobierno elija dónde trasladar los restos —baraja llevarlo al cementerio de El Pardo, donde está enterrada Carmen Polo, la esposa del dictador—. El Ejecutivo considera que ni el rechazo de la familia ni el del prior del Valle de los Caídos pueden impedir la exhumación. El informe de la Abogacía de Estado dictamina que la familia no puede oponerse, porque se trata de una “tumba pública” y que la autorización de la Iglesia se circunscribe a la inviolabilidad de un templo, es decir, el acceso a la basílica, algo que no pueden negarles, afirman, al tratarse de cumplir con una resolución legal.

Los Franco recurrirán de nuevo al Supremo. El pasado diciembre, el alto tribunal rechazó detener cautelarmente los trámites del expediente administrativo del Gobierno para la exhumación, pero emplazó a la familia a recurrir el traslado una vez que el Ejecutivo lo hubiese aprobado definitivamente, reservándose la última palabra sobre el asunto.

El Gobierno está convencido de que el Supremo no la paralizará, porque cree que los argumentos jurídicos de la resolución son sólidos, pero estudia la posibilidad de sacar los restos del dictador antes incluso de que se resuelva esa posible suspensión.

Desde que el Consejo de Ministros resuelva el expediente definitivamente —eligiendo el nuevo lugar de enterramiento si no lo hace la familia— y publique su acuerdo motivado final en el BOE hasta que el Supremo resuelva, el Gobierno cree contar con un margen amplio de tiempo para poder trasladar los restos, una operación sencilla, de apenas unas horas y con un coste cercano a los 3.800 euros.

Si el Supremo paralizara el procedimiento, sería un fracaso para Sánchez llegar a las elecciones sin haber podido ejecutar la iniciativa de su Gobierno que más repercusión ha tenido dentro y fuera de España.

El Gobierno ya ha tenido que renunciar a otros planes en materia de memoria histórica, un área a la que Sánchez quiso dar relevancia, creando una dirección general específica dentro del Ministerio de Justicia. Su plan de Presupuestos, rechazado esta semana con los votos del PP, Ciudadanos y los independentistas, incluía una partida de 15 millones de euros para asuntos relacionados con la memoria histórica. Entre ellos, un plan nacional de búsqueda, exhumación e identificación de los miles de fusilados del franquismo que aún yacen en fosas y cunetas repartidas por todo el territorio nacional. Esta era, precisamente, una de las recomendaciones que varios relatores de Naciones Unidas habían hecho a los Gobiernos del PP y del PSOE. Tendrá que esperar.