El folletín de la exhumación de Franco

El folletín de la exhumación de Franco aún durará varios meses más. Al menos hasta abril. La disputa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la familia del dictador se ha enconado sin atisbos de cesión por ningún bando. La determinación del Gobierno es total y cuenta a su favor con innumerables instrumentos del Estado y un amplio abanico de planes alternativos y sucesivos si falla el oficial ya puesto en marcha. Planes que van, en última instancia, desde recurrir al Vaticano para lograr el permiso de entrada en la basílica del Valle de los Caídos hasta forzar la retirada de la orden benedictina que se asienta en el templo o denunciar finalmente los acuerdos con la Iglesia. La férrea estrategia jurídica de los Franco se asienta en que al final el Gobierno y la justicia tendrán que asumir que, con el concordato actual firmado en 1976 y revisado en 1979 (artículo 1, punto 5), el templo es inviolable y para entrar en él se requiere obligatoriamente la autorización de sus responsables.

“Es verdad que con el concordato vigente entre el Estado y la Iglesia los espacios religiosos gozan de inviolabilidad y para entrar en la basílica se requiere la autorización de sus responsables, pero al final no hará falta llegar hasta el límite de denunciar esos acuerdos porque todo será más sencillo”, concede con optimismo uno de los responsables gubernamentales al frente de esta compleja negociación que se ha demorado mucho más de lo que Pedro Sánchez pudo imaginar cuando nada más llegar a La Moncloa anunció que los restos mortales de Franco serían retirados “en breve” del monumento levantado en la dictadura por presos republicanos en Cuelgamuros.

Todo se ha complicado hasta extremos no previstos porque los siete nietos de Franco que representan los intereses de la familia, además, se han enquistado en su oposición al traslado “porque se han sentido perseguidos y maltratados y no están dispuestos a que se juegue con el cadáver de su abuelo”, según ha transmitido su albacea en su defensa. La familia Franco esgrime solo razones de “cariño” en el trasfondo de su rechazo frente a los que les acusan de moverse por intereses ideológicos o incluso económicos.

El Gobierno no ha establecido ninguna negociación con la familia Franco pero sí ha hecho llegar el mensaje de que la exhumación es irrenunciable. Y cuando los primeros intentos fracasaron también convino al más alto nivel con los máximos responsables del Arzobispado de Madrid, Carlos Osoro, y de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, que se aseguraría de buscar otro lugar para el sepulcro del dictador con las mayores garantías. Esos mandatarios oficiales de la Iglesia, desde entonces, han trasladado, en público y más en privado, que no se oponen a la exhumación si esta se realiza cumpliendo todos los pasos legales y, sobre todo, si se logra el consenso de los familiares. Ese punto no es posible ni ahora imaginable. El Gobierno lo sabe y también que la importancia de la presunta presión de las autoridades eclesiásticas sobre el responsable del templo, el abad en funciones Santiago Cantera, es más moral que ejecutiva.

El Vaticano volvió a reiterar ayer que no tiene nada que señalar acerca de la exhumación de Franco después de que el superior de la basílica se haya negado a facilitar el acceso, informa Lorena Pacho desde Roma.

El Gobierno reactivará ahora los contactos con esos superiores de Cantera y espera conseguir su remoción del cargo (en el que creen que sigue no por casualidad en funciones desde 2014) o la imprescindible autorización de sus jefes para llegar al recinto y proceder a la exhumación. Si ese permiso superior llega, se efectuará inmediatamente la retirada de los restos mortales del dictador al margen de lo que opine el abad en funciones. Mientras tanto, se continuará con el expediente abierto por el real decreto ley aprobado en verano, retocado varias veces y refrendado en el Congreso con la abstención solo de PP y Ciudadanos. A partir de la semana que viene se oficializará el pertinente plazo de alegaciones para los afectados. Solventado ese trámite, y obtenidos ya los informes del Ayuntamiento de El Escorial y la Comunidad de Madrid, a finales de enero o comienzos de febrero el Consejo de Ministros aprobará la exhumación definitiva.

En el Ejecutivo sostienen que tienen una estrategia bien armada jurídicamente pero cuentan con el recurso inmediato del albacea de los Franco ante el Tribunal Supremo pidiendo incluso medidas cautelares que pudieran paralizar la retirada de la tumba. Y calculan que el Supremo podría tardar dos semanas en pronunciarse sobre ese aspecto formal, como hizo estas Navidades ante otro recurso similar, y dejar para dentro de seis o más meses su sentencia sobre el fondo. No esperarían a ese momento para abrir el sepulcro y llevar los restos del dictador a otro lugar, que todavía no ha sido determinado pero que en ningún caso sería la cripta familiar en la catedral de La Almudena, esgrimiendo incluso razones de seguridad.

Luis Felipe Utrera-Molina, el abogado de los Franco, no piensa sin embargo precipitarse. Se agarra a la ley de lo contencioso administrativo para estimar que tendrá y agotará los dos meses para registrar el recurso ante el Supremo y eso le lleva hasta abril, ya en plena precampaña de las elecciones de mayo. También confía en vencer en esta batalla con sus argumentos jurídicos pero, sobre todo, en el reconocimiento desde el Gobierno de que pase lo que pase incluso en el Supremo al final se precisa una autorización de la Iglesia para llegar a la tumba por la inviolabilidad del templo.

Llegados a ese punto no se puede descartar nada. Fuentes del Gobierno recuerdan que se podría intentar hasta sacar a la orden benedictina del valle (en el que están por un acuerdo firmado en plena dictadura en 1955 tras solicitar el permiso a la abadía de Santo Domingo de Silos) y revocarlo o cuestionar el concordato, algo que formó en el pasado parte de las amenazas programáticas de algunos candidatos socialistas y que nunca se ha plasmado en los hechos.