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El Gobierno prepara la salida de Franco del Valle de los Caídos

El Congreso ya aprobó el año pasado la propuesta del PSOE para trasladar los restos del dictador y resignificar el monumento

El Gobierno está decidido a trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos para cambiar el significado de un monumento que hoy, 42 años después de su muerte, se rige por los principios que el propio dictador estipuló. La Ejecutiva del PSOE, que preside Pedro Sánchez, propondrá este lunes que el Gobierno elabore un proyecto de ley que incluya ese traslado. El Ejecutivo también podría recurrir a un real decreto, mucho más rápido, porque los proyectos de ley suelen retrasarse al menos un año. En cualquier caso tendría votos: en 2017 una propuesta del PSOE para trasladar los restos obtuvo 198 votos a favor y 140 abstenciones.

Una cruz de 130 metros de altura preside el Valle de los Caídos. En vídeo: Pedro Sánchez presenta el proyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2017.

El presidente, Pedro Sánchez, quiere ir “paso a paso” cumpliendo compromisos adquiridos en los años de oposición del PSOE; atender peticiones de las asociaciones de víctimas del franquismo y asumir las recomendaciones de la ONU sobre el Valle de los Caídos, las fosas comunes, o una comisión de la verdad, según confirman a EL PAÍS fuentes del Gobierno y del partido.

El traslado de los restos del dictador formaba parte de la propuesta de reforma integral de la ley de memoria histórica que el propio Sánchez presentó el pasado diciembre en un lugar simbólico, el llamado paredón de España, en Paterna, donde se cree que fueron fusiladas cerca de 2.000 personas. “Al principio se dijo que las heridas estaban demasiado frescas (...) Cuando pasaron los años se dijo que no merecía la pena remover una historia olvidada. Es decir, que primero era demasiado pronto y luego demasiado tarde”, declaró el socialista al presentar la propuesta. “Ignorando un pasado incómodo no se pude construir un futuro confortable”.

Desde el Ejecutivo se ha empezado a estudiar la fórmula más adecuada para transformar el Valle de los Caídos y no descartan la del real decreto. De momento, este lunes, el secretario del área de justicia y nuevos derechos de la comisión federal del PSOE, Juan Andrés Perelló, llevará a la ejecutiva del partido, que lidera Sánchez, la propuesta de convertir, con algunas novedades, aquella proposición de reforma de la ley de memoria que plantearon desde la oposición en un “proyecto de ley” elaborado desde el Gobierno. “Eso incluye el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que es, además, un compromiso adquirido en el último congreso socialista”, afirma Perelló.

Tras derogar de facto la ley de memoria de 2007 al dejarla sin dotación presupuestaria, el Ejecutivo de Rajoy vetó el pasado marzo la reforma de la ley de memoria que planteaba al PSOE por el gasto que implicaba. Pero cuando en mayo de 2017 los socialistas llevaron al Congreso la propuesta de instar al Gobierno (del PP) a sacar a Franco del Valle de los Caídos, la iniciativa recibió los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. Los populares se abstuvieron.

El intento de Jáuregui

No es el primer intento. En noviembre de 2011, una semana después de que el PP ganara las elecciones, Ramón Jáuregui, ministro de presidencia en funciones, presentó el informe de un comité de expertos que proponía la salida del dictador del mausoleo. Tras seis meses de trabajo, la comisión multidisciplinar, en la que figuraban, entre otros, el catedrático de filosofía del derecho Virgilio Zapatero; el historiador y monje Hilari Raguer; la filósofa Amelia Valcárcel o el historiador Ricard Vinyes, concluyó que la resignificación democrática del monumento “solo será posible si los enterramientos se reservan, únicamente, como estaba previsto, para los restos de víctimas de la Guerra Civil”. Es decir, si se trasladaban los restos de Franco (que murió en 1975) “al lugar que designe la familia o al lugar que sea considerado más adecuado”, y los de José Antonio Primo de Rivera (que sí era “un caído” de la guerra) se movieran a las capillas donde yacen el resto de víctimas (33.847 según la documentación de Patrimonio Nacional). “De esa forma se rompía la jerarquía funeraria franquista”, afirma Francisco Ferrándiz, antropólogo del CSIC y miembro de aquel Comité de expertos. “Es el momento de hacerlo. Sería una decepción enorme si el Gobierno no lo hiciera. La única dificultad puede ser la Iglesia, pero dudo que habiendo voluntad política para trasladarlo quieran ser custodios de un dictador”, añade. El plan del comité, que ahora quiere rescatar el Ejecutivo incluye convertir el Valle de los Caídos en un centro de interpretación o museo de memoria similar al de la ESMA (el antiguo centro de torturas de la dictadura argentina) en Buenos Aires.

Ilegalización de la Fundación Franco y sanciones por incumplir la ley

En el Valle de los Caídos también quedan pendientes las reclamaciones de familiares de fusilados que fueron trasladados sin su consentimiento al mausoleo. El abogado Eduardo Ranz logró una sentencia favorable a la exhumación y el pasado abril se iniciaron los trabajos preliminares.

La propuesta que Perelló llevará a la ejecutiva del PSOE establece que sea el Estado quien asuma la localización de fosas comunes e incluye una serie de reformas que buscan ilegalizar la Fundación Francisco Franco. “Para hacerlo”, explica Perelló, “sería necesario llevar al código penal el delito de apología del franquismo”, y cambiar la ley de asociaciones y fundaciones.

La oposición ya instó al Gobierno del PP el año pasado a investigar a la Fundación Franco después de que el abogado Ranz revelara que estaban ofreciendo asesoramiento legal a diversos Ayuntamientos de España para afrontar las denuncias por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (calles, placas y otros vestigios franquistas). La propuesta que el PSOE lleva este lunes a la ejecutiva incluye “sanciones” para quienes incumplan la norma.

El Ministerio de Justicia, que dirige la fiscal Dolores Delgado, ha reestructurado el departamento de forma que la dirección general de cooperación jurídica internacional incorpora nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica. Esta nueva dirección general no tendrá coste presupuestario alguno y pretende "garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo".

Uno de los puntos clave para las víctimas, asumido por Sánchez, es la anulación de las condenas emitidas por tribunales franquistas.

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