Sacar a Franco del Valle de los Caídos está al alcance de la mano

La llegada del PSOE al Gobierno ha abierto la puerta a una docena de cambios de enorme relevancia que presentó como iniciativas de oposición y que, repentinamente, están aquí, al alcance de la mano. Una de las más simbólicas es sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos, una deuda histórica con la sociedad española que, aunque tarde, al fin puede llegar.

La democracia española ha durado por fortuna ya más tiempo que la dictadura de Franco, pero aún tiene asignaturas pendientes. Muchos se resisten aún a superar la etapa negra y a procesarla de forma conjunta y madura en la línea de lo que han hecho Alemania, Suráfrica o países del Cono Sur. En España, como en la URSS, el dictador venció e impuso su silencio o su verdad y los ejecutados quedaron en las cunetas mientras él reposa casi 43 años después de su muerte en un monumento gestionado por un prior benedictino de prontos autoritarios a tono con su inquilino principal. Por eso la Ley de Memoria Histórica que el PSOE presentó en diciembre en el Congreso y que el Gobierno vetó tiene ahora una inmensa oportunidad.

El borrador pretende refomar la ley de 2007 del Gobierno de Zapatero para resolver con contundencia asuntos pendientes que deberíamos haber sido ya capaces de zanjar: la nulidad de las condenas por razones ideológicas en los juicios del franquismo; la reparación y reconocimiento personal a las víctimas; la creación de una Comisión de la Verdad para elaborar un informe final sobre violaciones de los derechos humanos; la búsqueda y exhumación de más de 100.000 represaliados, una tarea que hoy no cuenta con presupuesto y que ha quedado prácticamente en manos de la iniciativa privada; la retirada de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos y la conversión de este monumento en un Centro Nacional de Memoria de las víctimas de la Guerra Civil.

El proyecto es ambicioso, pero básico en una democracia, y puede concitar al menos la misma mayoría que la moción de censura que puso fin al Gobierno de Rajoy. Ciudadanos tendrá ocasión de retratarse y también un Partido Popular que alegó dificultades económicas para vetarlo en el Congreso.

El nuevo Gobierno tiene por delante una lista de más de 60 vetos que impuso el anterior Ejecutivo por razones presupuestarias para frenar proyectos de la entonces oposición. El Tribunal Constitucional derribó en abril esta fórmula que empleó masivamente el PP, pero los letrados del Congreso han rechazado recientemente la revisión de todos esos vetos en bloque. “No podemos pasar del hambre a la lujuria”, comentaba ayer un diputado del PSOE. Por ello, el nuevo Ejecutivo tiene previsto desbloquearlos paulatinamente y volver a colocar en la agenda asuntos, como por ejemplo, esta proposición de ley de la Memoria Histórica.

El PP consideró que esta ley iba a costar más de 200 millones en exhumaciones y compensaciones y alegó estas razones económicas para bloquearlo. Pero conviene saldar la deuda con los hijos de las víctimas antes de que mueran también. Y si el argumento de la derecha es el dinero, sepan que sacar los restos de Francisco Franco será casi gratis. ¿O se atreverán a defender la pervivencia del mausoleo del dictador?