Los Franco alegan que la exhumación es una “farsa” y reiteran que lo llevarán a La Almudena

La familia Martínez-Bordiú Franco ha presentado este martes, a través de su letrado Luis Felipe Utrera-Molina, su escrito de alegaciones finales contra el procedimiento de exhumación de los restos de Francisco Franco decretado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en el que lo descalifica como "farsa jurídica". El texto, de 55 páginas, compendia todos los argumentos avanzados en estos meses por los Franco contra el proceso abierto por el Gobierno para retirar del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador e insisten en que es un ataque a su derecho a la intimidad o que es un caso único que quiebra el principio de igualdad ante la ley. Los Franco advierten al Ejecutivo de que si sigue adelante con sus planes y ejecuta la exhumación, llevarán los restos a la cripta familiar en la catedral de La Almudena.

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Los Franco insisten en sus alegaciones contra la exhumación del dictador en denunciar que el procedimiento administrativo abierto por el Gobierno, con un decreto ley en teoría de carácter general aplicable a todos los cadáveres inhumados en el Valle de los Caídos, no cumple los requisitos del artículo 16.3 de la ley de memoria histórica (haber fallecido a consecuencia de la Guerra Civil española). También remarcan que el procedimiento establecido parece "de carácter singular, única y exclusivamente dirigido a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco, excluyendo del mismo a cientos de afectados por la citada norma" y se preguntan por qué la familia del dictador debe "soportar el dolor, la humillación y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo, con evidente intención de agraviar su imagen y recuerdo, antes que el resto de familias que tienen a parientes en la misma situación".

El escrito de alegaciones de los Franco descalifica el procedimiento seguido de "farsa administrativa para dar cobertura legal a una decisión tomada de antemano por el presidente del Gobierno el pasado mes de junio, toda vez que existen pocas dudas de que, independientemente de las alegaciones de las partes, la resolución del procedimiento en el que el Gobierno es juez y parte será favorable a la exhumación".

Las alegaciones de la familia Franco se centran en intentar desmontar el informe redactado por la Delegación del Gobierno de Madrid sobre los problemas de seguridad que desaconsejan una eventual reinhumación de los restos en la Cripta de la Almudena. El letrado de los Franco asegura que ha consultado expertos en materia de seguridad que argumentan que los riesgos que se apuntan en dicho informe son reducidos. Y detalla esas razones: "Por ser la zona en la que se ubica dicha cripta altamente segura por la elevada presencia de fuerzas de seguridad del Estado, con medidas de control antiterrorista y restricciones; por no ser objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad; por no ser relevante la afluencia prevista de visitantes (máximo de 1.000 diarios) respecto de otros eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante un plazo de tres horas, o el Museo del Prado con casi 3 millones de visitantes anuales; y por considerarse despreciable el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico, citando el precedente de la reciente manifestación convocada por Unidos Podemos, UGT y CC OO contra el eventual traslado de los restos a La Almudena que apenas congregó a 200 personas".

Los Franco alegan que con sus intenciones el Gobierno ha violado sus "derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa" al perseguir la exhumación contra la voluntad de la familia. Y argumentan que es una injerencia en sus deseos decidir el destino de los restos, para lo que se agarran a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso Solska y Rybicka contra Polonia, en la que se condenó al Gobierno polaco por realizar una exhumación en las mismas circunstancias y sin dar a los familiares la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para invocar la violación de sus derechos. También aluden a una advertencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su auto del pasado 17 de diciembre cuando especifica que no podría ejecutarse la exhumación sin que los afectados pudieran recurrir ante la misma sala y que esta se pronuncie al respecto.

El último gran argumento de los Franco apela, además, a la falta de jurisdicción del Gobierno español para acordar la exhumación tras el reconocimiento expreso por parte del Ejecutivo el pasado 8 de noviembre "del carácter inviolable de la basílica del Valle de los Caídos derivado de su condición de lugar de culto". Los Franco recuerdan esa circunstancia (que procede del tratado entre España y la Santa Sede de 1979) así como la expresa denegación por la autoridad eclesiástica competente –el abad en funciones del templo, Santiago Cantera– para acceder a la basílica para realizar la exhumación.

La familia mantiene por todos esos motivos que la exhumación es improcedente y se reserva algo más que un aviso para el final. Remachan que "para el hipotético caso de que se estimase procedente la exhumación" se les haga entrega de esa resolución "para proceder a su reinhumación en la sepultura que tienen en propiedad en la cripta de la catedral de Santa María de la Almudena de Madrid", que es algo a lo que el Gobierno se niega porque no quiere trasladar el problema de los restos de Franco del valle de Cuelgamuros en El Escorial al centro de la capital.