Segundo golpe judicial a los Franco en su intento por frenar la exhumación del dictador

La familia Franco está moviendo todos los mecanismos a su alcance para frenar la exhumación de los restos del dictador. De momento ha encontrado ayuda en el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, pero no en la Justicia, que les acaba de dar el segundo varapalo seguido. Primero fue el Tribunal Supremo, que rechazó el intento de la familia Franco de paralizar la exhumación, y ahora ha sido el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, que ha archivado una denuncia de la Fundación Francisco Franco, impulsada por los familiares, por "usurpación de funciones públicas" contra los responsables políticos y los funcionarios que se habían dirigido al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para solicitar las autorizaciones para la exhumación, que ya han logrado.

El único escollo real por tanto es el de la Iglesia, porque el prior sigue sin dar su autorización y sus superiores de momento no lo han desautorizado, aunque el Gobierno sigue confiando en que lo harán en algún momento porque cree que ni la Iglesia española ni el Vaticano puede permitirse el escándalo internacional que supondría que fueran ellos los que frenaran la exhumación del único dictador europeo que tiene una tumba de Estado en un monumento construido a mayor gloria del franquismo por presos políticos republicanos.

Los Franco, que están asesorados por abogados del máximo nivel, en especial por Luis Felipe Utrera Molina, hijo del conocido ministro franquista, habían intentado una segunda vía para paralizar la exhumación. Jaime Martínez-Bordiú presentó una demanda por usurpación de funciones públicas contra un funcionario de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao. Según la reclamación, este funcionario no ocupaba en ese momento el cargo de director de Inmuebles y Medio Natural con el que firma un escrito al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. en el que se detalla el "proyecto de actuaciones arquitectónicas en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", que básicamente es la explicación técnica de los trabajos que se llevarán a cabo para levantar la losa que está encima de los restos y sacarlos de allí. Este trámite ya ha sido autorizado por el ayuntamiento de San Lorenzo. También la Comunidad de Madrid ha contestado de forma positiva porque entiende que no hay ningún problema sanitario para sacar de allí los restos. Solo falta la autorización del prior de la basílica.

La denuncia también iba contra varios altos cargos responsables de este proceso, como la subsecretaria de Justicia, el subsecretario de vicepresidencia y el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Pero el juzgado ha decidido archivarla porque no aprecia ningún tipo de delito ni de usurpación ni de prevaricación. Los Franco argumentaban que el funcionario que firmaba no tenía esa plaza con la que firmaba el escrito. El juez determina que el hecho de que la esté ocupando como interino no implica ningún delito de usurpación.

La batalla judicial, en cualquier caso, no ha concluido. El Gobierno sigue adelante con los trámites y está esperando las alegaciones de los Franco, que apurarán el plazo. Cuando le lleguen, el Consejo de Ministros tomará la decisión de iniciar la exhumación y ahí empezará la nueva batalla en el Supremo porque los Franco recurrirán y el tribunal tendrá la última palabra. Mientras decide, el Gobierno tendrá esas semanas para presionar definitivamente a la Iglesia y lograr que le tuerza la mano al abad.

En la ocasión anterior, en diciembre, e Tribunal Supremo rechazó la petición de la familia del dictador, que había pedido al Supremo que suspendiera de forma cautelar la exhumación hasta que el tribunal decida sobre el fondo del asunto (si el traslado de los restos del dictador es o no legal). En su escrito, los nietos de Franco alegaban que la suspensión cautelar era necesaria para evitar un “daño irreparable” en el caso de que los magistrados acaben dando la razón a la familia y consideren que los restos del dictador deben seguir en la basílica de Cuelgamuros. Sin embargo, el tribunal consideró que la medida cautelar debía ser denegada porque el acuerdo del Gobierno recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de Franco ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso. El tribunal permitió al Gobierno seguir adelante con los trámites para exhumar al dictador, aunque dejó abierta la puerta para que vuelva a recurrirlo cuando el Consejo de Ministros acuerde definitivamente sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco. Ahí llegará el momento clave.