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Patrimonio asfixia económicamente a la Fundación del Valle de los Caídos por su oscurantismo

El Gobierno paraliza por primera vez la subvención de 340.000 euros anuales y tumba sus primeros presupuestos por deficitarios

El actual abad en funciones del Valle de los Caídos en una imagen de 2007.
El actual abad en funciones del Valle de los Caídos en una imagen de 2007.

La Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato controla Patrimonio Nacional, nunca ha presentado un presupuesto detallado, hasta hace poco no tenía ni NIF ni cuenta corriente y maneja unos ingresos superiores al millón de euros en cada ejercicio. Patrimonio Nacional ha enviado este viernes un requerimiento a la fundación ratificando que le paralizan por primera vez su subvención de 340.000 euros anuales y le tumban el esbozo del primer presupuesto que han facilitado por oscurantista y sus múltiples deficiencias.

Diferentes Gobiernos han intentado en estos últimos años, desde el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 hasta el de Pedro Sánchez, poner algo de orden en los números y las carencias observadas en el funcionamiento de la Fundación del Valle de los Caídos. Sin ningún éxito. Su oscurantismo económico viene heredado desde su creación por decreto de Francisco Franco en 1957 a mayor gloria de la “cruzada nacional”.

PRESUPUESTO DE 2018 DE LA ABADÍA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

En euros

Fuente: Elaboración propia.

La notificación oficial y por escrito enviada a la Abadía del Valle de los Caídos este fin de semana por el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, ha sido la expresión del fin de la paciencia de los responsables públicos del patronato que vigila desde 1982 el funcionamiento de esa fundación, que recibe fondos públicos. Los avisos verbales han sido repetidos en las últimas semanas y meses a diversos niveles. No han servido de nada. La última comunicación fue una llamada del jefe de contabilidad de Patrimonio a responsables de la fundación el 2 de enero. No se dieron por aludidos. Es más, fue lo que provocó que el abad en funciones, Santiago Cantera, conminara a que se le mandase una nota formal.

Fuentes oficiales embarcadas en esta operación remarcan que “ya no hay posibilidades para un paso atrás y que se acabó la opacidad” en el funcionamiento económico de la fundación que mantiene la custodia y administración de la Basílica benedictina donde está enterrado Francisco Franco desde 1975. El problema, como se ha constatado con los intentos hasta ahora retrasados de la exhumación de los restos mortales del dictador, es que la Abadía es la única autoridad competente para cualquier actuación en su interior, que es un lugar sagrado y dispone del privilegio de la inviolabilidad según los acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979.

"Esto viene de lejos, mucho antes de lo de Franco"

J. Casqueiro, Madrid

“Todo esto viene de lejos, mucho antes de que este Gobierno plantease la exhumación de Franco en julio y no tiene nada que ver. Desde que yo llegué, con el anterior Gobierno en octubre de 2016, ya les avancé a los responsables de la Abadía que había que hacer y presentar unos presupuestos como exigía el Tribunal de Cuentas desde 2015 y así se lo repetí al abad en la última entrevista que tuvimos, el 25 de septiembre”, afirma tajante Alfredo Pérez de Armiñán, que continúa ahora como presidente de Patrimonio Nacional, para desmentir las acusaciones del prior Santiago Cantera sobre un presunto chantaje del ejecutivo socialista por su oposición a la exhumación del dictador.

El Consejo de Administración de Patrimonio, que forman 17 personas de las cuáles solo cuatro tienen relación orgánica con el Gobierno central, ya advirtió de esas obligaciones de mayor transparencia presupuestaria en varias de sus últimas citas. Patrimonio, además, gasta en personal y mantenimiento de todo el complejo del Valle 1.784.622 euros e ingresa 1.359.039 (1.340.078 en entradas), con lo que soporta un déficit de 425.583 euros.

Los tropiezos del Gobierno

El Gobierno está tropezando con recurrentes impedimentos para lograr la autorización del abad para entrar en la basílica y proceder a la exhumación de Franco pero está dispuesto a llegar hasta el final en la vigilancia de sus cuentas. Hasta ahora se sospechaba de su nivel de ingresos (superiores al millón de euros y con donativos anónimos cercanos a los 300.000 euros) pero se miraba para otro lado. El actual Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha cerrado, para empezar, el grifo de nuevas subvenciones, que hasta ahora recibía en el último trimestre de cada ejercicio procedente de los presupuestos generales del Estado.

El Abad benedictino del Valle gestionaba de hecho así desde 1959, cuando Franco aprobó el reglamento de la fundación, los ingresos y gastos con total autonomía: de la Basílica, la abadía, la escolanía y la hospedería. Desde 2009 la subvención oficial, que asciende a 340.000 euros anuales, se transfería directamente a la Abadía sin pasar siquiera por la fundación, porque esta no tenía ni NIF ni cuenta corriente. En 2015, con Rajoy en el Gobierno, el Tribunal de Cuentas inició una fiscalización sobre Patrimonio Nacional y reclamó que ese dinero previsto en los presupuestos no fuese a la abadía sino a la fundación y exigió que se justificase adecuadamente según la ley General de Subvenciones porque entendía que no se había llevado “un adecuado control de la fundación al no elaborar su inventario de bienes, ni su presupuesto (siquiera informal) ni su memoria ni conocer adecuadamente sus gastos ni si dispone de otros ingresos.

Patrimonio abrió en 2016 una cuenta bancaria a la fundación, le obtuvo el preceptivo número de identificación fiscal y empezó a presionar para lograr un desglose detallado de sus gastos e ingresos, como había recomendado en su informe fiscalizador el Tribunal de Cuentas entregado en noviembre de 2017 a la correspondiente comisión parlamentaria. “En tanto se adoptan las decisiones que procedan, el Consejo debe registrar de forma separada y rigurosa el patrimonio, los gastos e ingresos de los Reales Patronatos y de la Fundación del Valle de los Caídos, elaborando y rindiendo una cuenta específica para cada uno de ellos”, se precisaba.

El Consejo de Patrimonio ha exigido ese presupuesto segregado varias veces desde noviembre de 2017 hasta septiembre de 2018 pero nunca se ha hecho. En 2017 desde la Abadía se envió un papel con un apartado que preveía unos ingresos totales de 1.359.039 euros, con 1.340.078 por venta de entradas. El capítulo de gastos alcanzaba 1.784.622 euros, con 1.031.702 euros para personal. El déficit oficial declarado fue de 425.583 euros. Patrimonio no le dio ningún crédito a ese croquis.

El pasado 20-N de 2018, justo 43 años después de la muerte de Franco, otra reunión del Consejo de Patrimonio aprobó transferir la partida de la subvención de 340.000 euros a la cuenta de la fundación pero ordenó también, y por primera vez, que se paralizase su uso por la Abadía hasta que no se cumpliesen las normas presupuestarias reglamentarias, que figuraban incluso en el Real Decreto Ley dictado por Franco en 1959 y que nunca se observaron.

El prior Cantera

El prior no ha tenido aún tiempo de contestar a ese certificado de Patrimonio pero el viernes concedió una entrevista a la revista religiosa Vida Nueva en la que se defendía: “No somos unos gorrones del Estado”. Y avanzaba su próxima estrategia: “No hemos cobrado nada, hay un impago total. Si hay un chantaje de tipo político detrás, no lo sé”. También decía Cantera que el Gobierno no le había llamado nunca. No es cierto.

El presidente y el gerente de Patrimonio Nacional han desarrollado varios contactos verbales y telefónicos con el abad en funciones, su ecónomo, sus abogados y hasta el abad emérito. Le pedían aclaraciones sobre el presupuesto. No las ha dado. Desde la Abadía se remitió un conato de su primer presupuesto (ver gráfico) pero Patrimonio lo consideró totalmente deficitario y lo rechazó. “No contempla la transferencia de 340.000 euros de la subvención pública como ingreso y no explica los fundamentos de los ingresos y gastos”, se razonó.

Desde estas Navidades se ha instado a la Abadía por distintos métodos a subsanar esos errores pero la documentación no ha llegado. El último intento se plasmó en una llamada desde Patrimonio el 2 de enero y en la misma Cantera inquirió por la subvención bloqueada y retó a que se le comunicasen los reparos formalmente. Ese requerimiento fue el que se envió este viernes.

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