Qué es y cómo se convoca la consulta popular con la que Petro busca avalar sus reformas laboral y a la salud

El presidente Gustavo Petro ha anunciado este martes que convocará a una consulta popular para que los colombianos definan, directamente y en las urnas, el futuro de sus propuestas de reforma laboral y reforma a la salud. Lo hizo pocas horas después de que la propuesta laboral quedara encaminada a su hundimiento en el Senado de la República, y ante la eventualidad de que ocurra lo mismo con la reforma sanitaria, que en 2024 naufragó allí mismo en una primera versión. El anuncio presidencial abre varios interrogantes por la figura constitucional, poco utilizada. Esos son las principales dudas y sus respuestas

Qué es una consulta popular

La consulta popular es una figura jurídica, propia de la llamada democracia directa, en la que los ciudadanos definen directamente, no a través de delegados, como son los congresistas. “Que sea el pueblo el que decida”, resumió el presidente en su alocución del martes en la noche. En concreto, según la ley que regula todos estos mecanismos — que incluyen el plebiscito, la revocatoria del mandato o el cabildo abierto—, la consulta popular es una serie de preguntas sencillas a los ciudadanos, que deben votar sí o no a ellas. Según ha explicado la Corte Constitucional, no es una norma, como la que surge de un referendo: “Es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas”, ha dicho. Por ello, cuando en una consulta gana el sí, se entiende que han dado una orden al Estado que las instituciones están obligadas a ejecutar.

Cómo se convoca a una consulta popular

Según la ley que regula todos estos mecanismos — que incluyen el plebiscito, la revocatoria del mandato o el cabildo abierto—, la consulta popular puede ser concordada por el Gobierno, o por las firmas del 5% de los ciudadanos. La propuesta de Petro es convocarla él. Para eso le basta con la firma de todos sus ministros en un documento que ponga a rodar el procedimiento, y que debe incluir las preguntas de la consulta. En este punto probablemente surja una discusión. Eso porque la ley determina que las preguntas deben ser claras y sencillas y no directamente los artículos de una ley: “No podrán ser objeto de consulta popular o plebiscito proyectos de articulado y las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no”. Por eso, el Gobierno debe convertir sus reformas en una o más preguntas generales.

Cómo se define una consulta popular

Las consultas populares, como los mecanismos de participación similares, se definen en las urnas. Los promotores y opositores tienen el derecho a hacer una campaña electoral. En su caso, se entienden aprobadas las preguntas cuando la mitad más uno de los votos depositados sean por el sí. Hay otra condición, que suele ser más difícil de superar. Para asegurar que tengan un apoyo amplio, que les dé legitimidad, solo se contabilizan si pasan un llamado umbral de votos, que equivale a la tercera parte del censo electoral. En el caso de la propuesta por el presidente Petro, el censo es de 40.963.370 de personas, según la actualización de la semana pasada de la Registraduría. Eso significa que se requeriría que votaran, de cualquier forma, 13.654.457 personas. Es una cifra significativa: Petro fue elegido en 2022 con 11.291.9787 votos en la segunda vuelta y en octubre de 2023 votaron 23.038.752 personas por todos los alcaldes del país.

Cuándo sería la votación

Una vez el Gobierno decide convocar a una consulta, el Senado de la República debe revisarla y puede rechazarla. La determinación se hace en la plenaria, y a voto limpio. Si la aprueba, el presidente tiene ocho días para emitir un decreto en el que define la fecha de la votación. La ley determina que la votación se debe realizar “hasta dentro de tres meses” después de ese aval. Eso significa que, en el mejor caso, la votación se podría realizar en julio de este año.

Qué ocurre si es aprobada una consulta popular

Cuando una pregunta pasa el umbral y gana el sí, sigue el proceso del Estado para ejecutarla. “Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva”, dice la ley. Y aclara que si se necesita una ley, como sería el caso de las reformas de Petro, “la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente”. Eso significa que, de haber consulta de julio en adelante, el Congreso tendría plazo para adoptar las reformas hasta el 16 de junio de 2026, justo cuando será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (si se definen en primera vuelta, esta se hará en mayo de 2026). Y si el Congreso no lo hiciera, Petro tendría 15 días para emitir un decreto con fuerza de ley para sacar adelante las reformas, lo que coincidiría en su último mes como presidente.

Qué antecedentes de consultas populares existen en Colombia

Colombia ha vivido decenas de consultas populares locales, empezando por una en favor de la paz, realizada en 1995 en Aguachica (Cesar), que fracasó porque no logró el umbral por pocos votos. En este siglo, se han repetido consultas populares locales, como las que se han hecho para prohibir la minería en diferentes territorios, y que llegaron a sumar más de 50. La más famosa fue la llamada consulta anticorrupción, la única que no es local y que incluía siete preguntas que iban desde reducir el salario de los congresistas hasta limitar su reelección a tres periodos. De origen popular, recogió las firmas requeridas y fue aprobada por el Senado en julio de 2018, a finales del Gobierno de Juan Manuel Santos. Se votó en agosto de 2018 y no pasó el umbral pese a que tuvo el apoyo de diferentes sectores políticos.