La consulta anticorrupción en Colombia no supera (por poco) el umbral para ser aprobada

La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos en Colombia no ha conseguido superar el umbral de más de 12 millones de votantes (el 33% del censo) que necesitaba para ser aprobada. Se ha quedado en más de 11.645.000 votos, a medio millón de sufragios de conseguir un reto que se antojaba histórico en un país donde es tradición que la mitad de los convocados a las urnas, más de 36 millones de ciudadanos, no suelen salir a votar.

Las principales responsables de este logro son dos senadoras del partido progresista Alianza Verde. Sin la ayuda de la maquinaria tradicional, sin propaganda electoral, ni presupuesto para actos de campaña Claudia López y Ángelica Lozano han conseguido sacar a la calle a más colombianos de los que votaron por Iván Duque el pasado junio. El actual presidente de Colombia consiguió 10.398.689 votos en una elección que consiguió que más del 50% del censo saliera a votar. Su contrincante, el izquierdista Gustavo Petro, sumó 8.040.449. En el plebiscito sobre el acuerdo de paz, en octubre de 2016, acudieron a las urnas poco más de 13 millones.

"Esta votación histórica es un mandato claro a Iván Duque y al Congreso: tienen que autoreformarse, sancionar eficazmente la corrupción y recuperar los $50 billones que se roban, en vez de seguir esquilmando los bolsillos de la ciudadanía honrada con más impuestos", ha dicho López tras conocerse los resultados en tono de victoria. En el momento de la votación, acompañada de Lózano y Antanas Mockus, los principales promotores de la iniciativa, recordó: “Hoy no votamos por un partido ni por una persona, votamos para darles a los partidos y a los políticos siete órdenes anticorrupción”.

La plataforma anticorrupción liderada por López consiguió más de tres millones de firmas válidas para sacar adelante esta consulta tras décadas de intentos para que el Congreso de Colombia legislara en contra de este problema estructural que le cuesta al país al menos nueve billones de pesos anuales (más de 3.000 millones de dólares).

Si se hubiera aprobado, el Congreso tendría que haber iniciado el trámite de las medidas necesarias para hacerlas efectivas, con un plazo de un año para expedir las leyes correspondientes. Ahora se abre un nuevo escenario. "El martes vamos a radicar los siete proyectos de ley. La pelota se la ponemos en la cancha del Congreso", ha dicho Lozano. "Invito a la ciudadanía a que el martes a las 11am nos acompañen a radicar las normas que den cumplimiento a los siete mandatos", ha recalcado López.

El legislativo, dominado por el Centro Democrático, formación opositora a la consulta, aunque con una fuerte oposición de partidos de centro e izquierda, tendrá que valorar si escucha a más de 11 millones de colombianos o es el presidente el que las adopta por decreto.

Iván Duque se ha sumado a esta lucha y ha apoyado la consulta. “En la lucha contra la corrupción tenemos que estar unidos todos los colombianos, esta no es una causa de color político ni una causa ideológica, es el compromiso de todo un país, y todos los esfuerzos suman”, dijo el mandatario, que ya presentó un paquete legislativo que en al menos tres puntos compite con la consulta.

El apoyo de Duque contrasta con el de su mentor, el expresidente Uribe. Antes de que abrieran las urnas, los colombianos despertaron con un mensaje de Twitter en el que el popular exmandatario se reafirmaba como el gran opositor de la iniciativa. “No voto la Consulta Engañosa y he cuidado con transparencia y austeridad los recursos del Estado a lo largo de mi carrera pública”, escribió aunque antes de las elecciones legislativas en el Senado había elogiado la iniciativa.

“Entre más logremos dar el mensaje de que estamos hastiados con la corrupción, mucho mejor”, afirma tras votar en el mismo puesto de las senadoras de la Alianza Verde Juan Carlos Henao, el rector de la Universidad Externado de Colombia, que acaba de presentar un gran estudio sobre el tema. “Si logra haber una votación significativa, importante, es un mensaje muy claro de la sociedad civil contra la clase política que ha sometido a este país a una corrupción realmente escandalosa como lo mostramos en la investigación”, señala.