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La corrupción se convierte en una preocupación central en Colombia

El 61% de los colombianos considera que la corrupción creció en su país de 2013 a 2016, según un informe de Transparencia Internacional

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una charla sobre corrupción.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una charla sobre corrupción. EFE

La conversación ha cambiado en Colombia. La ira y el rechazo que producían las noticias de masacres, desplazamientos y desapariciones en las regiones del país por la guerra han dado el relevo a la indignación por la corrupción. El campo colombiano sigue viviendo la desigualdad, la exclusión y los coletazos del conflicto armado ahora en forma de disputas por el botín del narcotráfico. Pero los escándalos por los sobornos de Odebrecht, el tráfico de influencias en la Corte Suprema y el robo sistemático de recursos en ciudades emblema como Cartagena de Indias se apoderan de las emociones de los ciudadanos.

El 61% de los colombianos considera que la corrupción creció en su país de 2013 a 2016, según el informe América Latina y el Caribe del Barómetro Global de Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, la organización social líder en la lucha contra la corrupción a nivel global. En 2010 el porcentaje era del 28% y en 2013 del 56%, de acuerdo con este mismo estudio.

La corrupción se convierte en una preocupación central en Colombia

Marcela Restrepo, directora de Gestión de Conocimiento de la organización Transparencia por Colombia, apunta a un cambio institucional, por el momento solo en lo formal, para entender el aumento en la percepción de este delito. “El presidente Juan Manuel Santos fue el primer mandatario colombiano que reconoció ante un micrófono que este era un problema esencial. Un factor que se había negado permanentemente”, considera. A esta declaración le siguió un paquete de medidas que respondían a las directrices de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la OCDE en esta materia.

El Estatuto Anticorrupción, aprobado por el Gobierno Santos, se reforzó en 2011 con una Secretaría de Transparencia que lleva seis años cambiando la cultura de las administraciones públicas colombianas a partir de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. “Todas las entidades deben transparentar sus procesos y darle a la comunidad toda la información posible”, dice Gabriel Cifuentes, secretario de esta entidad. Lo que se traduce en que por primera vez en la historia de Colombia las webs incluyen la estructura de la institución, quién la compone, información de contacto, la normativa vigente, además de un canal de comunicación con la ciudadanía.

Estas mismas organizaciones deben tener planes anticorrupción para determinar posibles riesgos y así establecer controles efectivos para mitigarlos. “Por el momento estamos en el proceso de implementación, los primeros resultados los tendremos a partir de enero”, asegura el secretario, que justifica que en seis años no hayan tenido conclusiones por la estructura administrativa de Colombia con más de mil municipios.

En este camino de cambio institucional y cultural de la burocracia, hace dos años se adoptó la decisión, “sin que sea una obligación legal”, apunta Cifuentes, de que todo el Gobierno, incluido el presidente, publicaran sus declaraciones de la renta. Una medida de fuerte impacto ante la opinión pública que, en ocasiones, ha ocultado otras reformas de mayor calado en la eficiencia de una de las burocracias más grandes de América Latina, según datos de Transparencia por Colombia.

Toda la contratación que realiza el Estado es de acceso público para cualquier ciudadano. “Colombia Compra Eficiente empezó a operar en abril de 2012”, explica Paca Zulueta, una de las responsables de este proyecto durante el primer Gobierno de Santos. “Lo construimos un grupo joven y comprometido, consciente de la necesidad de mostrar que la compra pública es fundamental en la implementación de las políticas públicas y en la entrega de bienes, obras y servicios a la población”.

Antes de que esta plataforma se creara, la información sobre este tipo de transacciones era “escasa, de poca calidad y estaba a disposición del público en general meses después de la fecha real de las operaciones”, apunta Zulueta, ahora dedicada a la enseñanza en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Bogotá. “Recibimos tutelas, demandas, cartas, acusaciones. Siempre nos decían que estábamos locos, que no se podía. Que estas cosas no eran para Colombia”, recuerda. “Hoy el proceso de contratación que antes tomaba entre tres y seis meses, se hace entre una hora y 20 días”. Entre 2011 y 2016 creció la información sobre el número de contratos en un 460%. En la actualidad, en la Tienda Virtual del Estado proveedores de todo el país ofrecen desde tecnología, tratamientos médicos, bienes y servicios para la educación hasta papelería y combustible.

Los escándalos que no dejan ver las reformas

La lenta transformación de la cultura democrática en Colombia no ha sido suficiente para convencer al ciudadano. Se han recuperado los niveles de preocupación de épocas de las alianzas entre el narcotráfico y la política con la elección del presidente Ernesto Samper a principios de los noventa; y la parapolítica a comienzos de los 2000 durante los mandatos de Álvaro Uribe.

El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht ha entrado directamente en la Casa de Nariño, residencia de Santos. Ya no se trata solo de una red de sobornos que afecta a políticos de segundo nivel y empresas privadas que construían carreteras y alcantarillado. La sospecha de que el dinero sucio llegó a las campañas electorales de 2010 y 2014 de Santos sobrevuela el final de un Ejecutivo que abandera la lucha anticorrupción. La Justicia tendrá que determinar si una de las frases más repetidas por el presidente se reafirmará o condenará: “En este Gobierno no ha habido un solo señalamiento, a ninguno de mis ministros, a ninguno de mis funcionarios”.

Los mismos que juzgan los casos de corrupción están en entredicho. La Justicia colombiana vive una grave etapa de desprestigio después de que se desvelara una trama de tráfico de influencias en la Corte Suprema. Su anterior presidente, el magistrado Francisco Ricaurte, lleva varias semanas en la cárcel La Picota, en Bogotá, señalado de formar parte de una red en la que políticos pagaban millonarias sumas para que los procesos del Alto Tribunal los favorecieran. En la misma prisión se encuentra el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno con petición de extradición de Estados Unidos.

Más de 150 políticos colombianos pertenecientes a todos los partidos están vinculados a casos de corrupción en la actualidad, según un reciente informe publicado por la Fiscalía General de la Nación. “A partir de la lucha que hemos emprendido contra la corrupción se ha evidenciado que es sistémica en Colombia. Se ha extendido por todos los territorios; no hay sector ajeno a ella y no hay ni un solo partido o movimiento político que pueda señalar a los demás sin ver la paja en el ojo propio”, dice el fiscal Néstor Humberto Martínez, en una entrevista en el diario El Tiempo.

La corrupción se convierte en una preocupación central en Colombia

“La crisis de la justicia es desastrosa”, reconoce Gabriel Cifuentes. Para tratar de paliar el impacto que está teniendo sobre la confianza ciudadana, el secretario de Transparencia plantea una serie de cuestiones a los colombianos. Es el mismo mensaje que se lanza desde la presidencia: apelar a la confianza en las instituciones. “¿Cuándo en la historia de este país se ha llevado a la cárcel a un expresidente de la Corte Suprema? ¿Cuándo la ciudadanía se había apropiado de tal manera del control social que estamos en un proceso de depuración y concertación nacional?”.

Enfrente tienen al 59% de los colombianos que considera que las acciones del Gobierno en la lucha contra la corrupción no son las más acertadas, según el informe de Transparencia Internacional. Este mismo estudio asegura que el 74% de los encuestados en Colombia considera que la ciudadanía puede hacer una diferencia en esta batalla. “Existe una conciencia colectiva que quiere recuperar la dignidad en un contexto complicado: es difícil denunciar por problemas administrativos, no hay una ley de protección al denunciante y pervive el miedo por las amenazas”, explica Marcela Restrepo.

La corrupción se convierte en una preocupación central en Colombia

La campaña electoral

Colombia tendrá un nuevo presidente a mediados de 2018. En plena precampaña electoral, la implementación de los acuerdos de paz pactados con las FARC polariza a la sociedad. Al mismo tiempo, existe un cierto consenso en que la corrupción es un problema de todos, con independencia del color político. Que este acuerdo se mantenga dependerá del tono que la confrontación vaya adquiriendo a medida que se acerque la contienda y del hartazgo que muestre una población cansada de 52 años de guerra.

“Una campaña basada en la lucha contra la corrupción es loable, pero no es suficiente. Colombia sigue teniendo un grupo muy grande de ciudadanos en situación de vulnerabilidad y la paz no se está cumpliendo”, plantea Restrepo. “Va a seguir siendo un problema para el próximo presidente porque es un tema estructural que hay que despolitizar. Las reformas deben trascender el mandato de un solo gobierno”, añade Cifuentes.

El reto ante el que se sitúa el país no solo está en las sentencias que condenen o exculpan a los responsables de los casos de corrupción. La dificultad la plantea el propio ejercicio del poder que, en palabras de la responsable de Transparencia por Colombia, es “premoderno”. Para llegar al Congreso o ganar unas elecciones los candidatos usan lo que en este país se conoce como “la maquinaria”. Un sistema de compra de votos ante el que no hay sanciones porque todos los partidos lo han utilizado alguna vez.

La otra reforma pendiente es la del Estado. “La Administración sigue creciendo por nuestro vínculo tradicional con el clientelismo”, asegura Marcela Restrepo. “En Colombia no hay meritocracia, no existe la carrera de empleo público y los concursos de trabajo son puntuales y reducidos”. Ante esta situación, se realizan contratos de prestación de servicio muy precarios. “El 80% de los funcionarios del país están en estas condiciones, según la OCDE”, dice. Estos empleados cumplen horarios y hacen tareas fundamentales, aunque estas funciones no estén recogidas en su acuerdo laboral.

“Investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría han descubierto que estos contratos son casi sobornados por políticos: ‘Yo te consigo este empleo y tú me das la mitad del salario”, apunta Restrepo. Una dinámica que impide que se lleven a cabo reformas por el interés de todas las clases políticas a todos los niveles administrativos. “Es un relacionamiento de caverna: ‘si yo gano tú tienes trabajo, así que ayúdame a ganar”.

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