La fiscalía de Colombia confirma pagos de Odebrecht a las campañas de Santos y de su rival

La Fiscalía General de Colombia concluye en unos documentos remitidos el pasado lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que la constructora brasileña Odebrecht financió las campañas presidenciales de 2014 del actual mandatario, Juan Manuel Santos, y de su principal competidor, el uribista Óscar Iván Zuluaga. “Compartimos con esta corporación todos los elementos materiales probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía y que permiten concluir, certeramente, que en relación con las campañas presidenciales 2014-2018 Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructurales”, señala el escrito del ministerio público, adelantado por el periódico El Tiempo. Este sábado vence el plazo legal para que la justicia sancione los hechos vinculados a la red de sobornos que supuestamente la compañía brasileña tejó en varios países de América Latina.

En la recta final de ese procedimiento, por tanto, la Fiscalía colombiana confirma los pagos de la constructora. La investigación ya comprobó en marzo que Odebrecht había firmado un contrato en febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares, para realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades de Colombia. “Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”, aseguró entonces este organismo.

“Para el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande, como quiera que se requeriría acreditar que quien recibió el dinero por los servicios de publicidad a esa campaña fue el señor José Eduardo Cavalcanti de Mendonca”, afirma ahora la Fiscalía. Cavalcanti de Mendonca es el beneficiario fiscal de la sociedad panameña Topsail Holding, que recibió de Odebrecht 1,6 millones de dólares transferidos en tres giros a una cuenta bancaria en Suiza.

Cuando apenas se empezaba a conocer la magnitud del escándalo de Odebrecht, que estalló el pasado enero, el presidente Santos le pidió a la Fiscalía que investigara los contratos que podrían involucrar a funcionarios o contratos realizados en Colombia. Meses después se produjo la primera captura. Las autoridades detuvieron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió 6,5 millones de dólares de Odebrecht para garantizar que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol, una de las principales vías del país. Después vino la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera.

El capítulo que involucra a Santos se abrió en febrero pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación contra sus campañas presidenciales y la del opositor en la contienda de 2014, Zuluaga por la supuesta entrada dinero proveniente de Odebrecht. Ambos negaron las acusaciones. Sin embargo, en el caso de Santos, Roberto Prieto, quien trabajó como su gerente de campaña reconoció que la compañía les había financiado de forma irregular pagando los carteles electorales en 2010.

El CNE dentro de las investigaciones que adelanta, por la campaña de 2014 y la reeleccionista de 2010, llamó a Santos a rendir versión libre por la presunta violación de topes en la campaña presidencial de 2014, que habría recibido un millón de dólares de la firma brasilera.

Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma independiente, destaca que según datos oficiales los cinco candidatos “gastaron 66.000 millones de pesos en la campaña de primera vuelta y casi 19.000 mil millones en la de segunda vuelta en 2014”. En su conjunto, los gastos ascendieron a 85.000 millones de pesos, unos 30 millones de euros. De las cuentas de la primera votación, el 45% fue cubierto por anticipos del Estado, pero ni Santos ni Zuluaga recurrieron a la financiación estatal en la segunda. Esta circunstancia, denuncia la MOE, “deja ver la magnitud de recursos que no están bajo el control estricto de las autoridades y que podría ser bastante mayor, teniendo en cuenta que persisten las dudas sobre el interés de las campañas políticas por reportar públicamente el 100% del origen de su financiación ante las autoridades”.