La 'parapolítica' ensucia Colombia

El maridaje entre paramilitares y políticos ha llevado a 33 legisladores a la cárcel - Gobernadores, alcaldes y el entorno del presidente Álvaro Uribe se contagian

"Nos falta valor para aceptar que hubo congresistas elegidos con la sangre de las víctimas del paramilitarismo". Lo dijo el jueves con voz enérgica el senador Fernando Cristo, del opositor Partido Liberal Colombiano, en una de las comisiones de la Cámara alta. La denuncia, teñida de indignación y desaliento, no era casual. Se insertaba de lleno en un debate nacional que refleja que el desafío al Estado lanzado por la guerrilla comunista de las FARC y la crisis en las relaciones con la vecina Venezuela no son los únicos problemas graves que corroen a un país castigado por décadas de inestabilidad política y con uno de los índices de muertes por violencia más altos del planeta.

Se investigan desde delitos electorales a casos de coautoría de asesinatos
Está cuestionado el 25% de los políticos, dice la investigadora Claudia López
La mejor reforma la hacen los jueces, asegura el senador Fernando Cristo

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Esta herida abierta ha provocado en Colombia un gran debate, precisamente cuando hay planteada una reforma que pretende castigar el maridaje entre la clase política y los grupos paramilitares. Un escándalo bautizado como la parapolítica y que viene arrojando basura sin cesar, aunque a cuentagotas, desde que se empezó a destapar a finales de 2006.

Cristo hablaba en el Senado. Justo enfrente, también en la inmensa plaza de Bolívar de Bogotá, en el salón de audiencias públicas de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, el senador Juan Manuel López Cabrales trataba de contrarrestar las acusaciones en su contra. Haciendo gala de sus dotes de orador, se proclamaba una víctima inocente de las maquinaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, recientemente extraditado a Estados Unidos. El senador llegó impecablemente vestido, con traje oscuro y corbata roja. Desde el estrado, ocho magistrados -ese día faltó uno- lo escucharon atentos. Conocido en el país por sus veleidades clientelistas, López Cabrales es uno de los 33 legisladores que comparten un pabellón especial en la cárcel La Picota de la capital colombiana. Y hay otros tantos implicados en investigaciones preliminares. Demasiados para un Congreso de tan sólo 260 miembros.

No sólo ellos están en tela de juicio; también gobernadores, alcaldes, concejales, ex congresistas y ex altos funcionarios, como el que fue director del mayor órgano de inteligencia durante el primer mandato del actual presidente, Álvaro Uribe. El mismo jueves, por la noche, fue detenido un prófugo de la justicia muy destacado: el ex gobernador y ex diplomático Salvador Arana. "El 25% de la clase política del país está cuestionada", asegura la investigadora Claudia López, una de las personas que más está contribuyendo a que se destape esta olla podrida y maloliente.

Los delitos que se investigan son de diferente calibre. Desde participar en componendas que supusieron ventajas electorales -están en entredicho los comicios parlamentarios de 2002-, hasta delitos de sangre -son los menos- como la participación en matanzas y la coautoría en asesinatos o secuestros para eliminar a rivales políticos. Pasando por el apoyo a grupos paramilitares.

El escándalo ha llegado muy cerca del presidente Uribe: la mayoría de los implicados pertenecen a su coalición de gobierno. Incluso un primo del jefe del Estado, el senador Mario Uribe, se encuentra en la cárcel. Sólo dos partidos permanecen, de momento, a salvo de esta vergüenza. Uno de ellos, el Polo Democrático, empieza a verse salpicado por la FARCpolítica, fenómeno similar a la parapolítica aunque de menores dimensiones.

Ya se conocen las primeras condenas: la más dura se ha dictado contra el senador Mauricio Pimiento, reconocido político de la costa del Caribe, por dos delitos: promover grupos armados ilegales, como "determinador de constreñimiento al sufragante", algo así como presionar a los votantes. Ante la colosal tarea a la que se enfrenta, la Corte optó, desde el principio, por pronunciar sus decisiones siempre por unanimidad.

Pimiento, como cabía esperar, puso el grito en el cielo: "Los fallos de la Corte son políticos y van contra el presidente Uribe", declaró en una entrevista concedida al diario El Tiempo. El alto tribunal ha sido también duramente enjuiciado desde el Gobierno. El ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín, ha hablado de "sevicia" en algunas decisiones. El mismo jefe del Estado pidió a los magistrados que actuasen con mayor objetividad en sus fallos y les hizo una invitación: "No abran sus puertas a las tentaciones de la inestabilidad institucional". Miguel de la Espriella -a quien sus propios compañeros señalan como la cara política de los paramilitares- se acogió a sentencia anticipada y ya recibió de un juez una condena a cuatro años de prisión. Él fue uno de los que -como lo hizo el primo del presidente- renunció al Congreso y se puso en manos de la Fiscalía. Allí, esperan condenas más blandas y tienen el derecho a la doble instancia.

Mientras la Corte y la Fiscalía avanzan en los procesos para establecer las responsabilidades individuales, en el Congreso se busca establecer las políticas. Hoy por hoy, nadie da un peso a favor de que vaya a prosperar una reforma que pretende sancionar a los partidos que incluyeron en sus listas a personas enredadas con los grupos ilegales. "Autosancionarse por lo sucedido es la forma de pedir perdón a los colombianos y a las víctimas", declaró a EL PAÍS el senador Cristo.

Dos puntos mantienen la reforma al borde el abismo: la cuestión de la silla vacía, es decir, que el escaño se pierde, y no se puede reemplazar desde el momento en que se dicte la orden de busca y captura contra el titular; y la liquidación de los partidos con más del 50% de sus congresistas implicados en el escándalo. Ya hay más de uno en esta situación. "Probablemente sean medidas exóticas, pero se trata de hacer frente a una situación excepcional", reconoce el político liberal.

La oposición culpa al Gobierno de torpedear el proyecto. "No quiere debilitar su mayoría", afirma Cristo, "ya que sin ella no podría prosperar en el Congreso el referéndum que busca sacar adelante una nueva reelección de Uribe". El ministro Holguín aceptó ya que la silla vacía afecte a las mayorías. El tema tiene dividida a la bancada oficialista. Por su parte, Uribe ha anunciado que presentará en julio al Congreso una reforma política integral.

Carlos García, presidente del Partido de la U -el más poderoso de la coalición- se autoexcluyó el jueves del debate. "La interpretación de los impedimentos [exclusiones] es del fuero interno de cada congresista", alegaba en los pasillos, mientras en la comisión se insistía en que sólo se aplica para dos escaños, cuyos titulares están en la cárcel. García tiene ya abierta una investigación preliminar porque tres mandos paramilitares, hoy en prisión, aseguran que viajó en helicóptero para reunirse con uno de sus jefes, ya fallecido.

"Es muy grave que en un Congreso, por efectos externos a él, la expresión del debate democrático quede suspendida", declaró García en una jerga un tanto alambicada. "La democracia consiste en que Uribe ganó la mayoría y la oposición la quiere ganar utilizando la justicia para inhabilitar a las mayorías".

Un colega suyo, Rodrigo Lara -hijo del ministro de Justicia de igual nombre asesinado en 1982 por atreverse a denunciar la penetración del dinero del narcotráfico en la política- saltó desde lejos, con voz potente, para que pudiera oírsele bien: "Un grupo de bandidos quiere implicar a gente como a él, honesta". Esta teoría tiene buena acogida en distintos sectores. Se habla de una conjura, orquestada por los jefes paramiliares, para dar la sensación de que ellos no son los únicos bandidos, para enlodar por igual a inocentes y culpables -parece que ya estaba en la lista, al menos un ministro- y poner en jaque el entramado institucional del país. Explican y justifican así la reciente entrega a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares, llevada a cabo de una sola vez. Un golpe durísimo contra esta mafia, pero que deja grandes interrogantes en el aire.

La Corte Suprema de Justicia ha repetido que llevará este proceso hasta las últimas consecuencias y que sus pruebas e investigaciones son sólidas. "No dudo de la independencia, la seriedad y la autonomía de la Corte", asegura por su parte el senador Cristo. Para él la mejor reforma política en Colombia, "lamentablemente", la están haciendo los magistrados: "Sus sanciones a la parapolítica tienen un efecto ejemplarizante". Y esto, en un país donde no es la primera vez que se destapa que ilegalidad y política van de la mano, no es poca cosa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0031, 31 de mayo de 2008.

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