La pugna por el control de la coca agrava el conflicto social en el Pacífico colombiano

Una aldea del municipio colombiano de Tumaco, en la costa del Pacífico, fue escenario el pasado jueves de una protesta cocalera que refleja la complejidad de la lucha contra el narcotráfico, la pugna de las mafias por el control de los cultivos ilícitos, que el año pasado crecieron exponencialmente, y la máxima tensión social que sufre la población. En la vereda de Puerto Rico murieron siete civiles en medio de un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que, además, dejó una veintena de heridos. El episodio, aún confuso, tiene un trasfondo que ilustra las dificultades de la convivencia en las zonas rurales y demuestra que Colombia aún no le ha ganado la guerra al narcotráfico.

Este domingo una misión humanitaria denunció un ataque de la Policía en otra comunidad cercana, El Tandil, donde la ONG Conpaz fue recibida "con tiros al aire y granadas, a pesar de que sus integrantes gritaron que eran civiles", según aseguró esta organización en su cuenta de Twitter. El Gobierno lamentó los hechos y el vicepresidente, Óscar Naranjo, confió en que ese cuerpo se explique y se disculpe.

Las fuerzas de seguridad estuvieron en el centro de la polémica también el jueves. Atribuyeron en un primer momento las muertes a la disidencia de las FARC organizada en el frente Daniel Aldama. Los campesinos acusaron en cambio a la Policía y al Ejército, que hace semanas reforzaron su despliegue en el departamento de Nariño con 700 agentes y militares ante el aumento de las protestas. El presidente, Juan Manuel Santos, ordenó al día siguiente esclarecer los hechos y, después de que la investigación determinara la presunta implicación de algunos policías, el vicepresidente Óscar Naranjo se mostró este domingo partidario de su suspensión. Finalmente, cuatro de los policías involucrados en los hechos del jueves han sido suspendidos.

Entender lo que ocurrió es importante no solo para establecer las responsabilidades, sino también para abordar la resolución de este conflicto. Algunas versiones de los hechos apuntan que los campesinos contrarios a los planes de sustitución y erradicación de cultivos de coca empezaron a rodear a las fuerzas de seguridad y estas respondieron disparando. De ser así, ¿los cocaleros actuaron solos o alentados por una organización? En esa zona apareció un narcotraficante llamado Jefferson Chávez y conocido como Cachi que, según varios testimonios, coacciona a la población y la obliga a defender los cultivos de coca. “Anda con pasamontaña, tiene más o menos a 20 o 30 personas armadas y dice trabajar para Los mexicanos”, explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

En el municipio de Tumaco operan 11 grupos criminales. Entre ellos figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que acordó un alto al fuego con el Gobierno hasta enero, el cartel del Clan del Golfo y las Guerrillas unidas del Pacífico, controladas por alias David, quien lucha con otro combatiente, alias Guacho, por el control de esa estructura. Pero también hay otros grupos que coaccionan a las comunidades, continúa Ávila, y utilizan a los campesinos para sembrar coca. “Están los famosos cultivos industriales de narcos que tienen 100, 120 hectáreas y las reparten a familias a las que pagan”.

Esta circunstancia ha llevado a dividir a la sociedad. Muchos quieren o acceden a erradicar y otros muchos se niegan. “Les obligan y les pagan para que protesten”, agrega. En este contexto, ha aumentado también la tensión entre las asociaciones que representan a los campesinos, como el Consejo Comunitario del Pueblo Negro o la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, con estrategias distintas.

El Gobierno se comprometió a erradicar antes de 2018 50.000 hectáreas de las casi 150.000 que, según la ONU, había en Colombia a finales de 2016. Los cultivos aumentaron un 52% en un año y el país enfrenta una nueva guerra contra el narcotráfico que tiene que hacer equilibrios no solo con los cocaleros y el conflicto social sino también con el Estados Unidos, que presiona para acelerar la destrucción. No obstante, según los analistas, no se trata de una tarea sencilla, pues los programas de sustitución y erradicación se enmarcan en la transición del campo iniciada tras el fin del conflicto armado con las FARC. Esto es, un reto obstaculizado por el abandono histórico de las zonas rurales, que carecen de infraestructuras, carreteras, institucionalidad. En definitiva, donde el Estado sigue siendo más vulnerable.