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La justicia madrileña trata de desenmarañar la cascada de demandas contra la exhumación de Franco

El TSJM será el encargado de unificar el criterio como receptor de los recursos contra las medidas cautelares que se puedan tomar

Un hombre posa junto a la tumba de Francisco Franco, en el Valle de los Caídos. En vídeo, el Gobierno espera que se reagrupen las demandas contra las obras para la exhumación de Franco.

El último capítulo en el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos tiene visos de complicarse. Tras la suspensión provisional por parte de un juez del informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador, se ha conocido ayer martes que otro juzgado ha desestimado otra demanda similar. En total se han presentado 17 demandas. Por ello y para unificar criterio será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que asuma los eventuales recursos contra la decisión de los jueces para fijar una postura común al respecto.

Todas las denuncias basan su argumentación en un informe que la Fundación Francisco Franco encargó a dos arquitectos y están presentadas por personas diferentes, aunque su argumentación es idéntica y 15 de las 17 tienen como defensa al mismo abogado, Francisco Javier Zaragoza Ivars.

El juez José Yusty Bastarreche, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3, y que ha atacado públicamente en el pasado la Ley de Memoria Histórica, decidió admitir la petición de medidas cautelarísimas para suspender el informe que concedía la licencia urbanística para la exhumación. El magistrado entendía que el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial —término municipal del monumento— que autorizó la obra para exhumar a Franco no tiene en cuenta “el riesgo evidente de caída o rotura y daño a las personas” que según el juez supone “la citada maniobra”. Sin embargo, otro juez, Daniel Sancho Jaráiz, del Juzgado 13, desestimó otra demanda hasta en cuatro ocasiones al considerar que no tenía base jurídica.

Yusty ha paralizado esta licencia decretando medidas cautelarísimas (sin escuchar a las partes), contra las que no cabe recurso, pero deberá pronunciarse sobre estas medidas (tras oír a demandante y demandado) en un plazo de tres días. Cualquier decisión que tome, tanto él como cada uno de los titulares de los 8 juzgados (10 de las 17 demandas se han agrupado en uno de los tribunales, el 13), podrá ser recurrida ante el TSJM. La alta instancia provincial será la encargada de unificar todas estas causas, una vez se recurran, en un único procedimiento, que podría llegar hasta el Tribunal Supremo, el único que puede fijar jurisprudencia.

El Gobierno ya admitió la semana pasada que quizás no les daba “tiempo” a exhumar a Franco antes de las elecciones del próximo 28 de abril. Aún así, el Gobierno ha subrayado que el expediente para el desenterramiento del dictador sigue su curso, dado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid no es competente para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo.

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