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Sánchez cuadra mejor las cuentas de los hogares que las públicas

El Gobierno elevó el gasto pero no puede aprobar impuestos para compensarlo y deja sin solucionar el déficit; las subidas de sueldos y pensiones mejora la situación de las familias

Varios ancianos sentados en un banco del parque lineal Madrid Río.
Varios ancianos sentados en un banco del parque lineal Madrid Río.

El Gobierno de Pedro Sánchez aterrizó hace casi nueve meses con poco margen de actuación pero mucha ambición en materia económica. La hoja de ruta se la había marcado un par de meses antes, con un presupuesto alternativo que publicó desde la oposición. Las líneas estaban claras: un aumento multimillonario del gasto público y más impuestos con los que poder pagar la factura de una agenda social ambiciosa. Lo primero han conseguido en parte desplegarlo. Han llevado adelante la subida de pensiones el 1,6% y el salario de los funcionarios el 2,25% (dos compromisos del anterior Gobierno), y el salario mínimo ha dado el salto más grande de la democracia, hasta los 900 euros: las cuentas de los hogares cuadran mejor con ese empujón. El ajuste del déficit se les ha atragantado más con sus escasos 84 diputados y la imposibilidad de aprobar el presupuestos. Los nuevos impuestos dormirán el sueño de los justos. Y el agujero fiscal será la patata caliente con el que deberá lidiar el próximo ministro de Hacienda: el déficit público español sigue siendo el mayor de la eurozona, y la deuda pública roza el 100% del PIB. Mal equipaje para la próxima crisis.

El resultado es que, de cara a Bruselas, el Gobierno de Pedro Sánchez deja los números tan endiablados como los encontró: entraron en el Gobierno cuando España tenía el descuadre en las cuentas públicas más elevado de la UE: el 3,1% al final de 2017. Saldrán dejándolo alto (previsiblemente el 2,7% en 2018) y con compromisos suficientes como para que siga por encima del 2% en 2019. Si el déficit español no lidera la UE, será porque a Francia se le habrá ido todavía más la mano. Las cuentas públicas, en fin, no cuadran; a cambio, las de muchos hogares sí cuadran un poco mejor, con mayores pensiones y salarios. Y eso que la falta de presupuestos ha impedido llevar la agenda social más lejos y aprobar la subida de las becas, los fondos para dependencia, contra violencia de género o contra la pobreza infantil.

Subir las pensiones el 1 de enero el 1,6% y las mínimas en 3% le cuesta al Estado 2.600 millones al año. Eso sí: se benefician de eso 10,5 millones de españoles. Elevar los sueldos de los funcionarios el 2,25% supone unos 3.400 millones de euros: unos tres millones de trabajadores públicos ya lo cobran desde el 1 de enero. Con la tasa Google, la tasa Tobin, los cambios en el impuesto de sociedades y otras medidas fiscales —que no verán la luz porque las Cortes quedarán disueltas en dos semanas— el Gobierno calculaba que era capaz de recaudar casi 5.700 millones más. Eso, sumado a una muy generosa previsión de ingresos tributarios por la mejora del consumo interno gracias a los sueldos más altos, debía permitir dejar el déficit por debajo del 1,8%. Incluso, por debajo del 1,3%, según se aventuró a decir Hacienda pese al escepticismo general entre los expertos.

Muchas voces (desde la Autoridad Fiscal Independiente al Banco de España) han tachado esas previsiones de optimistas. Ahora parecen ciencia ficción, porque el gasto está comprometido e incluso ha empezado a desembolsarse, y buena parte del alza de ingresos se ha desvanecido sin presupuestos. Los nuevos impuestos no van a llegar. En 2018, si se cumplen las previsiones, el déficit se ha quedado cerca del 2,7%; en 2019 España terminará por encima del 2%, puede que cerca del 2,5% del PIB si se cumplen los peores augurios. Ese agujero no le va a gustar a Bruselas. Tampoco le va a gustar que la deuda pública siga cerca del 96% del PIB. Aun así, es posible que el brazo ejecutivo de la UE muestre solo un discreto disgusto. Porque España, pese a todo, es un alumno de notable en comparación con el constante desafío de Italia y el caos del Brexit. Lo único que cuenta ahora mismo para Bruselas es dejar el déficit claramente por debajo del sacrosanto 3% del PIB y seguir dando muestras de compromiso con el proyecto europeo.

España terminará 2019 con el mayor déficit de la zona euro, pero también con uno de los crecimientos económicos más sólidos, previsiblemente en el 2,2%. En medio de la desaceleración que arrecia en todo el Atlántico Norte y pese a la retirada de buena parte de los vientos de cola del último lustro, el PIB español aguanta el tipo. Cierra el 2018 creciendo a tasas trimestrales del 0,6%: ya quisieran poder decir lo mismo Alemania (0,0%), Italia (-0,1%) e incluso Francia (0,2%). Parte de los vientos de cola no abandonaron a Sánchez: el petróleo sigue barato. Y eso, para un país como España, dependiente de las importaciones de crudo, es oxígeno puro. El colchón por los estímulos del Banco Central Europeo ha seguido anestesiando a los mercados y la prima de riesgo. Los turistas llegan. El sector inmobiliario despierta. Y el paro, el gran problema de España, sigue por encima del 14%, pero al menos no ha dejado de bajar.

Sánchez cuadra mejor las cuentas de los hogares que las públicas

El ministerio de Economía deja algunos deberes hechos. La mayoría son poco glamurosos, pero alguien tenía que hacerlos: se ha dedicado a trasponer muchas directivas europeas que los anteriores departamentos del PP habían escondido en el cajón. La ley hipotecaria puede que sea la última herencia: debería aprobarse el jueves en el Congreso, tras un largo proceso parlamentario. De no salir adelante, España se arriesgaba a una multa de Bruselas de 100.000 euros diarios, porque la Comisión Europea lleva esperando desde 2014 a que sea aplicada. Incluye nuevas obligaciones para la banca y algunas protecciones extra para los hipotecados, sobre todo, en materia de reclamaciones, embargos y desahucios.

Sánchez cuadra mejor las cuentas de los hogares que las públicas

Si al Gobierno se le podrá achacar (muy probablemente) una promesa incumplida en materia económica, es la de la reforma laboral. Sánchez, desde la oposición, llegó a hablar de derogarla. Luego de derogarla parcialmente. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se comprometió a eliminar “los elementos más lesivos” de la reforma de 2012. Los sindicatos han presionado hasta el último momento para forzar los cambios. Pero sigue en un cajón. CC OO y UGT aseguran que el Gobierno todavía está a tiempo: si lo aprueba por decreto ley, podría tratar de convalidarlo aunque sea en el tiempo de descuento. No parece probable que lograra los apoyos necesarios. Aunque tampoco parece que tuviera mucho que perder por intentarlo.

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