El Gobierno de Rajoy usó la misma vía que Sánchez en 23 enmiendas a leyes

El atajo legal que ha puesto en marcha el Ejecutivo para lograr aprobar a tiempo los Presupuestos ha suscitado una furibunda reacción del Partido Popular,que ha calificado de "escándalo" la maniobra, y está buscando fórmulas para frenarlo. Sin embargo, esta fórmula ha sido utilizada de manera recurrente por los diferentes Gobiernos desde que regresó la democracia y durante la última legislatura completa del expresidente Mariano Rajoy (la que fue de 2011 a 2015) se usó al menos durante la tramitación de 14 proyectos o reformas de ley para introducir 23 enmiendas a leyes que no tenían relación con el texto supuestamente enmendado.

El procedimiento es simple: el Gobierno de turno introduce una enmienda en una ley que cambia o modifica otra ley, de igual o menor rango, que en realidad tiene poco o nada que ver con la norma en la que se introduce la enmienda. Por ejemplo, en este último caso, el grupo socialista ha registrado en el Congreso una enmienda a una reforma de la ley del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia machista en la que ha introducido un cambio que reforma la ley de estabilidad presupuestaria y elimina la capacidad de veto del Senado, controlado por el PP.

El primer Gobierno de Mariano Rajoy aprovechó, por ejemplo, la ley de segunda oportunidad para cambiar asuntos relacionados con los seguros de salud, o para modificar la ley del juego. También se usó la ley del voluntariado para cambiar el estatuto marco del personal de los servicios de salud e incluso una ley de reutilización de la información del sector público se empleó para cambiar la ley de técnicas de reproducción asistida, algo que resultó especialmente polémico. 

Esta vía fue también la empleada tras la abdicación de Juan Carlos I, en 2014, para garantizar el aforamiento de los Reyes eméritos, la reina Letizia y la princesa de Asturias. Se hizo modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público. El PSOE justificó entonces su abstención en el Congreso precisamente en que la fórmula empleada era muy cuestionable porque limitaba el debate y daba la impresión de que el Ejecutivo trataba de ocultar algo o proteger a personas concretas.

Si embargo, unos años antes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había recurrido a esta fórmula, por ejemplo, para modificar la renovación del Tribunal Constitucional en una norma que en principio servía para simplificar la papeleta del Senado. Además, en varios de los presupuestos que se aprobaron durante las dos legislaturas de Zapatero se introdujeron enmiendas adicionales que modificaban otras leyes. Por ejemplo, en 2007 se aprovecharon los presupuestos para crear el rango de teniente general en la Guardia Civil y en 2008 para constituir la Comisión Nacional del Sector Postal. Zapatero había eliminado poco después de llegar al cargo la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que casi sistemáticamente se usaba para aprobar otras iniciativas relativamente urgentes que no ha dado tiempo de abordar ese año. El Gobierno socialista decidió suprimirla al considerar que se utilizaba de “forma abusiva” para modificar otras leyes.

Durante los dos mandatos de José María Aznar también se utilizó este sistema. Por ejemplo, en 2003, para incluir en la Ley de Arbitraje, que en aquel momento se tramitaba en el Senado, una modificación del Código Penal para tipificar como delito penal la posible convocatoria de consultas populares por medio de referéndum que preveía el Plan Ibarretxe. Esta enmienda fue anulada por el Tribunal Constitucional y la sentencia está entre las esgrimidas ahora por el PP para pedir la anulación de la enmienda que les quita el poder de veto en el Senado.