Bronca entre Gobierno y PP por el atajo legal para facilitar el Presupuesto

Guerra de expertos jurídicos entre el Gobierno y el PP. Desde que EL PAÍS adelantó el atajo legal que ha puesto en marcha el Ejecutivo para lograr aprobar en tiempo los Presupuestos, en el PP empezaron a consultar a todos sus expertos para organizar rápidamente, ya desde la noche de este martes, una estrategia de respuesta a lo que Pablo Casado califica de “escándalo”. Los populares han buscado y han encontrado hasta seis sentencias del Constitucional a las que apelan para sentenciar que esto no se puede hacer. Pero el Gobierno ha encontrado hasta 14 enmiendas similares a las que ellos han presentado, en las que se reforma una ley que no tiene en principio nada que ver con la tratada.

A partir de ahora se abre una batalla legal en la que el Ejecutivo está convencido del éxito, pero el PP también se prepara después del primer golpe para lograr vencer. El PP da por perdida la batalla, aunque la dará, en la mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE y sus aliados tienen mayoría. Por eso apelará a la llamada mesa grande, esto es la Mesa de la Cámara, donde PP y Ciudadanos sí tienen mayoría ya que se conformó a principios de legislatura, cuando aún no habían cambiado las mayorías con la moción de censura. Ahí se acudirá en amparo para que se pida un informe de los letrados. Pero algunos expertos de uno y otro lado señalan que no será fácil tumbar en la mesa grande la decisión de la mesa de Justicia, porque hay muchos antecedentes en los que el Constitucional siempre dice que las mesas pequeñas son soberanas.

El PP lo intentará, pero si no lo consigue y la reforma sale del Congreso aún habrá una segunda oportunidad en el Senado. El Gobierno pedirá allí el trámite de urgencia, al que tiene derecho, pero los populares creen que la Mesa, controlada por el PP, podría rechazar esa petición. Desde el PSOE insisten en que eso no se debería poder hacer, porque el Gobierno tiene derecho a la urgencia, pero en el peor de los casos, explican, el PP solo podría alargarlo dos meses, el plazo máximo para que el Senado devuelva la ley al Congreso. Por tanto, se podrá retrasar algo en función de la estrategia del PP, pero en el PSOE están convencidos de que en un máximo de tres meses debería estar todo resuelto, e intentarán que sea mucho antes. Así se podrían presentar los Presupuestos en diciembre o como mucho enero.

Lo importante, desde el punto de vista político, es que con esta estrategia ya hay un horizonte, un plazo máximo. Con la vía regular, la de la reforma de la ley presupuestaria, el PP y Ciudadanos podían retrasar indefinidamente su aprobación simplemente ampliando el plazo de enmiendas cada semana. No hay límite para eso. Ahora el Gobierno cuenta con un instrumento para cumplir los plazos y presentar los Presupuestos a final de año.

El Gobierno y el PP pueden acudir en cualquier momento al Tribunal Constitucional, y los populares lo harán con seguridad, pero su respuesta llegará muy tarde. Por eso lo importante políticamente es qué pasa en cada una de las mesas, es allí donde se dirime la batalla real para saber si habrá o no Presupuestos. La Mesa del Senado tiene más tradición de respetar el criterio de los letrados que la del Congreso, donde se lo han saltado muchas veces por motivos políticos.

El PP apela a varias sentencias del Constitucional (la 136/2011, la 176/2011, la 204/2011, la 209/2012, la 234/2012 y la 59/2015) pero sobre todo a una, la 119/2011, en la que según la interpretación de este partido se estableció que las enmiendas, como iniciativas subordinadas a leyes en tramitación, deben tener un hilo conductor material con las mismas. Para frenar este reproche, el PSOE señala en la enmienda que el hilo existe porque los Presupuestos que están bloqueados por la ley de estabilidad son imprescindibles para desarrollar la ley del Poder Judicial que se modifica y el desarrollo del pacto contra la violencia de género al que se refiere la reforma.

Mientras, el Gobierno ha repasado las enmiendas de este tipo en el pasado y ha encontrado al menos 14. Se ha utilizado la ley de segunda oportunidad para cambiar asuntos relacionados con los seguros de salud, o para modificar la ley del juego. Se usó la ley del voluntariado para cambiar el estatuto marco del personal de los servicios de salud. Se usó una ley de reutilización de la información del sector público para cambiar una ley de técnicas de reproducción asistida. Se usó la ley del régimen jurídico del sector público para modificar las subvenciones al transporte en Canarias y Baleares, y para modificar la ley concursal.