La oposición en pleno rehúsa votar la reforma penal contra el referéndum vasco

No hay precedentes en el actual periodo democrático. La oposición en pleno renunció a votar la reforma del Código Penal, introducida en el Senado a través de la Ley de Arbitraje, que castiga con cárcel la convocatoria ilegal de un referéndum y la subvención con fondos públicos a partidos ilegalizados. Al ser una ley orgánica, exigía la mayoría absoluta en el Congreso y consiguió el refrendo con 179 votos, todos del PP, mientras muchos diputados levantaban las manos haciendo ostensible que abdicaban de su derecho al voto, mientras coreaban frases como "manos arriba, esto es un atraco".

Faltaron a la votación el presidente del Gobierno, José María Aznar; el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y dos diputados del PP, pero a este partido aún le sobraron cuatro votos para superar los 176 de la mayoría absoluta.

Tampoco acudieron el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y algunos otros diputados de distintos grupos de la oposición, pero el marcador electrónico registró como ausentes a 170 diputados. La mayoría estaba en el hemiciclo, escenificando la protesta parlamentaria más radical que ha conocido la democracia española en su etapa actual.

Diputados del PSOE, IU, CiU, PNV, Grupo Mixto e incluso Coalición Canaria, que ha apoyado al Gobierno a lo largo de la legislatura, rehusaron emplear cualquiera de las tres opciones que les ofrece el marcador -sí, no o absten-ción-, primero para el texto articulado y luego en la votación de conjunto para refrendar el carácter orgánico, en la que se abstuvo el diputado socialista Celestino Suárez, con toda probabilidad por error.

Cuando la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, hizo sonar el timbre que llama a votar, los diputados de IU, puestos en pie, desplegaron una pancarta con la leyenda "Todos a la cárcel". La sostuvieron poco más de un minuto, mientras desde los escaños populares se oyeron gritos de "¡que se vayan!" o "¡qué bochorno!".

En ese momento sonaron las primeras voces corales. La presidenta esperaba la llegada de diputados al hemiciclo y la oposición, mitad con sorna, mitad por si conseguía que las ausencias dieran al traste con la mayoría absoluta que exigía el proyecto, gritó "¡votar! ¡votar!".

Cuando Rudi anunció el resultado de la votación los populares aplaudieron y volvió a sonar el orfeón opositor, con una copla insólita y chirriante para los usos parlamentarios -"¡manos arriba, esto es un atraco!", con acompañamiento de fuertes palmoteos en los escaños.

Al tratarse de enmiendas que llegaban del Senado, sin que previamente el Congreso hubiese conocido ningún proyecto o proposición de ley, no hubo debate propiamente dicho sino que los portavoces de los grupos intervinieron para explicar su posición.

Los argumentos se fueron desgranando y repitiendo. Carlos Aymerich (BNG) habló de "fraude al procedimiento legislativo, inadmisible, por razones de forma y de fondo". José Antonio Núñez, andalucista, adujo que "no se puede luchar contra teóricos planteamientos anticonstitucionales [la convocatoria ilegal de un referéndum] con métodos anticonstitucionales".

Para Joan Puigcercos (ERC) "el nacionalismo excluyente, el nacionalismo español, del cual hacen hoy gala el Partido Popular y el Gobierno, tienen en esta modificación del Código Penal munición suficiente como para ir más allá del mes de marzo", tras las elecciones generales.

Begoña Lasagabaster (EA) advirtió que su partido "promoverá, facilitará e intentará asegurar que los ciudadanos vascos puedan decidir y expresar lo que quieran en relación con su futuro" y lo mismo hizo Mónica Miquel (ICV), al recordar que en Cataluña el nuevo Gobierno ha anunciado "una consulta popular y la haremos", y José Antonio Labordeta (CHA), concluyó con una dosis de escepticismo irónico: "Como sé que no van a hacer caso (...) sólo me queda desearles a ustedes que pasen una feliz Navidad y que el año que viene seamos todos más buenos y más justos".

Un día triste

Luego, el canario Luis Mardones se puso serio y, en tono grave, dijo que no era un día "grato", sino "triste", y que su grupo rechazaba "frontalmente, en forma y contenido lo que llega del Senado, pues se trata de la desnaturalización del legislativo".

Margarita Uría (PNV) recordó que la Constitución establece un procedimiento para las leyes orgánicas y que "las formalidades son más que formalidades, porque hacen referencia a la garantía de la propia tramitación de las normas". Manel Silva (CiU) recalcó que "hay aspectos de procedimiento absolutamente intolerables que no se pueden asumir".

Felipe Alcaraz (IU) fue el portavoz más aplaudido. Tres veces le interrumpieron con palmas diputados de distintos grupos de oposición, algo muy poco frecuente. Se puso taurino al denominar el procedimiento "bajonazo parlamentario". Pero en tono muy firme denunció que con la reforma "se recupera el delito político y se amenaza directamente a presidentes de comunidades autónomas; ¿es que estamos perdiendo la cabeza?", se preguntó.

En otro momento, Alcaraz argumentó que "ante cualquier problema político no se puede reinventar el Código Penal para intentar meter en la cárcel a la gente; ese es el eslogan de esta legislatura; todos a la cárcel, el que se descuida va a la cárcel".

Juan Fernando López Aguilar (PSOE) cerró el turno opositor tronando contra la reforma porque "supera cualquier imagen de la degradación parlamentaria" y porque fue anunciada, tras un Consejo de Ministros "con el látigo del portavoz del Gobierno, que ordenó" al PP en el Senado que incorporase enmiendas "en un texto legislativo como la Ley de Arbitraje" y con ello, dijo, "se ha humillado al Senado de forma insoportable".

"Nunca habíamos visto una reforma del Código Penal en 10 días que tipifica conductas y que prevé para ellas penas de tres a cinco años de cárcel". López Aguilar causó irritación en los escaños populares al preguntarse si entre los criminalizados por el Gobierno está ya el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, y -por qué no- [Manuel] Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, que ha propuesto una reforma del Estatuto, o a cualquier presidente de comunidad socialista que se atreva a subir las pensiones no contributivas.

Para el diputado socialista, la reforma muestra que "la idea de España como nación" que tiene el PP quiere "convertir en enemigos o en antiespaña a todos los que les lleven la contraria".