PSOE y PP meten en otra ley la reforma del Constitucional

El PSOE y el PP han cerrado en los últimos días acuerdos para reformar de manera urgente dos leyes orgánicas: la del Tribunal Constitucional y la Electoral. Las negociaciones discretas han concluido con pactos, algo inusual en lo que va de legislatura.

La primera reforma consiste en modificar la ley para que los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que debe elegir el Senado tengan un mandato de seis años, en lugar de nueve como prevé la Constitución. Para eso, los dos grandes partidos reformarán la ley orgánica para que se compute como parte del mandato el tiempo de retraso en la renovación.

"Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación", asegura el nuevo artículo.

Los nuevos magistrados estarán seis años en lugar de nueve

Los partidos cierran el acuerdo para retocar el sistema electoral

Se aclara que las vacantes producidas por causas distintas a la expiración del mandato (por ejemplo, fallecimiento) "serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para designación del magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a este restase".

El Senado tenía que haber renovado a cuatro magistrados hace tres años y como la Constitución prevé que cada seis años se renueve un tercio del tribunal, la insólita situación actual haría que dentro de seis años coincidieran la renovación de dos tercios en ambas cámaras. Esa reforma legal debe estar aprobada con urgencia antes de proceder al nombramiento de cuatro magistrados, y por eso PSOE y PP buscaron alguna ley orgánica en trámite de reforma para "colgar" el cambio de la del Constitucional.

En esa búsqueda encontraron un cambio muy limitado de la ley electoral, que pretende solo cambiar la forma de las papeletas del Senado, para introducir una enmienda que, a su vez, modifique la ley orgánica del Tribunal Constitucional, aunque no tengan nada que ver.

Solo había una enmienda viva de CiU y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José de Francisco, pidió ayuda a CiU para que colaborara en esa artimaña parlamentaria.

CiU aceptó para no romper el consenso sobre ese cambio de las papeletas del Senado, pero ayer en la ponencia tanto los nacionalistas catalanes como ERC protestaron por el procedimiento utilizado por el Gobierno. "La renovación se ha hecho tarde y mal", aseguró el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané. "Es una auténtica chapuza jurídica, un cambalache partidista", añadió el secretario general de Esquerra, Joan Ridao.

La reforma se aprobará hoy en la Comisión Constitucional del Congreso y la próxima semana en el pleno para que entre ya en vigor. De esa forma, el Senado tendrá vía libre para nombrar a los cuatro magistrados que tendrán el mandato más breve de la historia del tribunal. Es decir, se limitará el mandato de un tercio del Tribunal Constitucional con un cambio legal introducido en otra norma y que solo será sometido a una mínima parte del trámite parlamentario.

El Senado acordó ayer frenar el trámite de renovación del tribunal hasta que esté culminada la reforma legal pactada entre el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el dirigente del PP Federico Trillo.

En paralelo, PSOE y PP han cerrado ya otro acuerdo para modificar en profundidad la ley electoral antes de final de año, para su entrada en vigor en las municipales y autonómicas. El acuerdo se plasmará en dos proposiciones de ley: una, para cerrar aún más el paso a candidaturas próximas a ETA y otra para llevar a cabo una amplia reforma de la ley electoral.

En esta última se incluye la posibilidad de exigir proporcionalidad en la información de campaña de las televisiones privadas, la supresión del voto de los emigrantes en elecciones municipales y la primera regulación legal de medidas contra el transfuguismo, entre otras medidas. El PP ha renunciado a mantener su propuesta de plasmar en la ley la exigencia de que gobierne la lista más votada en municipales. Esta proposición es suscrita por todos los partidos, salvo Izquierda Unida y UPyD que exigían cambios en la proporcionalidad del sistema electoral del Congreso. Esta reforma surgió del trabajo de una subcomisión del Congreso que elaboró en junio un dictamen con consenso de los principales partidos. Ahora, ese dictamen ha sido trasladado a una proposición de ley que se tramitará de forma urgente en las próximas semanas.

La otra proposición de ley, referida al endurecimiento de la ley de partidos, no tiene apoyo de los partidos nacionalistas. Los dos grandes partidos establecerán la exigencia de condena expresa del terrorismo para concurrir a elecciones.