El Congreso tumba la senda del déficit con la abstención de los socios del Gobierno

El Gobierno ha constatado este viernes de nuevo su debilidad parlamentaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sufrido un duro revés en el Congreso de los Diputados después de que Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT y otros grupos afines se hayan abstenido en el pleno extraordinario que debía validar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas para el periodo 2019-2021. El pleno también debía respaldar el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019 en el que trabaja la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

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Finalmente, solo el PSOE y el PNV han respaldado la iniciativa del Gobierno, que suponía el primer trámite de los Presupuestos de 2019, frente al rechazo del PP y Ciudadanos y la abstención de las formaciones que apoyaron la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. El Gobierno deberá ahora elaborar un nuevo proyecto y tendrá que volverlo a someter ante la Cámara en el plazo de un mes y luego en el Senado. En caso de que no supere el trámite, el Gobierno podría adoptar la senda de déficit aprobada por el anterior Ejecutivo, con lo que el techo de gasto debería ajustarse en 1.200 millones, situándose en unos 123.864 millones.

El bloqueo ha subrayado la frágil mayoría que apoya al Gobierno y tendrá consecuencias casi inmediatas: el techo de gasto es esencial para que las autonomías diseñen sus presupuestos para 2019. Con el Gobierno de Rajoy, las comunidades podían incurrir en un déficit conjunto del 0,1% del PIB; tras un acuerdo del Ejecutivo y la Comisión, esa cifra se elevaba al 0,3%; 2.500 millones adicionales. Además, sin los nuevos objetivos de déficit pactados en Bruselas, el Gobierno puede verse obligado a aplicar ajustes más duros. PP y Ciudadanos llevan semanas anunciando su oposición a las propuestas de Sánchez pero la abstención de Podemos y los nacionalistas, avanzada a primera hora de este viernes, dificulta los planes del Ejecutivo, que puede encontrarse con el mismo obstáculo cada vez que acuda al Parlamento.

Las primeras consecuencias son puramente económicas, pero el desplante de la mayor parte de los socios de la moción entraña, asimismo, un impacto político. Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís han mandado al Gobierno el inequívoco mensaje de que el hecho de que apoyaran la moción de censura no supone un cheque en blanco. Estas formaciones ya habían asegurado que la propuesta, pese al mayor margen, no les convencía y era insuficiente. Y no habían escondido su decisión de voto apuntando que, con indiferencia de su posición, el objetivo de déficit no pasaría la barrera del Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. Con todo, no han cerrado la puerta a una nueva negociación.

En 2012, con mayoría absoluta popular en el Congreso y el Senado, el Gobierno reformuló de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública contara con el respaldo mayoritario de ambas Cámaras. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que en el caso de que el Senado taponara el proyecto, el Ejecutivo encontraría “soluciones”, sin aludir directamente a una modificación de la ley, que por ser orgánica resultaría complicada.

El acuerdo de estabilidad presupuestaria que aprobó el Consejo de Ministros incluye el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que no es sometido a votación, y que se sitúa en 125.064 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al de 2018.

La nueva senda de consolidación fiscal flexibilizaba en cinco décimas el margen de déficit público para 2019, lo que supone cerca de 6.000 millones más de gasto para las Administraciones Públicas. El Gobierno contempla un déficit máximo del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021. En el desglose, el de la Administración central y el de las comunidades autónomas se reducirán hasta lograr el déficit cero en 2021. Para las entidades locales, el Gobierno contempla el equilibrio presupuestario en todo el periodo y para la Seguridad Social se reducirá del 1,1 en 2019 al 0,9 en 2020 y 0,4 en 2021. La flexibilización supone alrededor de 2.400 millones más para las comunidades, otros tantos para la Seguridad Social y unos 1.200 más de margen para el Estado.

Reproches de la ministra

En un discurso más político que económico, la ministra María Jesús Montero, no ha ahorrado en reproches a los grupos que han evitado que la iniciativa prosperara “desde el resentimiento” o “las trincheras”. Ha insistido en que “los beneficiarios de las cinco décimas” eran los pensionistas, los desempleados, los usuarios de la sanidad o los jóvenes que buscan una oportunidad. “No se comprendería que se pongan de perfil: abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades”. La ministra no ha querido dar por perdido el empeño del Gobierno y ha asegurado que seguirá adelante para elaborar unos nuevos Presupuestos “con las aportaciones de los grupos que estén dispuestos a apostar por los ciudadanos”, apelando a “una mayoría plural y polifónica” a la que ha instado a “achicar la brecha social que se ha agigantado con las políticas neoliberales del PP”.

El diputado del PP Jaime de Olano ha rechazado el objetivo de déficit del Gobierno por considerarlo “perjudicial para los españoles” y se ha empleado a fondo en el elogio de las políticas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy. “Políticas alabadas por los analistas y que ustedes han decidido abandonar”, ha recriminado. De Olano ha acusado al Gobierno de tener “aversión a la disciplina fiscal” y de haber elaborado un techo de gasto “tramposo” porque esconde una subida de impuestos. “Sus políticas solo traen recesión”, ha despachado.

En la misma línea frontal de oposición, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha condensado las consecuencias de la iniciativa del Gobierno: "Más déficit, más deuda, más gasto y más impuestos". De la Torre ha añadido que el objetivo de los planes financieros del Gobierno no era otro que "financiar a Pedro Sánchhez la campaña más larga y cara de la historia".

El socio preferente del Gobierno, Unidos Podemos, ha justificado la abstención en que las cifras del techo de gasto impulsado por el Gobierno "deja 5.000 millones de oxígeno presupuestario por el camino". Para la formación liderada por Pablo Iglesias, el Gobierno tendría que haber propuesto en primer lugar la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria. Los portavoces Txema Guijarro y Alberto Garzón han considerado clave llevar a cabo una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, "levantar la regla de gasto que ahoga a los Ayuntamientos y derogar los reales decretos de racionalización del gasto que ahogan la sanidad, la educación y la dependencia".

Guijarro ha criticado al Gobierno que no haya planteado al grupo confederal "una estrategia ni una explicación sobre las políticas sociales que quieren asumir". Garzón, por su parte, ha asegurado que con estos objetivos de déficit "el PSOE apoya la criminalización del gasto público del PP". Con todo, han manifestado a la ministra que "la abstención supone una nueva oportunidad" para iniciar una nueva negociación.

También el PDeCAT ha alegado "falta de negociación" por parte del Gobierno para justificar su abstención. Su diputado, Ferran Bel, ha afeado a la ministra que el Gobierno llamara a su partido el día después de haber aprobado la senda de déficit. "Si hoy no van a tener la mitad de los votos que tuvieron para hacer a Sánchez presidente, tendrían que reflexionar", ha advertido. Bel ha reclamado "nuevos objetivos de déficit y evitar que el Senado pueda vetarlos".

En su cuenta de Twitter, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, había manifestado antes del pleno que si el Gobierno presentaba en septiembre "un nuevo y más ambicioso techo de gasto" y una modificación de la ley para que el PP no pueda bloquearla en el Senado, su formación "modificará la posición" de abstención. El diputado Joan Margall ha insistido en esa línea, animando a la ministra de Hacienda a presentar un techo de gasto "más expansivo" porque el actual "no responde a las necesidades de las administraciones públicas catalanas".

Compromís también ha querido dar una nueva oportunidad al Gobierno. Su diputado Ignasi Candela ha admitido que la iniciativa defendida por Montero "da más aire a la economía", pero "no resuelve el grave problema de infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana.

La propuesta del Gobierno solo ha encontrado ecos positivos, aunque con algunos reparos, en el PNV, que ha votado a favor del techo de gasto pero ha reclamado una distribución de objetivos diferenciada entre Administraciones y flexibilizar la regla de gasto. La portavoz Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea ha criticado que los objetivos "no tienen en cuenta la autonomía fiscal al ser simétricos".