La suspensión de USAID da el golpe de gracia a la catástrofe humanitaria en Sudán

La profunda crisis humanitaria en la que vive sumida Sudán desde el inicio de la guerra civil en el país, hace casi dos años, parece no acabar de tocar nunca fondo. El último gran revés se lo ha propinado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar a finales de enero y durante 90 días todos los programas de ayuda al desarrollo exterior a fin de someterlos a revisión. En el país africano, esta orden ha paralizado muchas de las últimas iniciativas que quedaban en pie brindando servicios esenciales a millones de personas.

La devastación de la guerra y los obstáculos de las partes beligerantes a la provisión de ayuda han empujado a Sudán a la mayor crisis humanitaria del mundo. A las miles de bajas que está dejando la contienda, entre muertos y heridos, se suman unas condiciones incompatibles con la vida en muchos territorios del país, como la malnutrición extrema y el colapso del sistema de salud, que están contribuyendo a disparar la mortalidad por causas que se podrían prevenir.

La ayuda que Sudán ha recibido del exterior para afrontar esta crisis ha sido en todo momento exigua. Pero el año pasado, Estados Unidos fue el mayor donante individual a Sudán tanto de forma directa como a través de la acción humanitaria de la ONU. La paralización de casi toda esta ayuda ha tenido ahora un impacto inmediato y ha llevado al cierre de cientos de cocinas comunitarias y ha dejado a cientos de centros de salud con los días contados en todo el país. Hay millones de personas afectadas; muchas de ellas, sin ninguna alternativa a la que agarrarse.

Paralización de cocinas comunitarias

Actualmente, más de 24 millones de personas —en torno a la mitad de toda la población— se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria en Sudán por causas como los combates, la caída de producción agrícola, una inflación desbocada, la disrupción del sistema financiero y la poca ayuda humanitaria. Al menos cinco zonas del país sufren condiciones de hambruna, otras cinco las padecerán pronto y 17 más se hallan en riesgo. Son los peores datos del mundo.

Las personas con problemas para acceder a comida han dependido hasta ahora de tres grandes formas de socorro: la distribución de alimentos de agencias humanitarias, que ha sido escasa y esporádica por las trabas de las partes beligerantes y el poco compromiso de la comunidad internacional; el envío de dinero para poder comprar; y una red de cocinas comunitarias gestionadas por grupos de voluntarios conocidos como unidades de respuesta de emergencia.

Al menos cinco zonas del país sufren condiciones de hambruna, otras cinco las padecerán pronto y 17 más se hallan en riesgo

Inicialmente, estos grupos, surgidos muchas veces de círculos de activistas y revolucionarios, contaron con donaciones locales y de la diáspora para hacer funcionar las cocinas comunales, pero con el tiempo fueron recibiendo más financiación de agencias internacionales. En total, han llegado a abrir 1.696 cocinas en todo Sudán, con cerca de tres millones de beneficiarios. Pero a raíz de la suspensión de fondos de Estados Unidos, alrededor del 72% de estas cocinas (1.220) han dejado de funcionar, según los datos de un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS.

En seis Estados, incluido en Kordofán del Sur, uno de los que sufre los niveles más alarmantes de malnutrición y donde 88.000 personas acudían a estas cocinas, han tenido que cerrar todas. En la capital, Jartum, donde los beneficiarios superaban los 800.000, el 64% de cocinas han dejado igualmente de funcionar en las últimas semanas. El presupuesto de todas estas cocinas de Sudán no llega a 4,5 millones de dólares (4,14 millones de euros), pero hoy tienen un agujero de fondos del 77%.

Hajooj Kuka, un portavoz de las unidades de respuesta de emergencia de Jartum, explica que las zonas de la capital más afectadas son las que siguen bajo control de los paramilitares, ya que allí la gente depende más de estas cocinas por la falta casi total de alternativas. “En este momento es la única comida que están recibiendo muchas personas”, nota, y “ahora mismo sobrevivir en Ramadán [que este año coincide con marzo] es todo lo que tenemos en la cabeza”.

Hasta ahora, la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) llegaba a estos grupos informales a través de agencias de la ONU y de ONG que eran las que recibían la donación, aunque se estaba estudiando un apoyo directo antes de la decisión de Trump. “[Estos grupos] reconocieron muy rápido que la comunidad internacional no podría llegar a Jartum a corto plazo”, nota Andrea Tracy, una exfuncionaria de la USAID.

Tras la decisión de la Casa Blanca de congelar todos los programas de ayuda al desarrollo, el Departamento de Estado emitió una exención para “la asistencia humanitaria vital existente”, incluidos alimentos y servicios médicos, aunque sin extenderlo a nuevos contratos. Algunas de estas exenciones han beneficiado a programas en Sudán, pero el proceso de revisión no es claro y, según han explicado varias ONG internacionales a EL PAÍS, ha creado aún más confusión.

Ante esta situación, Kuka explica que están tirando adelante con donaciones, aprovechando que estas aumentan en Ramadán, a la espera de que alguna organización pueda intervenir de forma más directa y cubrir el vacío pronto. Una de las plataformas creadas para canalizar estas donaciones es la Coalición de Ayuda Mutua de Sudán, que también adopta los valores no jerárquicos y voluntarios que han caracterizado a las unidades de respuesta de emergencia.

Amenaza a los centros de salud

El otro ámbito más castigado por la congelación de fondos de Estados Unidos es el sanitario, que ya se encontraba en una situación de extrema fragilidad por el colapso del sistema de salud de Sudán. Más de dos tercios de los principales hospitales en zonas afectadas por la guerra ya están fuera de servicio y el resto están desbordados y sufren una grave escasez de personal y de suministros básicos. Alrededor del 65% de la población no tiene acceso a una atención sanitaria adecuada.

La Oficina de Ayuda Humanitaria (BHA, por las siglas en inglés) de la USAID proporcionaba asistencia a 335 centros sanitarios en Sudán para garantizar servicios sanitarios mínimos. En 2025, el plan de respuesta humanitaria de la ONU pretendía llegar a 9,6 millones de personas, pero ahora se estima que alrededor de cinco millones podrían perder su acceso por la interrupción de fondos de Estados Unidos. Se espera que esto empiece a obligar a interrumpir actividades desde finales de abril, apunta Fawad Khan, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más de dos tercios de los principales hospitales en zonas afectadas por la guerra ya están fuera de servicio

“La congelación de la financiación estadounidense ha afectado significativamente a todos los socios del clúster de salud de Sudán, especialmente a la OMS, que es un proveedor clave de kits médicos esenciales para los socios del clúster y el ministerio de Salud”, constata Khan, que coordina el grupo. “Los esfuerzos por conseguir financiación alternativa todavía no han dado resultados prometedores”, advierte, “lo que deja un vacío crítico en todo el país”.

Una de las regiones donde más se sentirán los efectos es en Darfur, que es además una de las más impactadas por la guerra y acoge un tercio del total de sudaneses que necesitan asistencia sanitaria este año. Allí, sin embargo, la congelación de fondos afecta a 57 centros sanitarios, que representan el 7% de toda su infraestructura médica y sobre el 21% de su capacidad de respuesta sanitaria, lo que limitará servicios como vacunaciones y la salud materno-infantil.

Los principales damnificados por esta paralización de fondos serán los desplazados internos, ya que se estima que en torno a 1,5 millones de ellos se benefician directamente de programas sanitarios que han sido apoyados por la BHA. “Estos servicios son cruciales para satisfacer las necesidades sanitarias de las poblaciones vulnerables de diversas regiones de Sudán caracterizadas por la inestabilidad y los desplazamientos”, señala Khan.

El impacto de la congelación de fondos ha sido todavía más rápido en el caso de las ONG, que en muchas ocasiones implementan sobre el terreno los programas que financia la USAID directamente o a través de otros organismos, como agencias de la ONU. Una de estas es la Asociación de Médicos Americanos de Sudán (SAPA, por sus siglas en inglés), que trabaja sobre todo en atención primaria en 10 Estados del país, incluido Darfur Norte, Jartum y Jazira.

En Darfur Norte, la SAPA operaba hasta hace poco cuatro clínicas, incluidas dos en Tawila, una localidad bajo el control por un grupo armado que no se ha alineado con ninguna parte beligerante, lo que ha contribuido a mantenerla más segura y a recibir muchos desplazados. En su caso los fondos venían de una subvención de la USAID a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y los efectos de la decisión de Trump fueron inmediatos.

“En cuanto el presidente Trump emitió su orden ejecutiva, la OIM nos dijo que ya no podían financiar las clínicas. Con un crowdfunding pudimos garantizar la financiación de las cuatro [en Darfur Norte] por un mes. Pero luego, lamentablemente, tuvimos que tomar la decisión de cerrar dos”, explica el presidente de la SAPA, Yasir Yousif Elamin, que afirma que una de las clínicas cerradas atendía al menos a 3.000 personas al mes. Ahora, lamenta, la gente tendrá que desplazarse entre una hora y una hora y media para poder recibir atención médica básica.

Recrudecimiento de los combates

Toda esta debacle se está viendo agravada, además, por la intensificación de los combates desde septiembre en zonas densamente pobladas como Jartum, la capital de Darfur Norte, El Fasher, y el cercano campo de desplazados internos de Zamzam, el mayor del país. En todas estas zonas, y sobre todo en las que permanecen asediadas u ocupadas por los paramilitares, los ataques también están azotando algunos de los pocos mercados y centros de salud activos.

La situación es especialmente crítica en Zamzam, donde se calcula que viven medio millón de personas bajo el asedio y hostigamiento de los paramilitares, que recientemente saquearon y quemaron su mercado central. Debido a la intensidad de la violencia, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció en febrero la interrupción de la distribución de alimentos en el campo, donde ya se declaró una hambruna en agosto, la primera en todo el país.

“Los desplazados que viven en el campo sufren una grave escasez de alimentos por la falta de suministros en el mercado debido al asedio impuesto por las Fuerzas de Apoyo Rápido”, señala por teléfono Saddam Abkar Safi, miembro de la unidad de respuesta de emergencias formada en el campo, que advierte igualmente de una “grave escasez de agua potable”.

Además de la asistencia alimentaria, el recrudecimiento de los combates también ha agravado la prestación de ayuda médica en Zamzam. A finales de febrero, fue Médicos Sin Fronteras (MSF) el que se vio forzado a suspender sus actividades, incluido un hospital de campaña –el principal en el lugar– desde el que estaban haciendo frente a la crisis de desnutrición local.

“El hospital de MSF se considera el principal de Zamzam”, señala Safi. Y advierte: “La suspensión de su actividad supone una catástrofe humanitaria [que podría acarrear] la muerte de miles de desplazados por la falta de puestos de tratamiento [alternativos en el campo]”.