La ayuda como arma de guerra en Sudán, tras un año de conflicto

Cuando se cumple, este 15 de abril, un año del estallido de la guerra civil en Sudán —entre el ejército regular, unas poderosas fuerzas paramilitares (las Fuerzas de Apoyo Rápido) y milicias afines a cada bando— el país protagoniza una de las crisis humanitarias que más rápido se está desencadenando en el mundo. Sin embargo, la ayuda sigue llegando con cuentagotas por las trabas de las partes enfrentadas, que han aumentado en los últimos meses y que están impidiendo una respuesta que pueda cubrir las grandes necesidades de la población, según denuncian varias agencias humanitarias.

Actualmente, se estima que unos 25 millones de personas, que representan más de la mitad de Sudán e incluyen a más de 14 millones de niños, necesitan ayuda urgente. El país sufre además una de las mayores crisis alimentarias del planeta: al menos 18 millones de sudaneses se enfrentan a niveles agudos de hambre, se han empezado a registrar muertes por inanición y la declaración de una hambruna se considera solo una cuestión de tiempo. La guerra ha provocado la mayor crisis de desplazados internos del mundo, con 6,5 millones de personas empujadas a buscar lugares más estables dentro del país, y que se suman a los dos millones que se han refugiado fuera. Y el conflicto ha devastado gran parte de las infraestructuras críticas nacionales y saturado las que todavía continúan en pie, incluidos hospitales. En torno al 65% de la gente no tiene acceso a atención sanitaria.

Unos 18 millones de sudaneses se enfrentan a niveles agudos de hambre y la declaración de una hambruna se considera solo una cuestión de tiempo

A pesar de la magnitud de la crisis, la respuesta humanitaria está limitada por la falta de financiación, ya que hasta ahora la comunidad internacional solo ha financiado en torno al 6% del plan de respuesta de la ONU. Y la escasa ayuda que llega está coartada por las acciones criminales y los obstáculos impuestos por las partes beligerantes. Entre estos figuran la falta de garantías de seguridad, saqueos masivos, trabas burocráticas y logísticas, e intentos de instrumentalizar la ayuda, que están castigando sobre todo las zonas más golpeadas por la guerra, incluida la capital, Jartum, y las regiones de Darfur, en el oeste, Kordofán, en el sur, y Al Jazira, en el centro. En un intento de dirigir atención a estos esfuerzos, París acogerá este lunes una conferencia humanitaria internacional sobre Sudán y los países vecinos.

En un primer momento, la actividad de las principales agencias humanitarias en Sudán se vio trastocada porque los combates estallaron en Jartum —que además ha sido saqueada por los paramilitares—, lo que obligó a suspender operaciones de forma temporal, evacuar a parte de los trabajadores y reevaluar la situación. Muchas agencias empezaron a reactivarse tras trasladar su base de operaciones a Puerto Sudán, una ciudad en el mar Rojo y bajo control del ejército que hoy ejerce de capital administrativa temporal. Desde entonces tienen que lidiar con una inseguridad generalizada, principalmente en zonas bajo control de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, y con constantes y crecientes trabas burocráticas y logísticas, sobre todo de las autoridades castrenses. Estas incluyen límites a los puertos de acceso al país y largos procesos para autorizar el envío, recepción y distribución de suministros, así como para expedir visados.

Además, las operaciones humanitarias se han visto aún más restringidas y controladas por el Gobierno militar desde finales del año pasado. Aunque los motivos no son claros, el cambio coincidió con el último gran revés militar del ejército, que en diciembre se desmoronó en Al Jazira ante los paramilitares, y la recepción del líder de estos últimos, Mohamed Hamdan Dagalo, por varias capitales africanas.

A partir de ese momento, los esfuerzos para enviar ayuda desde zonas controladas por el ejército, incluido Puerto Sudán, hasta zonas fuera de su control, y sobre todo con presencia de los paramilitares, como Darfur, Jartum, Kordofán y Al Jazira, se vieron interrumpidos. Y a finales de febrero, el Gobierno sudanés anunció la interrupción de un importante corredor humanitario entre Chad y Darfur Oeste escudándose en el envío de armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido a través de esta frontera, que escapa a su control.

“Esto no va de ayudar a las zonas controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido, sino a la gente que está allí, que es la que corre más riesgo de hambruna”, sostiene Mathilde Vu, la directora de incidencia política para Sudán del Consejo Noruego para Refugiados. “Suelen ser los que más han sufrido en términos de atrocidades, y los que han estado más aislados de la ayuda humanitaria desde el comienzo de la guerra”, señala.

Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron la decisión del ejército de prohibir la ayuda humanitaria transfronteriza y criticaron sus obstáculos a que la ayuda llegue a comunidades en zonas controladas por los paramilitares, a quienes recriminaron el saqueo de casas, mercados y almacenes. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió también al poco de que la denegación, aparentemente deliberada, del acceso seguro y sin trabas a los organismos humanitarios dentro de Sudán viola el derecho internacional y puede equivaler a un crimen de guerra.

“Desde el Gobierno de Sudán se está obstaculizando deliberadamente el acceso a zonas controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido”, señala Helena Cardellach, la coordinadora de emergencia para Sudán de Médicos Sin Fronteras (MSF). “Cuando no te dan un permiso para moverte a Jartum, a Al Jazira o a otras zonas controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que están intentando es que la ayuda se quede en las zonas que ellos controlan, lo cual va contra el derecho internacional humanitario”, desliza.

Amago de aperturas de rutas

Saliendo al paso de la presión, a principios de marzo el Gobierno sudanés informó a la ONU de que permitiría el envío de ayuda transfronteriza desde Chad hasta la capital de Darfur Norte, El Fasher, y desde Sudán del Sur hasta la ciudad de Kosti, al sur de Jartum. También anunció que abriría una ruta terrestre por el norte del país para enviar ayuda desde Puerto Sudán hasta El Fasher, y que aprobaría el uso de los aeropuertos de El Fasher y las capitales de otros dos Estados en el centro y el sur del país. Sin embargo, los puntos de acceso y recepción se ubican todos en territorio controlado por el ejército, y Puerto Sudán se sitúa a unos 2.000 kilómetros de El Fasher. Hasta ahora, además, no se han definido tampoco los procedimientos para utilizar las nuevas rutas, según comunicó a finales de marzo la directora de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), Edem Wosurnu.

“Ahora tenemos mucho menos acceso [para operar] que hace seis meses, tanto desde Puerto Sudán como desde Chad”, apunta Vu. “Y la mayoría de los focos de personas en riesgo de hambruna se encuentran en Darfur y, obviamente, también en Jartum y, en cierta medida, en Kordofán. Esas zonas siguen aisladas en muchos sentidos”, alerta.

Estos obstáculos a la distribución de suministros amenazan con agravar aún más la crisis. Cardellach, por ejemplo, explica que desde MSF están aprovechando los stocks que tenían en lugares ahora aislados, como Jartum y Al Jazira, para seguir operando y apoyando a centros sanitarios. Pero avanza que “va a llegar un momento en el que se agoten”.

Ahora tenemos mucho menos acceso [para operar] que hace seis meses, tanto desde Puerto Sudán como desde Chad

Mathilde Vu, directora de incidencia política para Sudán del Consejo Noruego para Refugiados

A finales de marzo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU pudo enviar desde Chad a Darfur Occidental y Central el primer cargamento de alimentos en meses, pero lamentó que no supieran cuándo podrán realizar otro envío similar. La misma agencia transportó suministros adicionales hasta Darfur Norte desde Chad y Puerto Sudán unos días después, en la primera entrega de asistencia realizada cruzando el frente en seis meses.

La coordinación de la ayuda de emergencia también se ha visto afectada recientemente por los amplios y recurrentes apagones de internet y de telefonía que sufren muchas zonas de Sudán desde principios de febrero. Estos han sido ampliamente atribuidos a una acción de los paramilitares en Jartum, en represalia por los apagones ordenados por el ejército a finales del año pasado en Darfur, su feudo tradicional. Las interrupciones han impactado sobre todo a iniciativas locales que se encuentran al frente de la distribución de ayuda y de la organización de servicios esenciales en zonas aisladas. Una parte importante de estos esfuerzos los lideran las llamadas unidades de respuesta de emergencia; grupos de voluntarios, muy bien arraigados a nivel local, que surgieron de la sociedad civil, y grupos de revolucionarios que ya existían antes de la guerra y que ahora han orientado sus esfuerzos a la distribución de ayuda y a la organización de servicios. En muchos casos, estos grupos operan en lugares donde no llegan agencias humanitarias, como puso de relieve Wosurnu, de la OCHA, que aseguró, en su comparecencia de marzo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que desde octubre no se han podido cruzar las líneas de conflicto para enviar ayuda a las partes de Jartum fuera del control del ejército.

Un portavoz de una de estas unidades en el este de Jartum explica por mensaje de texto que los apagones de internet han afectado “enormemente” sus cocinas comunitarias, a las que acuden miles de familias, porque dependen de fondos que reciben por transferencias realizadas con aplicaciones sobre todo de parte de la diáspora sudanesa en el exterior. En su caso, los apagones llevaron a más de 100 cocinas comunitarias a dejar de funcionar.

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