Los migrantes de Venezuela, claves para la prosperidad de Aruba

“Mi principal trabajo ha sido ganarme a los clientes de Aruba, preparando lo que les gusta, encontrando el camino a su paladar. Y en eso me va bien, lo que más se vende es el bolo loco”, afirma, satisfecha, Ormarle Guédez, enfundada en una impecable filipina. La emprendedora venezolana de 43 años, hace referencia al producto estrella de su servicio de comida a domicilio: una tarta que combina sabores de fresa, galleta, chocolate y vainilla. Pese a que vive en Aruba hace nueve años, carece de documentación que acredite su residencia. Ni siquiera ha podido obtener su licencia de conducir y, por eso, su hija mayor, Stacy Acuña, debe ayudarla con los repartos.

Esta familia es parte de la diáspora venezolana que ha llegado a la isla vecina en busca de una oportunidad. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 había más de 7,7 migrantes y refugiados venezolanos, 6,5 millones de ellos en América Latina y el Caribe. Aruba es el país con mayor tasa de ciudadanos venezolanos en relación con su población. La isla tiene cerca de 108.000 habitantes y, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, cerca de 11.500 son del país vecino.

Desde la cocina de su vivienda, Guédez prepara desayunos, pasapalos (término venezolano para referirse los aperitivos) y repostería en general, para todo tipo de eventos. Cuando no trabaja, se hace cargo de su hijo menor, Tomás Saúl. El adolescente de 16 años recibió un fuerte golpe en la cabeza durante un accidente de tráfico en Barquisimeto, su ciudad natal, que le hizo perder masa encefálica. Por ello, no puede tenerse en pie y tiene un alto grado de dependencia. Por él y por la compleja situación política, económica y social que vive Venezuela hace más de una década, Ormarle decidió dejar su carrera como docente en Venezuela para buscar un mejor futuro en Aruba.

Migrar no es solo una oportunidad para las familias que llegan, como la de Guédez, sino también para los Estados que los reciben. El capital humano venezolano en la isla presenta un potencial de contribución de 12 millones de dólares (11,6 millones de euros) para las arcas locales, de acuerdo con el Estudio de Impacto de la Migración Venezolana en Aruba: Realidad vs Potencial, publicado en 2024 por la OIM con el propósito de “visibilizar el importante aporte de la migración venezolana en Aruba a través de inversiones, pago de servicios e impuestos y gastos generales”. Es un potencial que, como reconoce el estudio, puede alcanzarse con la inserción económica integral a través de la regularización.

“La legalidad es el principal obstáculo”, confirman los hermanos Rómulo y Romaixa Chirino, quienes hace año y medio emprendieron un negocio de venta de churros y pizzas desde el tráiler que les sirve de hogar, con el propósito de complementar sus ingresos como empleados en una panadería y en una empresa de alquileres turísticos, respectivamente. Él prepara los comestibles, ella lleva la administración y los pedidos a través de WhatsApp y Valeria, su hija, hace el empaquetado. Para lograr su sueño de montar un food truck cerca de alguna de las playas con mayor afluencia de turistas, los hermanos Chirino aspiran a conseguir su residencia en Aruba, a fin de no depender de un socio local, como estipulan las leyes actuales.

“Nosotros estamos a favor de legalizar a los migrantes venezolanos que se encuentran aquí de forma irregular, a lo largo de un período de tiempo determinado, esto ayudaría verdaderamente a desplegar el pleno potencial económico de la isla”, afirma en entrevista con este diario Diederik Kemmerling, presidente la Cámara de Comercio de Aruba, fundada en 1930, en la que convergen cerca de 16.000 compañías afincadas en el territorio caribeño. Kemmerling, quien ha enviado sus recomendaciones al gobierno insular, reconoce el valor de la presencia venezolana en Aruba, a través de capital y mano de obra. Una presencia que comenzó antes de la inestabilidad que vive en este momento el país latinoamericano. Porque las grandes inversiones venezolanas en la industria hotelera y de servicios de la isla datan de hace décadas y el intercambio de mercancías y personas por el estrecho marítimo de 24 kilómetros que separa Aruba de Venezuela puede rastrearse hasta el siglo XVI. No obstante, la distancia parece en estos días insuperable, pues la frontera entre los dos países continúa cerrada y la situación política, económica y social de Venezuela es complicada desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

“Yo siempre vine aquí con la ilusión de regresar, pero ahora, con este balde de agua fría, pues no sé cómo ni cuándo.”, declara con pesadumbre Tina Faria, empresaria venezolana dueña de una tienda de cocinas, baños y mobiliario que importa de Italia y comercializa en Aruba, así como de un obrador de helado artesanal que distribuye a restaurantes y hoteles. Faria, natural de la ciudad de Maracaibo, salió de Venezuela tras el secuestro de su suegro. Hoy da trabajo a cuatro personas, y también se encarga del alquiler temporal de varios pisos.

Las barreras para la regularización

Como parte del Reino de los Países Bajos, Aruba ha ratificado tratados internacionales que prevén derechos y obligaciones, específicamente en el contexto de las personas que solicitan asilo. Aruba, por ejemplo, está obligada por la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y debe respetar las obligaciones establecidas, incluido el principio de no devolución. No obstante, carece de legislación específica en la materia, como señala un informe de Amnistía Internacional publicado en octubre. Irene Van Rij, Jefa de la Oficina de ACNUR en Aruba, apunta, a través de correo electrónico, que los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados venezolanos enfrentan múltiples retos, en particular en lo concerniente a su regularización migratoria y económica, lo que les conmina a decantarse por la informalidad, arriesgando con ello ser objeto de explotación laboral y de amenazas constantes de deportación.

Por otra parte, navegar por los vericuetos legales de un proceso migratorio que conlleva además la barrera lingüística del neerlandés es muy costoso y difícil de sufragar para la gran mayoría de los venezolanos en Aruba. Además, la regularización puede llevar años porque el departamento encargado de la admisión de extranjeros está saturado. Las elecciones parlamentarias del pasado diciembre que llevaron a la formación de un nuevo Gobierno en Aruba dejó la puerta abierta a una amnistía que implique la regularización de la diáspora venezolana, un tema muy debatido cuyos beneficios para la economía insular han sido expuestos por las autoridades financieras locales y por la OIM.

Mientras eso sucede, algunos buscan un plan ‘b’. César Pernalete, otro ciudadano venezolano que espera su regularización en Aruba, montó un improvisado negocio de venta de chicha, una especie de horchata hecha a base de arroz, leche y azúcar. “Yo vivía cómodo en Venezuela”, cuenta, sin dejar de trabajar. “Era dueño de mi negocio, estaba bien establecido, pero la situación allá fue cambiando. Empezar aquí desde cero ha sido bastante traumático porque un negocio no se hace de la noche a la mañana. Hay que tener mucha paciencia y perseverancia”, explica. Pernalete, que lleva un año con su emprendimiento, espera recuperar su inversión en un par de años.

Otros han tenido mejor suerte, como los hermanos Giuliano y Patricia Pinzan, que tienen sus papeles al día y han podido montar un negocio que atrae a locales y turistas. Ellos son herederos de la la tradición del soplado de vidrio que su abuelo paterno llevó desde la isla veneciana de Murano hasta la Venezuela que le acogió al término de la Segunda Guerra Mundial. En el taller de los hermanos Pinzan se dan clases y se acoge a grupos de turistas, pero también se sirve comida, café y bebidas en varias mesas exteriores dispuestas junto a la tienda. “En Aruba hemos encontrado gente muy linda, gente que nos ha acogido”, reconoce Patricia Pinzan. O como Virginia Meléndez, caraqueña licenciada en Publicidad y Diseño Gráfico, que ha lanzado su propia empresa de diseño y rotulación en Aruba. “Aruba me ha beneficiado, estoy muy agradecida porque me ha dado la oportunidad de hacer algo que, desafortunadamente, en Venezuela no pude lograr”, explica.