La directora de la OIM: “La migración es mucho más eficaz que la ayuda al desarrollo para transformar comunidades”

Tan solo dos años después de haber ingresado en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope (Cleveland, EE UU; 1974) es, desde el 1 de octubre, su nueva directora general. Pope, que durante años fue la principal asesora del presidente estadounidense, Joe Biden, en políticas migratorias, es también la primera mujer que alcanza el máximo puesto de este organismo y se ha tomado en serio su aterrizaje: inmediatamente después de su nombramiento, viajó durante más de dos meses por el mundo, desde las islas Cook a Kenia, pasando por España, para conocer de primera mano los retos que tiene ante sí. La estadounidense considera que trabajar con los Gobiernos es fundamental, pero aboga por que el sector privado se implique más para fomentar la migración por vías legales. Con 184 millones de personas en el mundo fuera de su país natal, convencer al mundo de que la movilidad humana es positiva es su gran propósito. “La migración tiene un enorme poder para transformar comunidades, es mucho más eficaz que la ayuda al desarrollo. Permite a las personas desarrollar su potencial y devolverlo a su entorno”, son sus primeras y elocuentes palabras durante una entrevista en Madrid el pasado noviembre.

Pregunta. ¿Cuáles son sus prioridades para su mandato?

Respuesta. La primera es abordar cómo el clima va a desplazar a la población. En el Cuerno de África, por ejemplo, ya hay más desplazados por el clima que por los conflictos. En segundo lugar, hay que trabajar en torno a las rutas seguras. Las personas vulnerables tienen más probabilidades de poner su dinero en manos de un traficante. Eso es malo para los propios migrantes porque tienen más probabilidades de ser explotados y también para las comunidades de acogida, pues presiona a la baja los salarios del mercado. La tercera es la asociación con el sector privado, que es el que contrata. Queremos que participe, invierta, se asegure de que la gente tiene la formación que necesita y puede acceder a vías legales para migrar.

P. Usted siempre ha enarbolado la migración como una oportunidad.

R. Porque lo es. Los seres humanos han migrado desde los albores de la civilización. Toda la evidencia que existe demuestra que la migración crea oportunidades y beneficios económicos para el migrante, para el país de donde vino y para el país al que va. Estamos decididos a trabajar con los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para demostrar cómo la migración puede funcionar y contrarrestar esta narrativa de que es un problema.

P. Cada vez tenemos más movimientos migratorios y, al mismo tiempo, algunos Gobiernos con sus políticas, ciertos medios de comunicación y parte de la sociedad los criminaliza. ¿Puede usted contribuir a revertir ese mensaje?

R. Me parecieron muy impactantes las palabras de Ylva Johansson, comisaria de Interior de la UE, cuando dijo que Europa va a perder un millón de trabajadores cada año debido a la edad. Por muy buena que sea la tecnología y por muy buenos que seamos en el uso de la inteligencia artificial, no compensaremos esa pérdida. Tenemos que aprender a identificar los beneficios de la migración.

P. El sector privado puede hacer mucho, pero los Gobiernos son los que pueden impulsar las políticas adecuadas. ¿Hasta dónde puede la OIM trabajar con las Administraciones?

R. El Gobierno de España es previsor en esto. Está estudiando las necesidades de su mercado laboral, implicando al sector privado y a otros Gobiernos, especialmente del norte de África, para que las personas que buscan trabajo puedan acceder a oportunidades en España. Tenemos que repetir esto en todo el mundo. Las economías de países como Japón o Corea del Sur están envejeciendo rápidamente: para 2050, el 40% de su población estará jubilada, así que el número de mayores que necesitará cuidados va a ser asombroso. Nosotros utilizamos los hechos para argumentar que los Gobiernos deben actuar ya.

P. En el caso particular de España, ha permitido expulsiones en caliente y también está fletando vuelos de deportación a África. ¿Cuál es la posición de la OIM respecto a ese tipo de actuaciones?

R. España se ha comprometido a permitir a las personas solicitar protección y asilo. Pero más allá del derecho a exponer su caso, es una cuestión de derechos humanos. La manera de gestionar la migración es hacerlo de manera integral. No se trata de rechazar, sino de entender de dónde viene la gente, qué la impulsa o qué podríamos hacer para reducir la presión que la empuja a emigrar. También hay que reconocer que la gente viene en pateras porque existe una oportunidad económica. Todos los Gobiernos deben ser realistas a la hora de identificar vías legales de acceso y asegurarse de que las personas que reúnan los requisitos y quieran acceder a esas vías las conozcan y sepan cómo hacerlo.

P. El Reino Unido sigue adelante con su intención de enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Hemos visto propuestas similares en Dinamarca o en Italia, que quiere abrir centros de detención en Albania. ¿Han analizado esta nueva tendencia de externalizar el asilo?

R. Sí, nos preocupan los procesos que externalizarían los procesos de solicitud de asilo porque los países necesitan demostrar que aún respetan ese derecho, que no ponen al migrante en riesgo ni ejercen una presión indebida sobre él. Externalizar los procedimientos de asilo conlleva muchos riesgos. Aún no se sabe si esto respeta la Convención de 1951.

P. La OIM participa en iniciativas controvertidas como la mejora de los centros de detención en Libia, un país denunciado por maltratar y torturar a los migrantes. ¿Durante su mandato apoyará este tipo de proyectos?

R. Los Gobiernos tienen la capacidad de establecer sus políticas fronterizas y el derecho soberano de gestionar sus fronteras, así que nuestro trabajo está cuando un Gobierno devuelve a alguien. Queremos asegurarnos de que las personas regresen sanas y salvas y de que no les dejen a su suerte, porque lo hemos visto una y otra vez. Y si le haces eso a alguien, probablemente volverá a migrar y estará más sujeto a violencia, explotación, etc. También sabemos que hay casos en los que los migrantes sufren un maltrato extremo en los centros de detención, y estamos pensando en cómo fortalecer nuestro nivel de respuesta y nuestros equipos de protección, pero hay decisiones difíciles que tenemos que tomar.

P. Hablando de nuevo sobre Libia, ¿la OIM podría decirle al Gobierno que no van a colaborar a menos que respete los derechos humanos? ¿Tiene la obligación de apoyar a todos los países que se lo piden?

R. No tenemos esa obligación, pero sí la de evaluar qué es lo mejor para cada persona. Hay casos en los que un migrante se encuentra en una situación de detención inhumana y quiere volver a casa. Ahí tenemos que tomar una decisión: ¿permitimos que esa persona se vaya a casa? O decimos: “como está en una situación terrible, ninguna decisión que tome está realmente bien informada”. Pero hay un ser humano en medio de ese debate. Así que estamos analizando cómo hacer nuestro trabajo de manera que mantengamos a esa persona como prioridad. Nada de esto es fácil.

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